La iniciativa busca dar herramientas educativas a quienes cumplen sentencia en la cárcel de Miraflores, "garantizando el derecho a la educación",  y "promoviendo su formación integral y desarrollo pleno". 

Así quedó estipulado en el convenio marco de cooperación para la reinserción y educación de los internos alojados en el Sistema Penitenciario Provincial de Miraflores, fimado ayer por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de la Corte Hernán Martel.

Según un informe de 2020 de la Universidad Tres de Febrero sobre la población privada de libertad, "la proporción de condenados reincidentes se mantiene constante entre 2013 y 2019, aunque el número absoluto crece. Aproximadamente 4 de cada 10 internos han pasado anteriormente por una cárcel o han estado internados en un centro de menores". 

El informe observa además que "se hace muy poco para apoyar a las personas que recuperan la libertad. Los organismos lucen muy ineficaces en apoyar una efectiva reinserción social. Hay una alarmante carencia de programas". 

En este sentido el proyecto acordado entre el Poder Ejecutivo y la Justicia representa un avance en materia de derechos humanos. Las partes se comprometen a “proyectar e implementar el tratamiento del sistema penitenciario Provincial, de conformidad a lo normado por la Ley 24660, como proceso pedagógico, avanzando hacia la resignificación de su eficacia en las personas privadas de libertad y en el tejido social”.

La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24660) define en su primer artículo: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto”.

El acuerdo firmado ayer entre Jalil y Martel, prevé proyectar la normativa provincial adecuada en la materia. Además se hará un relevamiento del estado de situación general del tratamiento penitenciario. Según expresa el convenio, estas acciones tendrán como finalidad “diseñar, adecuar e implementar nuevas ofertas de formación profesional; acompañar el proceso hacia la acreditación y legalidad en aquellas actividades que los internos desarrollan y formar para el trabajo a las personas privadas de la libertad garantizando el derecho a la educación, promoviendo su formación integral y desarrollo pleno”.

El Gobierno y la Corte de Justicia designarán sus representantes para el abordaje de los objetivos propuestos. A su vez, instrumentará un proyecto final, que será sometido a la consideración de los tres poderes del Estado provincial, para su respectiva implementación.

Las acciones del Gobierno se articularán por intermedio del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, de Seguridad o cualquier otro que designe el gobernador.

En el encuentro estuvieron presentes el vicegobernador, Rubén Dusso; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; el Asesor General de Gobierno, Fernando Ávila y el diputado provincial, Augusto Barros.