Baltasar Sánchez es un vecino de Vaqueros, que junto a un grupo de personas que viven en el barrio Valle Hermoso, vienen denunciando desde el 2020 la extracción indebida de áridos en el Río La Caldera por parte del municipio y seis empresas, lo que significó la paralización de las obras por parte de la Secretaría de Energía y Minería de la provincia y una intimación a que cesen esas operaciones y presenten un  plan de recuperación y disposición final de los elementos contaminantes, como restos de maquinaria, que allí se fueron acumulando.

Si bien Moreno afirmaba que habían acatado la medida del organismo de control, Sánchez y los vecinos de la zona siguieron denunciando que eso no sucedía, y lo comprobaron tomando fotografías y filmando que allí continuaban trabajando normalmente. Lo que culminó con una nueva intimación de Minería en donde alertaba al municipio que de no acatar la orden, deberían accionar con la fuerza pública.

La situación, desató la furia de del intendente local, Daniel Moreno, que ante la pregunta de algunos medios apuntó directamente contra Sánchez, quien viene encabezando los pedidos y es un fuerte activista a través de sus redes sociales. El jefe comunal aseguró que Sánchez y otro vecino "molestan hace un montón", y luego agregó que "quieren vivir solos en el departamento". Pero segundos después elevó la apuesta al expresar que "al señor que me está haciendo todas esas publicaciones le voy a hacer un piquete la semana que viene con todos los vecinos y las empresas de áridos para que sepa bien lo que se hace".

Las palabras del intendente, llevaron a Baltasar Sánchez a tomar la decisión de radicar una denuncia en la Fiscalía Penal 1 de Salta contra el intendente por amenazas e intimidación.

De manera precautoria, esa fiscalía tomó cartas en el asunto y dictó una prohibición de acercamiento a Daniel Moreno y dispuso custodia policial personal para proteger al denunciante. En diálogo con Salta/12, Sánchez, que es abogado de profesión, confesó que siente miedo por lo que pueda suceder, “el intendente usa violencia institucional y personal en medios públicos”, y detalló que cuando habla de “los vecinos”, hace referencia a los maquinistas y otras personas que trabajan en las firmas que extraen áridos en el río “y que viven en una especie de villa muy precaria que se está creando al costado del brazo sur del Wbierna”.

“El está tratando de levantar esos vecinos, acusándome de ser el culpable de que ellos no puedan trabajar”. 

“No puede ser que ahora yo tenga que vivir con un policía en la puerta solo porque ejercí mi derecho a expresarme y a vivir una vida digna”, prosiguió, y subrayó que además volvería a hacerlo “porque tiene que ver con el cuidado del ambiente y del agua que tomamos gran parte de los salteños”.

Un antecedente cercano

A finales de mayo pasado, otro vecino de Vaqueros, Lucas Díaz, sufrió agresiones físicas y amenazas en las redes sociales por parte de alguien a quien él sindica como “puntero político” del intendente, Roberto Antonio Quiroga.

En la denuncia que radicó en la policía, Díaz aseguró que recibió dos golpes de puño por parte de Quiroga, que antes lo había amenazado a través de su cuenta de Facebook, solo por reclamar un buen servicio de agua en las zonas más altas de esa ciudad.

En enero de este año, el vecino había decidido poner en una de las paredes de su propiedad, un cartel en donde responsabiliza de la falta de agua en ese lugar a las autoridades elegidas por el pueblo, como la senadora Silvina Abilés, el diputado Gustavo Pantaleón y el intendente Daniel Moreno. Pero a su vez, había elevado notas con centenares de firmas al municipio y a Aguas del Norte, que nunca obtuvieron una respuesta.

El primer mensaje que recibió Díaz, le solicitaba que se llame al silencio: "Lucas, llamate a silencio", y lo seguía una clara amenaza: "Porque te puede ir muy mal". Que días después se cumplió cuando el vecino tuvo que ir a hacer compras para su negocio al mercado Cofrutos, lugar donde trabaja Quiroga, quien sin mediar palabras lo “agarró del cuello y me aplicó dos piñas”, declaró ante el personal policial.

El origen de las denuncias

Este medio detalló hace una semana la denuncia que vienen realizando los habitantes de Vaqueros y puntualmente de la zona de Valle Hermoso, que son los más perjudicados por los ruidos que allí se producen cotidianamente (lo demostraron con estudios sonoros), y por el temor a que esos trabajos terminen socavando la ruta Nacional 9 sobre el camino de cornisa y genere algún accidente o los deje aislados. Así como el peligro que corren por posibles inundaciones.

Los reclamos llegaron primero hasta el Ministerio Público Fiscal, quien solicitó a la Secretaría de Energía y Minería que detalle lo que allí estaba sucediendo y corrobore la situación. Ante el pedido, ese organismo provincial envió a sus técnicos, quienes confirmaron todo lo sucedido y dispusieron no solo que se paralice todo trabajo, sino que el municipio presente un Plan de Trabajo de Disposición de Descartes, ya que allí había depósitos de maquinaria, combustibles y aceite que estaría generando contaminación.

La resolución 021 de la Secretaría de Minería de la provincia, indica que el personal del Programa de Gestión y Policía Minera constató en una inspección los incumplimientos de la municipalidad de Vaqueros en la extracción de áridos que se realiza en las cercanías del puente Wierna: “Carencia de convenio o permiso para realizar trabajo de extracción en el sector en cuestión; incumplimiento de presentación de informe de impacto ambiental”, y “falta de inscripción en el Registro de Productores Mineros de la Provincia”, son las irregularidades que se desprenden de ese documento.

Pero además, se suma que esa zona del Río La Caldera, fue declarada por la Secretaría de Minería, en septiembre del 2004, y a pedido de Aguas de Salta, como Reserva Hídrica, ya que allí se encuentran situadas las obras de captación de agua de la empresa que se distribuye en toda la zona norte de la ciudad y en el departamento La Caldera. 

Al declararla reserva, la resolución indica expresamente que se prohíbe, siguiendo lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley 7.141 (Código de procedimientos mineros), “extraer materiales áridos a una distancia menor de 800 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo del lugar donde se encuentran las tomas de agua”, algo que tampoco se cumple.

Baltasar Sánchez recordó que en los primeros años del siglo XXI, la Secretaría de Minería que es quien debe inspeccionar las canteras y la correcta explotación de los lechos de los ríos, rubricó un convenio con los municipios, reconociendo que no tiene capacidad para hacer seguimiento y control de toda la provincia, para que sean ellos quienes ejerzan esa tarea, pero que si no lo hacían como corresponde, esos convenios podían caer, quitándoles la potestad para facilitar o prohibir explotaciones.

“Esa es la base por la que un municipio tiene ingerencia sobre un río que es del Estado provincial, y no de los jefes comunales, que se creen los dueños para hacer lo que quieren”, concluyó el abogado.