Diputados, especialistas y militantes reiteraron la necesidad de tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo
El debate del aborto deberá esperar hasta 2017

 

 

"La necesidad de avanzar en el debate resulta urgente en un país donde el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna”, sentenció la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, quien encabeza con su firma uno de los tres proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en este caso impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Donda, que participó de la reunión informativa de la comisión de Acción Social y Salud Pública, que encabeza Carolina Gaillard (Frente para la Victoria), denunció que "entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino; 80.000 deben ser hospitalizadas por complicaciones y 100 mueren por causa de la clandestinidad del aborto”.

El debate, sin embargo, se postergará una vez ya que el plazo para la firma de despachos vence el próximo 20 de noviembre. El proyecto impulsado por la Campaña Nacional prevé que la interrupción del embarazo (IVE) pueda realizarse durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional, dentro del sistema de salud público, el privado y el gestionado por las obras sociales, y contempla que la mujer acceda al aborto cuando el embarazo sea producto de una violación y o corra riesgo su salud.

Del encuentro participaron además los ex ministros de Salud, Ginés González García y Daniel Gollán, así como especialistas, periodistas y miembros de la Campaña Nacional.

“La clandestinidad mata, por eso creemos que el aborto constituye un tema de salud pública donde el Estado debe estar presente y garantizar la seguridad de todas las mujeres. Tenemos que reducir la mortalidad materna y consideramos que la legalización del aborto es clave para que nuestras mujeres, especialmente las más humildes que no tienen donde realizarse un aborto seguro, puedan hacerlo sin un Estado que las penalice”, explicó Gaillard, firmante del proyecto de la Campaña Nacional, que este año reunió el apoyo de más de cuarenta diputadas y diputados de un amplio arco político, entre ellos del macrismo.   


Entre los invitados que defendieron el cambio normativo estuvieron la directora de Amnistía Internacional, Mariela Belski; las periodistas Marta Dillon, por el Colectivo Ni Una Menos, y Mariana Carbajal, integrante de la comisión directiva del CELS; la abogada y profesora universitaria Nelly Minyersky, y el tocoginecólogo del Hospital Italiano, Mario Sebastiani, entre otros. En el listado de los “anti derechos”, figuran la abogada Ursula Basset, de la Universidad Austral; el rabino Fernando Szlajen; Fabián Romano, presidente de la Federación de Asociaciones Médicas Católicas de Latinoamérica y Ana Belén Mármola, de la Asociación Civil Frente Joven.
La reunión tuvo carácter informativo porque Acción Social y Salud Pública no es la comisión cabecera del proyecto de la Campaña Nacional, uno de los tres en análisis. Esto significa que no se puede emitir dictamen. La cabecera es Legislación Penal, que está presidida por el macrista Daniel Lipovetsky, quien expresó su apoyo a la iniciativa que despenaliza y legaliza el aborto, e inclusive llegó a ponerse el pañuelo verde de la Campaña Nacional en una actividad que se organizó en la Cámara el 28 de setiembre, aunque prefirió no firmar el proyecto. “Lipovetsky se comprometió en junio a llamar a una reunión conjunta para tratar los proyectos este año y no lo hizo. Faltó a su palabra”, denunció la secretaria de Género de la CTA que conduce Hugo Yasky, Estela Díaz. “La Campaña le reclamó a todas las comisiones involucradas que lo traten y la única que aceptó promover el debate fue la de Salud”, explicó Díaz. El bloque del PRO decidió frenar cualquier discusión y bajar el perfil al tema, después del escándalo que provocó la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de dar marcha atrás en la firma del protocolo de aborto no punible elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que sigue los lineamientos dictados por la Corte Suprema de Nación. Las otras comisiones por las que debe pasar el proyecto de la Campaña son la de Legislación Penal y la de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, presididas por dos radicales jujeñas, María Gabriela Burgos y Silvia Alejandra Martínez, respectivamente. Burgos directamente ha dicho que no está de acuerdo; Martínez, que está a favor pero que no lo podría firmar por presiones del partido en su provincia, gobernada por Gerardo Morales. “Esperamos que esta reunión tenga continuidad en marzo, con la discusión en las demás comisiones”, señaló Díaz.

El cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, no deja margen para avanzar mucho más en el tratamiento. Como viene ocurriendo en años anteriores, no hay voluntad política mayoritaria entre oficialistas y opositores –de antes y de ahora– para sacar un dictamen.
En la reunión se discutieron las iniciativas de las diputadas nacionales Diana Conti, Mayra Mendoza y de la Campaña Nacional. El de Conti se focaliza en los abortos que ya son legales, el de Mendoza establece la despenalización desde un enfoque de salud, y el de la Campaña, consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación –como en España– y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, o si existieran malformaciones fetales graves.
La propuesta legislativa establece que si la IVE debe practicarse a una adolescente, entre los 13 y 16 años de edad, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Si es menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. En todos los casos, serán “de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído”, dice el proyecto.
Fija, además, que en ningún caso se exigirá autorización judicial y los procedimientos de IVE deberán ser cubiertos integralmente por prepagas y obras sociales –e incorporadas como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias– y realizarse en el sistema de salud, dentro de los cinco días de solicitados.
El texto no es idéntico al que se venía presentando desde 2007, cada vez que perdía estado parlamentario: fue actualizado a la luz de las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas, a través de consultas a profesionales de distintas disciplinas y activistas, en foros de discusión realizados en diferentes ciudades a lo largo de 2015. Las conclusiones de esos foros participativos fueron reunidas y consideradas por una comisión redactora que elaboró un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su reunión Plenaria, que tuvo lugar en Paraná el 5 y 6 de marzo pasados.

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