La conmemoración de los 45 años de los Apagones de Ledesma continuó con un conversatorio virtual organizado por la Secretaría de Derechos Humanos. Mientras la Cámara Federal de Casación demora el envío de la causa en la que están imputados el empresario Carlos Blaquier y su administrador Alberto Lemos, la actividad permitió historizar el trasfondo de las desapariciones de julio de 1976. Las atrocidades contra los pueblos originarios, el despojo de territorios para levantar ingenios, el trabajo servil, la relación de Ledesma con las dictaduras, el poder para dar órdenes a los represores, el rol de los organismos y el presente de la causa fueron los temas desarrollados.

Primero se proyectó un video de marchas de las Madres jujeñas, en el que se pudo escuchar a Olga Arédez, ya fallecida, explicando por qué había que quedarse a pelear hasta el último día. “Ledesma mata porque creció sobre el trabajo servil de los indígenas. Ledesma mata porque fue socio de todas las dictaduras. Ledesma mata porque no toleró los justos reclamos de les trabajadores de ayer y de hoy”, fue el comienzo de una extensa enumeración. “Blaquier es socio de Gerardo Morales, carcelero de les preses polítiques”, recordó una voz en off, antes de advertir que “la impunidad sigue”.

“Si se mantiene la impunidad de los poderosos es muy difícil construir la paz, la democracia, la justicia y la igualdad”, arrancó su exposición Ana González, docente de la cátedra Paz y Justicia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Madres y Abuelas “abrieron un camino de la memoria” que facilitó que “voces acalladas por décadas pudieran recuperarla y visibilizar las atrocidades contra nuestros pueblos originarios a finales del siglo XIV y principios del XX”. “La impunidad de ayer está estrechamente relacionada con las nuevas formas de impunidad de los poderosos de hoy. Los ingenios azucareros de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco se construyeron sobre el despojo de los territorios indígenas”, recordó. En el caso de Ledesma, destacó que se apropió de territorios de las yungas del pueblo guaraní y usó a los guaraníes como fuerza de trabajo servil. El ex presidente de Bolivia Evo Morales “venía de niño a trabajar a Ledesma”, apuntó. 

Más adelante recordó la relación de Ledesma con la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando se benefició con el cierre de ingenios tucumanos, montó un cuartel de Gendarmería en sus instalaciones y nombró a un brigadier vinculado al dictador como gerente de relaciones públicas. Llegó luego al pedido de la Juventud Peronistas para que Luis Arédez se candidateara como intendente en 1973 y, al asumir, su decisión de cobrarle impuestos a la empresa. Fue una época de sindicatos fortalecidos y alta participación política hasta que “llegó la noche oscura de otra dictadura”. “El mismo modus operandi se aplicó en todo el país. Las empresas hicieron listados de gente a ser detenida, en muchos casos prestaron vehículos y personal para colaborar con la represión, y algunas hasta tuvieron salas de torturas propios”, recordó.

Silvana Castro tenía 16 años cuando se convirtió en una de las 400 personas secuestradas durante los apagones. Contó que siempre le costó hablar del tema pero "ahora entendí por qué era importante dar este testimonio”. Luego se enfocó en la pelea que daban desde el centro de estudiantes, la preocupación por los profesores perseguidos, la decisión de hacer una panfleteada. “Después vinieron los apagones, la persecución, quedamos desmembrados, con un susto terrible”, señaló. Ella vivía con sus hermanos en una casa del ingenio, cerca del surtidor de los autos de la empresa y la Gendarmería. “Venían a romper, a tirar, sobre todo las bibliotecas, arrancaban hojas de libros, vaciaban placares, daban vuelta colchones”, recordó. “¿A qué venían? A sembrar terror, lo que sabían”, reflexionó.

Tras el secuestro, la llevaron a la Comisaría 9ª de San Pedro, donde negaron tenerla. Su padre fue entonces a ver a Lemos, el administrador de los Blaquier. “Lemos levantó el teléfono y dijo ‘Silvana Castro, acá tengo al padre, él se hace responsable’. Días después le avisaron a mi papá que me dejaban en la Iglesia de San Pedro, recordó, y añadió todavía asombrada que su padre murió agradecido por esa gestión que denotaba el poder de los directivos de Ledesma sobre los ejecutores del Estado terrorista.

Martina Montoya, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Campoma) explicó lo que significa ser parte de un organismo de derechos humanos y sostener la lucha que iniciaron Madres y familiares. “Trabajar con los ex presos políticos es muy profundo, todos pasaron por ese proceso de decir ‘para qué voy a hablar’”. Militar en un organismo “es aprender a escuchar, a respetar los tiempos”. Destacó el reconocimiento a la Argentina por los juicios y la necesidad de “mejorar condiciones para apoyar más” a sobrevivientes y testigos. Luego señaló la importancia de las luchas por violaciones a derechos humanos del presente, la resistencia de los sindicatos jujeños a fines de los ’80 y los piquetes en 1997, cuando la propia Olga Arédez “sale a la ruta con los desocupados y las maestras”. “La lucha que las Madres iniciaron con los milicos en la municiapidad, cuando se animaron a dar vueltas, en un pueblito donde todos nos conocemos, sigue siendo un ejemplo”, concluyó.

Paloma Álvarez Carreras, directora del cuerpo de abogados en procesos de verdad y justicia de la Secretaría de Derechos Humanos, recordó que las causas “Arédez” y “Burgos” se impulsaron a partir de 2009. El juez Carlos Olivera Pastor garantizó que no avanzaran hasta 2012, cuando la Tupac Amaru protagonizó movilizaciones masivas y logró que el juez recibiera a los organismos. “El reclamo en la calle, las marchas históricas, pusieron en evidencia la inacción y el desinterés del juez”, recordó. Lo reemplazó Fernando Poviña, que avanzó en indagatorias y procesamientos. En 2013 la Cámara Federal los confirmó y “estábamos en condiciones de ir a juicio". En Jujuy transcurre un megajuicio que incluye los secuestros de julio de 1976 pero en el banquillo sólo hay ex miembros de fuerzas de seguridad, lamentó. La explicación: las gestiones de los abogados de Blaquier & Lemos, y la decisión de la Sala IV de Casación de beneficiarlos con una falta de mérito en 2015, por considerar que no estaba acreditado el dolo, es decir que supieran que las camionetas que aportaban eran para cometer secuestros. Todos los acusadores apelaron esa decisión pero “la Corte se tomó todos los tiempos: pasaron seis años hasta que la anuló". Ahora las partes le piden que con urgencia devuelva la causa a primera instancia. El juez de feria, Carlos Mahiques, se negó. El último paso fue un pedido de la Secretaría para que se revea esa posición, planteo que respaldó el fiscal Marcelo Colombo. “No se puede seguir esperando”, destacó la abogada.