La abogada Graciela Abutt Carol, representante legal de la defensora oficial Natalia Buira, denunciante del juez de Personas y Familia Víctor Soria por violencia de género, adelantó que esperan un pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta para determinar si avanzarán en un nuevo pedido de jury de enjuiciamiento contra el magistrado. 

Tras repasar los antecedentes de Soria, que en 2014 afrontó un pedido de jury por haber impedido el acceso a aborto no punible a una niña que había sido abusada, Abutt Carol consideró que el juez ha podido sostenerse en el cargo por los vínculos de poder que tiene. En ese sentido dijo que esperan que los jueces de la Corte que tienen amistad con el magistrado se excusen de intervenir en la causa que por la denuncia de violencia de género, y adelantó que si eso no ocurre los recusará.

A principios de este mes la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Salta le impuso al juez una medida preventiva de no acercamiento a la defensora, pero esta decisión será revisada por la Corte, porque el magistrado planteó que es inconstitucional. 

"Están probadas las situaciones de violencia", aseguró Abutt Carol. Destacó que "La OVIFG (Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género) dice que hay causales de riesgo grave, que deben establecerse medidas preventivas, lo que finalmente hace la Cámara de Apelaciones". La abogada señaló que aunque el juez haya apelado, las medidas cautelares se mantienen vigentes. 

Informó que la semana pasada salió una acordada de la Corte en la que establece que las causas que tenga la defensora no se tramitarán en el juzgado de Soria. Y señaló que la Defensoría General ya desde antes de la sentencia en segunda instancia, estableció medidas de protección para Buira y cuando salió el fallo de Cámara de Apelaciones reforzó las medidas administrativas.

"El sistema de justicia no puede seguir tolerando a un juez violento", aseguró Abutt Carol. En ese sentido, recordó que en 2013, Soria le negó el derecho al aborto no punible a una niña de 13 años, que había sido violada por su padrastro. Entonces varias organizaciones pidieron que fuera sometido a un juicio de destitución, pero el Jurado rechazó este planteo.

Abutt Carol sostuvo que además Soria tiene denuncias de sus exparejas por violencia de género. Señaló la gravedad de que con estos antecedentes esté a cargo de un fuero de personas y familia, "sin ninguna mirada de género", que por las leyes vigentes "está obligado a tenerla", "pero además es un juez violento y lo sigue tolerando el sistema de justicia", insistió.

La letrada dijo que Buira ya había hecho presentaciones ante el área de Superintendencia de la Corte, que tiene facultades para disciplinar a los jueces, pero "eso fue desestimado por falta de mérito". Señaló que Buira padece violencia psicológica y laboral de parte de Soria. 

La Ley Micaela "es un paso importante pero está muy lejos de ser efectiva", aseguró Abutt Carol respecto al Poder Judicial. 

Por otro lado, la referenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, anunció que trabajan en la presentación de un amicus curiae en la causa y también analizan la posibilidad de pedir la destitución del juez. Sobre este punto, Abutt Carol contó que si bien han tenido comunicación con referentes de esta organización, en su caso esperarán a conocer la sentencia de la Corte antes de definir si avanzan con un pedido de jury para el magistrado.

"Nos solidarizamos en este caso. Hubo otros casos en otros tiempos de público conocimiento por la enorme violencia que ha ejercido (Soria) sobre la infancia", manifestó Cari.

Recurso ante la Corte 

Con la representación del abogado Oscar Loutayf, el  juez Soria presentó un recurso de inconstitucionalidad del fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones que había hecho lugar a un recurso de apelación de la defensora oficial Natalia Buira y dispuso como medida preventiva la prohibición de acercamiento del magistrado. 

Soria consideró que esa decisión es arbitraria, que se dio un trato "desigual y dispar" y que la medida preventiva que le impone una perimetral es "ineficaz". Planteó que deberá abandonar su despacho cada vez que se presente Buira, que no podrá transitar por el pasillo central de Tribunales porque el despacho de la defensora está a 20 metros del suyo, que su lugar asignado en la playa de estacionamiento está a 30 metros del de Buira, y que tampoco se precisó la distancia de la perimetral, entre otros argumentos. Además, señaló que él no fue escuchado por la OVIFG, que es, como su nombre lo indica, una oficina de asistencia a las víctimas. 

La resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones se dio en respuesta a  apelaciones presentadas por Buira y Soria en contra de la decisión de la jueza Noemí Valdez que había ordenado al magistrado que diera trato igualitario a la defensora oficial en el ejercicio de sus funciones en las causas que se tramiten ante el Juzgado de Personas y Familia Nº 2 a su cargo, o en los que intervenga como interino. Además, le le había ordenado evitar expresiones verbales o gestuales que pudieran afectar la integridad psico-física de la defensora. 

Con la representación de Abutt Carol, Buira había apelado este fallo porque "su solución fue instar a las partes para buscar un diálogo constructivo", y "No le podés pedir a una mujer violentada que busque las herramientas para dejar de ser víctima de violencia", señaló la abogada, recordando que están prohibidas las audiencias entre víctima y victimario. Además, sostuvo que Buira ejerce su rol de defensora representando a personas vulnerables y por ende también sus representadxs resultan afectadxs.