El avance del poder narco dentro de las cárceles disparó el último mes una tarea conjunta entre los fiscales federales. La tarea coordinada por el procurador interno Eduardo Casal, contó entre sus redactores a dos rosarinos: el fiscal federal Claudio Kishimoto y el responsable local de la Procunar, Matías Scilabra. Justamente esta Procuraduría contra el el Narcotráfico elevo a través de su jefe Diego Iglesias un informe sobre la “Narcocriminalidad en establecimientos penitenciarios”, con 19 casos en los que se detectó que jefes de organizaciones criminales ya condenados continuaron con sus negocios ilegales desde sus lugares de detención, tanto cárceles federales como provinciales. Entre ellos, hay nombres conocidos como el de Ariel “Guille” Cantero, jefe de “Los Monos” y Mario Segovia, el “rey de la efedrina”. Los fiscales federales proponen instalar en los pabellones inhibidores de celulares, que los lugares de detención tengan requisas más periódicas, que se controle la complicidad de agentes penitenciarios y que haya más rigor en los beneficios que puedan obtener los presos de un perfil de mayor riesgo. El informe también advierte sobre el control hacia los jefe penitenciarios y su posible incremento patrimonial. 

“Se viene advirtiendo, con gran preocupación, el avance de una manifestación criminal que trae aparejadas serias amenazas contra la seguridad de la población, en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular. Este es el caso del incremento de las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas), planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios”, destacó el trabajo que destaca también que “estas personas representan una proporción ínfima en relación con la población penitenciaria total”.

El informe presenta ejemplos de cómo los detenidos siguieron planificando delitos desde sus lugares de detención a pesar de los controles que deberían tener. Cantero ordenó el ataque a jueces, fiscales y edificios judiciales desde la cárcel (por esos hechos fue condenado a fines de septiembre a 22 años de prisión); a Segovia de le encontró una tablet donde se halló información sobre cómo comprar y armas materiales explosivos. 

El procurador general interino, remitió estas recomendaciones al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que está a cargo de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori. 

Los fiscales establecieron cómo los jefes de las bandas operan desde las cárceles. El principal factor es el uso de celulares. Aunque están prohibidos es habitual que los internos los tengan. También el uso de los teléfonos públicos que hay en los pabellones. En la intercepción de esos comunicaciones se detectó el tráfico de drogas y la planificación de esos otros delitos. De allí también surgió que mantienen relación con presos de otras cárceles y con integrantes de las bandas que están en libertad.

“En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares”, reseña el informe.

El posible grado de complicidad de los guardiacárceles también fue abordado: se propuso extremar los controles respecto de los agentes y funcionarios encargados de la seguridad y custodia de las personas que, de acuerdo a sus antecedentes criminológicos, hayan contado o puedan contar con un importante ascendente sobre otros internos o personas en el exterior de los establecimientos penitenciarios, y que puedan dirigir, planificar, supervisar o coordinar maniobras ilícitas del campo de la criminalidad organizada".

Y tal vez el punto más sensible que apunta el informe es "reforzar el debido control sobre el cumplimiento de la obligación de presentación de declaraciones juradas patrimoniales integrales por parte de los agentes y funcionarios encargados de la seguridad y custodia de las personas que, de acuerdo con sus antecedentes criminológicos, hayan cometido maniobras ilícitas del campo de la criminalidad organizada; así como respecto al periódico control de su evolución patrimonial".

Otro punto que destacaron los fiscales es que hay deficiencias en la clasificación de los internos que forman parte de bandas de crimen organizado para su alojamiento y para el tratamiento interno. También, que existen pocos controles sobre las visitas que estos detenidos reciben, muchas de los cuáles forman parte de sus bandas o hacen de nexo.

También propusieron hacer estudios del perfil de las personas detenidas que pertenecen a bandas de crimen organizado “como la pertenencia y posición de los condenados en esas organizaciones, la clase, gravedad, peligrosidad y reiteración de los delitos cometidos, o la existencia de otros antecedentes penales”. Eso permitirá elegir mejor el lugar de alojamiento y el tratamiento dentro de las cárceles.

Otro punto es el de “extremar los recaudos para el otorgamiento de los estímulos”. La ley de ejecución de la pena de condenas le permiten a los detenidos obtener beneficios. Para los casos de acusados de narcotráfico o contrabando los fiscales propusieron que se haga un análisis más riguroso.

“Mantener el riguroso y efectivo control previsto por la reglamentación vigente sobre procesos de registro para el ingreso de visitas, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario y garantizar los mismos estándares de seguridad, calidad y efectividad para el ingreso de sustancias y otros objetos por parte de terceros ajenos a los establecimientos penitenciarios como, por ejemplo, personal de los servicios de alimentación, limpieza, o mantenimiento”, es otra de las propuestas.

Finalmente se planteó que si "el traslado a cárceles de máxima seguridad no es posible, se deberán extremar las medidas de seguridad para poder implementar un régimen de custodia más estricto donde se encuentren alojados, para prevenir la comisión, planificación o dirección de delitos que se ejecuten en el exterior".