El inminente tercer diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición llega acompañado de mayores expectativas que los fallidos intentos previos. El jueves pasado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su país será la sede de un nuevo inicio de conversaciones entre ambos sectores. Si bien no hay fechas confirmadas la delegación noruega, actual mediadora, sugirió un primer encuentro para el viernes 13 de agosto. El presidente Nicolás Maduro aceptó el diálogo pero enumeró algunas condiciones: "Levantamiento inmediato de todas las sanciones, reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y devolución de las cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela". Este domingo, después de votar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sumó un cuarto pedido a la lista: "Que se incorporen al diálogo todas las oposiciones".

Por su parte un cada vez más devaluado Juan Guaidó buscará reencauzar su liderazgo de cara a una oposición fragmentada. Sin el respaldo de Donald Trump y fuera de la Asamblea Nacional a pesar de haber instalado un parlamento paralelo que reclama ser el "legítimo" y que él preside, Guaidó aceptó la apertura del diálogo y lanzó el "acuerdo de salvación nacional" por el que pide la liberación de presos políticos, el ingreso al país de vacunas contra el coronavirus como ayuda humanitaria y la garantía de elecciones libres en los comicios regionales de noviembre.

Noruega

Noruega supervisará las conversaciones en México mientras que medios venezolanos especulan con que podrían participar países como Rusia y Estados Unidos. Fuentes de la Cancillería argentina aseguraron que no recibieron ninguna invitación hasta el momento, aunque "si llega se evaluará". Por la oposición venezolana se sabe que al menos representantes de cuatro partidos políticos asistirán al diálogo, aunque líderes como Juan Guaidó, Henrique Capriles o Leopoldo López no confirmaron su presencia.

En tanto, desde el oficialismo el propio Maduro dijo que el actual presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, "son los voceros de la revolución" para las negociaciones. "El gobierno va como el fuerte de la partida pero depende del resultado de este proceso para responder a las demandas sociales que lo mantienen acorralado. La oposición necesita recuperar la confianza del pueblo venezolano", asegura en diálogo con PáginaI12 María Puerta Riera, politóloga de la Universidad de Carabobo.

¿Cómo llegan al diálogo?

"Para el gobierno venezolano el motivo fundamental de su participación en este proceso es lograr el levantamiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Eso lo obliga, por una parte, a negociar internamente con la coalición que acompaña su participación en el proceso, y por la otra a demostrar que tiene el control político del país", plantea Riera. Frente a un nuevo intento de diálogo, el chavismo marca una diferencia entre al menos dos tipos de oposición en Venezuela: una que opta por la vía electoral para alcanzar sus objetivos y otra que se aferra a la agenda del bloqueo y la guerra económica.

La actual división opositora contribuye a debilitar su representatividad, por lo que parece llegar a la conversación en desventaja. Para la doctora en Ciencias Sociales, "la oposición no puede plantear la salida de Maduro del poder como parte de sus exigencias sino que debe limitar sus aspiraciones a pequeñas concesiones que puedan contribuir con la recuperación de su espacio político como un factor de poder, que en este momento no lo es".

La coalición opositora que todavía responde a Guaidó propondrá un plan de importación masiva de vacunas para ayudar a superar la crisis económica, así como garantizar las condiciones de los comicios regionales del 21 de noviembre. "La oposición necesita reconquistar el apoyo popular que ha perdido luego de varios intentos de forzar la salida del poder de Maduro. El ciclo de expectativas frustradas después de los anteriores intentos de negociación genera desconfianza en algunos sectores, mientras que en otros se sobreestiman las posibilidades de éxito", sostiene Riera.

Estados Unidos, un factor clave

Bajo la administración del expresidente Donald Trump, Estados Unidos impuso restricciones que impiden que Venezuela desarrolle, venda o transporte petróleo, la columna vertebral de su economía. Y aunque el gobierno de Joe Biden permitió a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado, aún no está claro si flexibilizará el resto de las sanciones. Al menos la narrativa sigue siendo la misma: los principales funcionarios del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Antony Blinken, se refieren a Venezuela como un "régimen" o una "dictadura".

"Estados Unidos actúa como un promotor del proceso de negociación, con el compromiso de velar porque las condiciones que se negocien entre las partes contribuyan con una transición en el mediano plazo. Sin embargo, ese rol está condicionado por la dinámica de la política doméstica, especialmente luego de las protestas en Cuba el 11 de julio", explica Riera. Es decir, también entran a jugar las elecciones de medio término de 2022 en Estados Unidos, por lo que es muy probable que Biden no tome decisiones que puedan complicar las chances del partido demócrata especialmente en el estado de Florida, donde reside una nutrida comunidad cubana y venezolana claramente en contra de Maduro.

La tercera, ¿la vencida?

No se tratará de las primeras conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, aunque las anteriores tienen un denominador común: siempre terminaron fracasando. En 2016 el Vaticano apoyó un frustrado encuentro en el que participaron figuras como el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Luego lo intentaron en Barbados a finales de 2019, sin mejores resultados.

Pese a las sanciones y las críticas de potencias occidentales, el gobierno venezolano llega a este diálogo en mejores condiciones que en intentos previos, mientras que la oposición luce muy deslucida. Para Riera ese escenario es evidente: "El gobierno se ve forzado a participar porque le interesa que se levanten las sanciones. La oposición porque necesita un triunfo. Aún cuando la legitimidad del gobierno de Maduro sea cuestionable para algunos sectores, el problema de la oposición es su fractura y eso es lo que ambos están llevando a la mesa".