El 5 de abril de 2020 Florencia Magalí Morales, de 39 años, salió a buscar comida y terminó presa por violar el ASPO. La tarde del día de su arresto la encontraron muerta en su celda. Supuestamente, se trató de un suicidio. A las 19.30 de aquel día, el comisario Heraldo Clavero llamó al juez de turno para decirle que Florencia “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada". Las pruebas y los peritajes hacen insostenible esa versión.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó en parte del caso en abril de 2021, cuando la causa amenazaba con ser cerrada en San Luis, y ya en ese momento le hicieron saber al juzgado que los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial sino que se trata de un caso de violación de los derechos humanos. Entre las pruebas está el resultado de la segunda autopsia, que fue confirmado por la Junta de Forenses que cuestionó a la primera. Al cuerpo le faltan músculos, una arteria, el hueso hioides estaba sin fracturas.
"La familia lo tuvo claro desde el principio, ya habíamos planteado el cambio de carátula porque según el protocolo de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ante la muerte violenta de una mujer en una comisaría se debe trabajar como femicidio, pero no nos hicieron lugar. Luego de las dos nuevas pericias insistimos", dijo a Página12 uno de los abogados de la familia, Santiago Calderón Salomón.
--¿En qué consisten estos nuevos estudios?
--La forense de parte Vanina Elizondo participó en la reautopsia del cuerpo, se hicieron otras medidas tales como la reconstrucción del hecho y la inspección ocular. En base a todo eso, junto con Mónica Chechi, muy reconocida acá en la provincia, realizan un informe donde coincidieron en que la hipótesis del estrangulamiento es la única posible, y descartaron la posibilidad del suicidio. La experta en criminalística afirma que Magalí fue estrangulada, y la forense descarta totalmente el suicidio por la falta de fracturas en el hueso hioides. Además, el cordón con el que se encontró a la mujer, supuestamente suicidada en la celda de castigo, también fue peritado y los resultados revelaron que no pertenecían al buzo que vestía al momento de su muerte, es un elemento ajeno que no sabemos cómo llegó al hecho. Por eso pedimos la ampliación de la imputación por homicidio agravado contra los policías que fueron indagados por delitos menores como incumplimiento de los deberes de funcionario, el comisario Heraldo Clavero, la agente Yohana Torres, el oficial principal Daniel Mansilla y oficial principal Marcos Ontiveros. Ahora tienen que pronunciarse al respecto el fiscal y el juez Jorge Osvaldo Pinto. En esta causa hubo muchas irregularidades, por eso se hizo parte en el expediente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
--¿Cómo recibieron las hermanas estas novedades?
--Para ellas es muy difícil, el abogado defensor salió a hablar pestes de Magalí, que era drogadicta y cosas así. Les expliqué que son estrategias para embarrar la cancha. Siguen esperanzadas en avanzar hasta lograr justicia. Si accedieran al cambio de calificación ya se estaría en condiciones de ir a juicio. Fuimos muy cautos aunque sabíamos lo que le pasó a Magalí desde la detención, los golpes y el desenlace. Si los peritos hubieran determinado que fue un suicidio, habría sido un suicidio inducido. Pero fueron muy contundentes con detalles claves, como la integridad de ese hueso que derriba completamente que se haya quitado la vida, mostraron doctrina del caso y Nación hizo interconsultas con sus propios peritos, y todos coincidieron en que fue estrangulada.
--¿Podemos repasar las últimas horas de vida de Magalí?
--Ella tiene dos hijos menores, en ese momento de 11 y 8 años, y una nieta a cargo de tres. Salió ese domingo de su casa cerca de las 9 en bicicleta y fue hacia la comisaría. No fue detenida por ir a contramano, como se dijo. Sosa, uno de los policías, tenía una amistad con ella y tenía su tarjeta de cobro de la asignación, de común acuerdo y confianza. Cuando ella pide hablar con Sosa se ve en las cámaras que discute con el comisario Clavero, que estaba enojado por alguna situación, y deciden detenerla por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quien viole las disposiciones del ASPO contra la pandemia. La llevaron a un calabozo que no estaba en uso. Estuvo ahí hasta las 18, a los gritos pedía que la dejaran volver con sus chicos, una vecina pidió verla y no la dejaron, tampoco permitieron que la viera el policía Sosa, le orinaron la celda, a la familia le dijeron que seguía detenida cuando ya había fallecido. Los otros detenidos, por el mismo motivo que ella, antes de ser liberados vieron cómo policías corrían a ese calabozo. No queda claro por qué la mataron con tanto ensañamiento, sí está claro que hubo una discusión y un forcejeo, y que las lesiones fueron posteriores a la detención. Sosa confirmó que eran amigos pero no aportó nada para entender las razones de este femicidio. Los policías declararon que no la conocían, aunque en Santa Rosa todos sabían que los chicos estaban solos, que su familia está en Mendoza. Ni le permitieron llamar a un abogado.
