El juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, decidió conceder las conciliaciones acordadas en favor de 14 concejales imputados por tentativa de defraudación a la administración pública por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Mientras que el Juzgado de Garantías 2 homologó tres acuerdos de suspensión del juicio a prueba respecto de tres empleados del municipio de Campo Quijano, por el delito de defraudación respecto al cobro indebido del IFE.

El fiscal federal Ricardo Toranzos fue quien presentó en las audiencias los acuerdos previamente admitidos por los imputados y sus defensas. Y recordó que las irregularidades investigadas giraban en torno a las incompatibilidades establecidas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional para la implementación del IFE, que impedían a los concejales y cualquier funcionario público acceder a dicho beneficio. Como los hechos no llegaron a consumarse, los casos fueron formalizados el 20 de abril pasado como tentativa de defraudación.

El fiscal resaltó que advirtieron “desde un inicio una gran disposición” de los ediles y sus defensas por resolver el conflicto. Por eso mismo, argumentó, optó por aplicar el instituto de la conciliación dado el deber de los jueces y fiscales de arribar a una resolución, “sin que necesariamente la condena sea el único camino, pues ello impediría la obtención de un resarcimiento social”.

De esa manera, los 14 imputados de distintos municipios de la provincia se comprometieron a donar $705.890, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, productos de higiene y limpieza, mercadería, fórmicas para pizarrones, estufas, anafes, horno eléctrico y caloventores, entre otros, para la infraestructura de cinco hospitales y tres centros de salud, dos establecimientos educativos, tres merenderos, un centro de jubilados, una fundación de ayuda a jóvenes, e incluso a un grupo de voluntarios que cuidan de animales abandonados. Todas instituciones de localidades del interior de la provincia de Salta.

Pero además, los ediles deberán realizar 678 horas de tareas comunitarias consistentes en labores de limpieza y asistencia técnicas en las mismas entidades, comunidades de pueblos originarios y organismos públicos municipales. Mientras que los tres empleados de la municipalidad de Quijano deberán realizar 100 horas de tareas comunitarias y donar $20.000.

Estos acuerdos se sumaron a los 16 que fueron homologados por la jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, los primeros días de este mes. Por lo que ya son 33 los casos que se resolvieron mediante medidas alternativas de resolución de conflicto.

En los anteriores, se había llegado un acuerdo con 16 de 25 concejales imputados, de los cuales algunos sí habían cobrado efectivamente el IFE. En esos casos, se les solicitaba que se autoinhiban de participar de procesos electorales o que no asuman en caso de haber sido electos, eso llevó a varios a desestimar la propuesta, ya que en diciembre próximo deben asumir nuevas funciones.

Dos de ellos son el actual presidente del concejo Deliberante de Aguaray, Guillermo Aleman, que ganó las elecciones a intendente de aquella localidad, y la concejala de Pichanal Paola Cantarella, quien renovó su cargo siendo la candidata más votada por su comunidad.

En diálogo con Salta/12, Cantarella indicó que quiere probar su inocencia ya que fue una menor de edad quien, con otro celular, ingresó sus datos para el cobro del IFE, “cuando yo no cobro ningún beneficio”, aclaró. Y aseguró que la única vez que tocó el dinero depositado en su cuenta “fue para devolvérselo a la ANSeS a la cuenta que me habían indicado”.

La que también rechazó la posibilidad de culminar el juicio a través del acuerdo fue la edil de Salvador Mazza Marisa Valdiviezo, quien indicó que no aceptó el pedido de autoinhibición a pesar de que en diciembre se vence su mandato “porque quiero saber el motivo de la falta de citación a funcionarios públicos”, y sumó que espera que se investigue “hasta las últimas consecuencias” y demostrar su inocencia.

Volviendo a los últimos 14 ediles que aceptaron los términos de la conciliación que propuso el fiscal de la causa, Toranzos consideró que “no estarían sujetos al cumplimiento de un año, como se exige en la suspensión de juicio a prueba, pues con la conciliación basta con cumplir el compromiso de reparación del daño para luego analizar el sobreseimiento”, y agregó que los acusados “quieren reparar el daño”. Por lo que también descartó para estos casos la necesidad de inhabilitación.

El funcionario también explicó que en algunos casos y ante la imposibilidad de hacer un aporte económico importante, se aumentaron las horas de tareas comunitarias “a fin de alcanzar un orden de paridad”.

El juez Bavio fundamentó las homologaciones señalando que “los jueces deben propender a la armonía entre los protagonistas y la paz social”. Y sostuvo que se advirtió el esfuerzo por reparar el daño, “por lo que es necesario no estigmatizar con causa penales, cuando se puede avanzar con medidas alternativas, como el caso de la conciliación”.