El detalle técnico legal que le permitió al Mauricio Macri evitar la declaración ante el juez Martín Bava se inscribe en la ley 25.520 o ley de Inteligencia Nacional que requiere una autorización o liberación por parte de la autoridad competente para que pueda revelar información que se considera secreta o confidencial. En el caso del expresidente tiene que mediar un decreto que ayer, hacia el final de la tarde, firmó el presidente Alberto Fernández. El antecedente que se recuerda fue el exespía Antonio Stiuso, quien debió ser autorizado por al entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por la condición de expresidente, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no podía relevar a Macri del secreto que blinda a la información que podía dar en la declaración judicial. es por eso que fue el presidente Fernández el que lo autorizó. De todas formas, en el decreto que lo autoriza, el gobierno nacional deja asentado que la causa judicial que tiene a Macri como imputado por "la posible comisión de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que resulte necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación", según lo estable la 25.520. De todas formas, el Poder Ejecutivo decidió liberarlo de la atadura legal como una forma de garantizar aún más el derecho de defensa que lo asiste.

Según la agencia Télam y tras consultar a jueces, fiscales y abogados, no hubo una coincidencia total en si era imprescindible que el Ejecutivo lo relevar del secreto. Algunos sostuvieron que sí, otros que no y un tercer grupo remarcó que si la defensa del expresidente creía que lo necesitaba podía haberlo pedido por escrito con anterioridad.

Más allá de las lecturas políticas, un especialista en derecho penal que sigue de cerca la causa sostuvo que con el pedido formulado, la defensa de Macri busca vincular los hechos investigados con la seguridad nacional, "cuando en realidad se trata de un caso de espionaje a familias de víctimas de una tragedia que de ninguna forma representaban un peligro para nadie".

Por lo pronto, la Ley de Inteligencia Nacional define como secreta a “toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación, entre ellos, la soberanía e integridad territorial; el orden constitucional y la seguridad del Estado; el orden público y la vida de los ciudadanos; la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de sus aliados; la efectividad o la seguridad de operaciones de las fuerzas de seguridad; las relaciones diplomáticas de la Nación; y las actividades de inteligencia específicamente determinadas y fundadas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional”.

Ahora bien, la ley establece que los que tienen la obligación de mantener el secreto son los miembros de los organismos de inteligencia pero también los legisladores que forman parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Uno de los últimos casos donde se debió autorizar a relevar del secreto fue con el exespía Stiuso, quien debía declarar en la causa que investigaba el suicidio del fiscal Alberto Nisman. Para que Stiuso pudiera cumplir con la acción declaratoria tuvo que mediar un decreto que en ese entonces llevó la firma de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El caso anterior fue el de Carlos Saúl Menem que siendo todavía senador en 2015, pidió que el Congreso lo relevara de guardar secreto para poder declarar en el juicio por el encumbrimiento en el atentado a la AMIA. El expresidente finalmente declaró en 2016.

Graciana Peñafort: "Está perfecto lo que hizo el juez de suspender la indagatoria"

A través de un hilo de Twitter, la abogada Graciana Peñafort explicó que "está perfecto lo que hizo el juez (Bava) de suspender la indagatoria" ya que "el juez no puede saber qué es lo que va a declarar Macri ni puede presumir lo que va a declarar".

Según Peñafort, "el único que sabía que iba a necesitar ser relevado del secreto era el propio Macri" y añadió que "él podría haber pedido ser relevado del secreto, pero no lo hizo, sino que decidió usar la estrategia para postergar de nuevo la declaración" aunque aclaró que "está en su derecho".

Y concluyó que en su opinión se trata de un "peligroso recurso", porque "ya admitió que en efecto hubo inteligencia sobre los hechos investigados: esto es espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, porque sino simplemente niega las tareas de inteligencia".