El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue acusado este domingo por los investigadores que llevaron adelante los Pandora Papers de emplear una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas para la venta de la Minera Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus mejores amigos. Tras la repercusión de los hechos, el gobierno publicó un comunicado desligando de responsabilidades al mandatario.
"El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas", dice el comunicado oficial.
Según publicaron Francisca Skoknic (LaBot) y Alberto Arellano (CIPER), a cargo del capítulo chileno de los Pandora Papers, investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), "originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga" y "junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones".
"Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses", aseguraron los periodistas chilenos.
En marzo de 2010 Piñera asumió como Presidente de la República en su primer mandato "y pocos meses después, en agosto, dio un golpe inesperado: tras una ola de protestas de ambientalistas, anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, de la franco-belga Suez, pese a que contaba con los permisos para operar", puntualizaron los investigadores chilenos.
“He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”, dijo entonces Piñera. Barrancones buscaba emplazarse en la comuna de La Higuera, al igual que Dominga, pero en ese momento nadie sabía que Piñera tenía intereses económicos en la zona.
La respuesta del Piñera
Este domingo, tras la revelación de los Pandora Papers, el gobierno decidió sacar un comunicado para despegar al mandatario de las acusaciones, donde aseguró que "los hechos mencionados (en la investigación del ICIJ) respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación".
Esa decisión, recordó el escrito, "fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia".
En el comunicado, el gobierno aseguró que "el presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga" y también afirmó que Piñera tampoco "participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia".
"Ni el presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior", aseveró.
En el pasado, aclaró el gobierno, "las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior" pero "la existencia y su participación fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias competentes, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile".
Por último, el equipo de prensa del jefe de Estado señaló que "desde marzo de 2018", por la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, los "activos financieros del presidente se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, lo que implica que el mandatario no conoce las inversiones realizadas". Lo mismo ocurre en el caso de sus familiares, "pese a que (en ese caso) la ley no lo requiere".
