Las exportaciones de servicios basados en conocimiento, uno de los sectores a los que el gobierno más apuesta como generador de divisas y empleo de calidad, crecieron 12,4 por ciento entre el segundo trimestre de 2020 y 2021. Esta cifra significa una recuperación tras diez meses de caída y desde el sector afirman que aún es prematuro para entender si se trata de un cambio de tendencia o de un rebote coyuntural.

Es que los 5.776 millones de dólares exportados a junio de este año se encuentran muy por debajo del pico de 7.335 millones de dólares de 2017. Y particularmente entre el segundo trimestre de 2019 y 2020 las exportaciones cayeron 7,5 por ciento. Este dato contrasta con la relevancia que tomaron estos servicios en un contexto de pandemia donde la tecnología ocupó un lugar protagónico al abordar el contacto, el teletrabajo y hasta la producción de vacunas. Los empresarios del sector denuncian que el desfasaje encuentra respuesta en la canalización de las exportaciones vía el mercado informal, generado en gran medida por la brecha cambiaria. 

"Buena parte de la economía del conocimiento dejó de exportarse por el mercado oficial y se explica por la la fuga de talentos, que no se visibiliza en estadísticas. El sector no cayó, pero sí lo hizo la formalización de las exportaciones del sector", aseguró Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, una de las cámaras que nuclea estas empresas, durante la presentación del informe anual que analiza los principales indicadores de rendimiento del sector.  

El titular de la cámara atribuyó este fenómeno a la "inestabilidad y el cambio de reglas de juego". El ejemplo más nombrado tiene que ver con la brecha cambiaria: "El sector sufre la brecha, con un dólar libre a 195 y un oficial a 100. La batalla global por el talento hace que nuestros profesionales sean tentados y se genera la fuga, en informática y otros sectores también. Cobran en bitcoins o lo que sea, en cualquier parte del mundo", explicó Galeazzi.

Así y todo las exportaciones basadas en servicios de la economía del conocimiento siguen representando el tercer complejo exportador del país, quedando tras el oleaginoso y el cerealero. Se encuentra integrado por firmas que brindan servicios de informática, software, programación, servicios profesionales y diseño y emplea a 436.000 personas, cifra que se mantiene estable desde la prepandemia. Fruto de esta estabilidad el aporte de empleos de la economía del conocimiento en el total nacional alcanzó un récord de 7 por ciento en el primer trimestre del año, valor que se explica por la caída del nivel general de ocupación y no por un crecimiento propio.

Perspectivas

Los empresarios del sector insisten en la potencialidad del ecosistema de la economía del conocimiento. En el curso de este año, 6 empresas originariamente argentinas alcanzaron la categoría de unicornios, "lo que demuestra la fecundidad de nuestro ecosistema y el talento de nuestros profesionales", asegura el informe.

Sin embargo, requieren política pública dedicada exclusivamente al sector. En este sentido, destacan la quita de retenciones a las exportaciones de servicios y la reciente puesta en vigencia de la Ley de Economía del Conocimiento, cuyo efecto económico "irá tomando progresivo impulso a partir del año que viene", asegura el informe. 

Con respecto a la caída de derechos de exportación sobre servicios, Galeazzi aseguró que el hecho es "más simbólico que económico". "No es tanta la implicancia sobre la rentabilidad final porque es 5 por ciento y la brecha cambiaria es 50 por ciento, pero eramos el único país en el mundo que gravaba esta actividad", agregó.

Con respecto a la Ley de Economía del Conocimiento, el director ejecutivo de Argencon adelantó que hay 300 empresas adheridas al sistema de producción y 600 solicitantes en proceso de análisis: "La ley de software, con 15 años de vigencia, llegó a 2019 con 408 empresas adheridas. Con estos números, podemos concluir que la ley atrajo el interés del sector", aseguró, tras aclarar que sin embargo muchas de las firmas aún analizan el encuadre de la implementación a fin de evaluar el costo-beneficio de ingresar el régimen.