Fabián Salvioli es el jurista argentino que, desde 2018, está a cargo de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición. Salvioli recibió una petición de organismos de derechos humanos locales para que intervenga por la mora que tiene la Corte Suprema a la hora de resolver causas de lesa humanidad. Algo parece haber cambiado tras el fallo que puso a Carlos Pedro Tadeo Blaquier a las puertas de un juicio oral por los secuestros de 1976 en la zona de influencia del Ingenio Ledesma. Sin embargo, son muchos los expedientes que esperan resolución tanto en el más alto tribunal como en la Cámara Federal de Casación. En diálogo con Página/12, Salvioli analizó ese panorama. “Espero que este rejuvenecimiento de la Corte se extienda al resto de los expedientes que todavía están esperando que se haga justicia con los crímenes más atroces que ha sufrido nuestro país”, resaltó. 

-- ¿Qué le pareció el fallo de la Corte Suprema sobre Blaquier?

-- Es un paso positivo porque avanzar en las causas de crímenes contra la humanidad cometidos en la Argentina es imperativo, es una obligación y debería ser la manera habitual de proceder. Espero que este rejuvenecimiento de la Corte Suprema en ser más activa en avanzar con estas causas se extienda al resto de expedientes que todavía están esperando para que se haga justicia con los crímenes más atroces que ha sufrido nuestro país.

-- ¿Va a pronunciarse como le pidieron organismos de derechos humanos por las demoras en las causas en la Corte?

-- Naturalmente, lo estoy considerando. En el caso de que se avance con esta cuestión, seguiré el procedimiento oficial, que es enviar una comunicación al Estado argentino y esperar la respuesta. Dos meses después, podría hacer públicas las conclusiones del pronunciamiento.

-- ¿Qué evaluación general tiene del proceso de verdad y justicia en el país?

-- Cuando uno examina las comparaciones con otros lugares del mundo, Argentina es uno de los países que mejor ha trabajado en relación con la rendición de cuentas. Es un modelo, en cierta medida, a seguir por el resto de los Estados. Eso no quiere decir que se haya hecho lo suficiente. El juzgar y condenar personas por los crímenes más graves que se han cometido no es una opción, es una obligación que el Estado debe cumplir.

-- Pasaron 45 años del golpe, quince años de la reapertura de los juicios, ¿qué falta hacer?

-- Sin duda, más celeridad en las causas porque Argentina ha hecho buenos procesos en relación con las reparaciones. Me parece que, en materia de garantías de no repetición, todavía hay algunas cosas para hacer, especialmente en lo que se refiere a formación y capacitación de fuerzas de seguridad. La educación en derechos humanos es fundamental para establecer sociedades democráticas y para un verdadero Nunca Más.

-- ¿Qué se hace con los discursos negacionistas, que se escuchan en referentes políticos de la oposición y que proliferan también en redes sociales?

-- El Estado no puede tener discursos negacionistas sobre los crímenes cometidos en el pasado porque eso revictimiza a las víctimas. En lo referido a la sociedad, los tratados de derechos humanos señalan que debe prohibirse y sancionarse la apología del odio. Algunos países establecen leyes claras y prohíben el discurso negacionista; otros, no. El marco del derecho internacional de los derechos humanos no obliga a prohibir posicionamientos negacionistas, pero deben ser contrastados fuertemente con política pública clara en materia de memoria, verdad y justicia. Cuando esto sucede, estos discursos negacionistas quedan reducidos a su mínima expresión porque la sociedad los repudia.

-- ¿Sirven las leyes que penalizan estas expresiones?

-- En la medida que no constituyan discursos de odio, no se debe criminalizar este tipo de acciones, pero sí deben recibir un fuerte repudio, tanto desde el plano oficial como desde la propia sociedad.

-- Usted menciona el déficit en la celeridad en las causas. ¿A qué atribuye la demora en los tribunales superiores a la hora de revisar las sentencias? ¿Existen resistencias todavía?

-- Sin duda, a veces las demoras pueden deberse a la complejidad de las causas, pero, en otros casos, simplemente a que hay resistencias, y la mejor manera de presentar una resistencia es dejar pasar el tiempo. Por eso es muy importante que desde el Poder Judicial se baje la directriz de darles prioridad absoluta a estas causas. Estas causas merecen prioridad absoluta por lo que representan --estamos hablando de los más graves crímenes cometidos en la historia de la República Argentina-- y porque a medida que pasa el tiempo es más complejo: es más compleja la evidencia, el juzgamiento a responsables y muchas víctimas se terminan yendo sin haber obtenido la justicia debida.

-- ¿Son más difíciles a la hora de investigar las causas que tienen a empresarios o hay resistencias judiciales y presiones del mundo de los negocios?

-- Indudablemente, el juzgamiento de los cómplices civiles de la dictadura es uno de los temas más ásperos y más difíciles, y puede existir en el Poder Judicial mayor reticencia a avanzar con estas situaciones. Son grupos económicos fuertes que todavía tienen un grandísimo poder en la Argentina, pero es el camino que hay que llevar adelante.

-- En 2015, se aprobó y sancionó la creación de una comisión del Congreso para investigar las responsabilidades de los empresarios en el golpe. ¿Piensa que se debe activar?

-- Es una decisión política y siempre es bueno que todos los tópicos que han tenido que ver con situaciones tan complejas del pasado se investiguen debidamente. Poder continuar con investigaciones de cuestiones no cubiertas en las comisiones de la verdad originales ayuda a complementar la búsqueda de la verdad. No es sólo un derecho de las víctimas, sino que es un derecho de toda la sociedad.

-- Hay una deuda también que tiene que ver con saber qué pasó con Jorge Julio López, desaparecido en el marco de la reapertura de los juicios.

-- Sí, por supuesto. El caso de Julio López ha sido tremendo para todas las personas que trabajamos en derechos humanos y muestra hasta dónde el aparato represivo histórico del Estado todavía tiene tentáculos evidentes. La investigación plena sobre qué ha sucedido y la sanción a los responsables cuando se encuentren es imprescindible. Entiendo que el caso está en instancias internacionales, entonces quizá en cierto tiempo vayamos a tener algún pronunciamiento de un órgano internacional. Hay que tratar de romper los círculos de impunidad, porque la impunidad del pasado genera impunidad del presente.

-- Hay dificultades para avanzar en el juzgamiento de las torturas durante la guerra de Malvinas. Hay sectores de excombatientes que proponen juicios por la verdad. ¿Le parece una opción?

-- A mí me parece imprescindible avanzar. Esa es una gran herida que todavía está abierta en muchos de los excombatientes. Me consta particularmente porque fue mi generación la que fue a Malvinas. Si la vía penal se cierra --y yo creo que siempre hay una posibilidad de que quede abierta--, por supuesto que los juicios por la verdad serán una herramienta, como sucedió durante la época de la vigencia de las leyes de impunidad.