El Concejo Deliberante capitalino aprobó tras un extenso debate, el proyecto de resolución vinculado a la Cuenta General del Ejercicio municipal del año 2020. Si bien la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas había aconsejado sancionar la resolución aprobando la Cuenta pero incorporando las recomendaciones generales puestas en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas. Las concejalas Paula Benavídez y Romina Arroyo realizaron más de una crítica y no dieron su voto positivo.

En el caso de Benavídez, señaló varias subejecuciones en el área de Género y otros programas sociales como el de fomento cultural, que tenían previstos varios millones “y, sin embargo, se ejecutó cero peso, como si no hubiese sido necesario apoyar a los actores culturales en plena pandemia”, mencionó la concejala.

Benavídez también encontró varias incongruencias entre lo presupuestado, lo pagado, y los servicios prestados en varias obras públicas, como la pavimentación y repavimentación de calles. “Llama la atención la poca o nula ejecución de obras, y durante todo el análisis de la cuenta el movimiento de partidas grosero que se hizo, los números pueden estar dibujados hermosos, pero no estamos para aprobar un dibujo, sino la concreción de un presupuesto, y si no coincide no podemos aprobarlo”, sostuvo, y adelantó su voto negativo.

Raúl Córdoba aclaró que cuando se pensó el presupuesto 2020, el municipio no tenía en cuenta lo que sucedería meses más tarde con el advenimiento de la pandemia de coronavirus, que generó la redeterminación y redireccionamiento de partidas para poder hacer frente a las urgencias que de ella surgieron, “obvio que no se ejecutó la pavimentación de algunas calles para destinar ese dinero a acompañar a sectores que no podían salir a trabajar, por ejemplo”, explicó. Y agregó que todos esos temas ya los había adelantado el Tribunal de Cuentas en sus consideraciones.

José Gauffin también reconoció que los números, antes de la pandemia, sumados a la crisis que ella generó y la inflación, provocaron modificaciones al presupuesto de ese año, que, recordó, era una prórroga de 2019 como lo habían hecho Nación y la provincia hasta poder cerrar sus acuerdos de deuda externa en dólares y determinar entre otras cosas, cuál sería la coparticipación posible. Y afirmó que los números y el detalle que había presentado el Ejecutivo y las consideraciones del Tribunal, eran apropiadas.

Susana Pontussi se sumó a esas consideraciones al entender que en el marco de la pandemia fue muy difícil respetar un “pre-supuesto que, como lo indica su nombre, se supone que es lo que se va a gastar”. “Nos hubieran gustado más obras, pero no llegaban fondos para eso, y los municipales no podían salir debido a las restricciones”, relató, y rememoró que en plena crisis, la intendencia se encontró además con la ausencia de la Cooperadora Asistencial.

Lo que nos dice esta Cuenta General es que no hubo obra pública”, exclamó Romina Arroyo, “eso sí, hubo plata para la ciclovía y para la pauta publicitaria”, se quejó. Aseguró que la Hora de los Barrios nunca llegó, y que le parecía una “falta de respeto ese informe presentado por el municipio”. Por lo que pidió permiso para abstenerse de la votación.

Finalmente, el ejercicio 2020 se aprobó con el voto negativo de la concejala Benavídez y la abstención de Arroyo.

Columbarios en el cementerio

También se debatió un proyecto de ordenanza de la edil Emilia Orozco para crear un columbario en el predio del cementerio municipal San Antonio de Padua, y lo defendió por el incremento en el número de fallecidos debido a la covid-19 y al aumento de las cremaciones.

Orozco explicó que es viable desde varios aspectos, uno es el económico, ya que los nichos necesitan mucho más espacio que los compartimentos que requiere un columbario, “un nicho puede ocupar lo que necesitan unos cinco compartimentos para depositar las cenizas”.

Además sumó temáticas ambientales y de salud, como los olores y enfermedades que se pueden transmitir, y que se evitarían actos de vandalismo que suelen suceder en los cementerios, ya que son lugares cerrados. Por último, destacó que a la fecha no hay disponibilidad de nichos en los cementerios públicos locales, “necesitan alrededor de $100 millones solo para realizar una restauración de base”, detalló para utilizarlo como argumento a favor de avanzar con la creación de columbarios.

Un columbario es un tipo de nicho que tiene la particularidad de estar dividido en diversos compartimientos más pequeños en donde se colocan las urnas con las cenizas de las personas fallecidas.

Santiago Alurralde se opuso al proyecto aunque aceptó que “la idea no es mala”, pero dijo que hay otras urgencias y que no existe aún un crematorio municipal. “Sería favorecer el negocio de la única opción privada existente hoy”, indicó. Pero compartió que es ambientalmente más viable y permite ahorrar espacio. Por lo que pidió su vuelta a comisión para seguirlo perfeccionando y exigir la creación de un crematorio público.

José Gauffin, tras un largo discurso contando la historia de los cementerios y nichos de la ciudad, coincidió con la propuesta de Orozco de ir avanzando en columbarios y confirmó que los nichos “son antihigiénicos”, y que la idea de los cementerios y el culto a los muertos “ha ido cambiando en nuestra sociedad”.

Romina Arroyo se mostró a favor del proyecto y coincidió con la mirada de sus antecesores en cuanto a la necesidad de disponer de un crematorio municipal, pero consideró que hay algunos detalles poco claros en la ordenanza, por lo que solicitó que se siga trabajando para “obtener un proyecto superador”. Estimó necesario avanzar en un pedido de informe al municipio para saber si está previsto construir columbarios, y si hay lugar para ello.

Finalmente, y por pedido de la misma autora del proyecto, se decidió que vuelva a comisión para seguir reformulándolo a la espera de precisiones por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM)

Seguridad

Antes de comenzar con el orden del día, la edil Candela Correa celebró la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro: “quizás le va mejor en Aguas del Norte que en Seguridad”, expresó. Y recordó que además de Alex Nahuel Vilte, el joven asesinado en el Parque San Martín, “ya murieron 13 mujeres víctimas de femicidios”.

Luego saludó a los concejales electos en las últimas elecciones, a quienes les dijo que “van a necesitar mucho más que bolsones para trabajar”.

Arroyo se sumó a los dichos de Correa en cuanto al recambio en Seguridad debido a su ineficacia para evitar la violencia de género y los femicidios. “Necesitamos políticas concretas de Estado, hay una ley de hace poco que indica que el violento es el que debe recibir la consigna policial, y no nosotras”, recordó sobre un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores pero que aún no fue tratado por Diputados.

“Debemos vivir libremente y que sea el agresor el que tenga que caminar con la consigna hasta su trabajo”, añadió. Y reclamó “decisiones concretas”, como que existan botones antipánico “y que la Justicia actúe como tiene que actuar, sin retirar la consigna”, como sucedió con la joven asesinada en Coronel Moldes. También se criticó al Polo Integral de las Mujeres y sus horarios de atención, al recordar que no atiende de noche “cuando es el momento en el que más situaciones de violencia se registran”.

La concejala por el Frente de Todos, Laura García, recordó a Néstor Kirchner, a 11 años de su muerte, como un “compañero que hizo de la política una herramienta para transformar la realidad de un país, el que nos propuso trabajar incansablemente por una patria más justa y soberana”, y pidió que hoy “más que nunca, esas palabras deben hacerse realidad”.

También se refirió a la municipalidad de Salta y criticó la inauguración de nuevas plazas a las que consideró “corralitos sin luces y con pocos y malos juegos” y con césped “pintado”. Y agregó que lo hacen con fondos de Nación “que manda el dinero para plazas, y no para corralitos”.

Por último criticó la redeterminación de precios del contrato con Agrotécnica Fueguina que, según consta en el Boletín Oficial del municipio, a partir de julio recibe un nuevo monto mensual que asciende a los $225 millones y medio. En octubre de 2020 era de algo más de $152 millones. Y en marzo de 2021 pasó a ser de $178 millones. García repudió los argumentos por los que se aprobó el aumento, ya que en el Boletín solo figura que “son de público conocimiento”.