El trabajo, el acceso a alimentos y productos básicos, los planes integrales de viviendas y la preocupación por los robos son las principales inquietudes en los barrios populares de los 24 partidos del conurbano bonaerense y en algunos municipios del periurbano (Escobar, Pilar, Luján y Zárate). Los datos surgen del último relevamiento del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), realizado con referentes territoriales a más de un año del comienzo de la pandemia.

El estudio, titulado “El conurbano en el segundo año de pandemia”, es el cuarto llevado a cabo por investigadores docentes, entrevistadores y estudiantes adscriptos del ICO, en colaboración con redes territoriales, desde que fueron implementadas las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Según analizó una de las coordinadoras y autora principal del informe, Verónica Maceira, “la situación del conurbano es severa y difícil, con un arraigante estructural importante, y con problemas que además de no ser nuevos fueron reforzados por la pandemia”.

Entre las 108 entrevistas efectuadas a líderes territoriales (pertenecientes a clubes, escuelas, centros de salud, comedores, organizaciones sociales) entre el 14 de junio y el 8 de julio de este año, el informe destaca que el principal problema, agravado en la pandemia, “es la falta de inserción laboral, que fue señalada por dos terceras partes de los referentes”.

Si bien la última información estadística sobre el mercado de trabajo da cuenta de una importante recuperación relativa del empleo, no es percibida con la misma fuerza o bien no alcanza con la misma intensidad a los barrios periféricos del conurbano.

En efecto, el informe cita una encuesta de Unicef que alerta cómo hacia finales de mayo un 41 por ciento de los hogares con niños o adolescentes tuvieron que dejar de comprar algún alimento por no tener dinero –en julio del año pasado la marca se había ubicado en un 27 por ciento–. Por ese motivo, el acceso a los alimentos se torna una preocupación central.

En cuanto a las políticas de transferencia social que tuvieron un mayor impacto, Maceira señaló al Suplemento Universidad que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue “la principal alusión por parte de los trabajadores informales, además del alcance de la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo, mientras que el 75 por ciento de los referentes enfatizaron el papel que tiene la AUH”.

Junto a la preocupación persistente por el acceso a la vivienda propia y los robos (en aumento por el contexto social) está el pago de servicios básicos: de hecho, seis de cada diez informantes resaltan que la merma o falta de percepción de ingresos tuvo como correlato el cese de pago de consumos básicos, tales como los alquileres, la luz, el agua o algún impuesto.

Para la socióloga e investigadora docente titular en el ICO, otro aspecto relevante es la recuperación desigual en términos de género: “Las cifras reflejan un crecimiento paulatino del empleo con una valoración distinta, ya que las actividades principales en los barrios populares son la construcción y el trabajo en casas particulares. En el primer rubro hay una gran recuperación, pero en el caso de las trabajadoras de hogares aún persiste una retracción importante”.

“Eso genera una brecha de género en el acceso al empleo, porque las oportunidades laborales para las mujeres de niveles educativos relativamente bajos son más acotadas, y en ese sentido el trabajo en las casas particulares es clave”, agregó.

Maceira resaltó “la valoración positiva en términos generales” sobre las políticas de salud implementadas y el avance en la campaña de vacunación contra el coronavirus, mientras que la demanda primordial por parte de los referentes está orientada “a una mayor presencia del Estado en los barrios y una articulación más fluida con la acción de las organizaciones territoriales”.