En mayo el gobierno nacional extendió la Tarjeta Alimentar a las familias con chicos y chicas de hasta 14 años de edad inclusive. La cobertura alcanzó a más de 4 millones de destinatarios que perciben, en promedio, 4656 pesos mensuales. Ese aporte implica en términos prácticos casi una duplicación del valor de la Asignación Universal por Hijo, cuya prestación básica mensual alcanza a 5063 pesos. Para entender su impacto, hay que considerar que en la tarjeta Alimentar se invierten anualmente más de 220.000 millones de pesos, cifra equivalente a lo recaudado por el aporte extraordinario a las grandes fortunas, aprobado por el Congreso este año.

Más recientemente, el gobierno puso en marcha otra medida vigorosa: para los meses de octubre, noviembre y diciembre los trabajadores registrados verán duplicados los montos de las asignaciones familiares. Esa medida, que beneficia a otros 3,2 millones chicos y chicas representa una inversión mensual de más de 14.000 millones de pesos. Un grupo familiar con dos niños, niñas o adolescentes a cargo, con ingresos que no superan los 75.000 pesos, percibirá mensualmente el doble, es decir 20.252 pesos en lugar de 10.126.

Las medidas apuntaron, esencialmente, a asegurar una alimentación saludable para las y los más pequeños de nuestro país. En términos de lo planteado por el presidente, buscamos privilegiar “a los últimos para llegar a todos”.

Sin embargo, el descomunal incremento de los precios de los alimentos -por encima de la inflación media y producidos en su mayoría por empresas cuyas ganancias han sido de gran magnitud- reduce enormemente el impacto positivo en el bienestar infantil que debiera generar la muy significativa inversión social realizada por el Estado nacional.

En ese contexto, la Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución 1050 para retrotraer al 1° de octubre los precios de 1432 productos de consumo masivo, disponiendo su congelamiento por un lapso de 90 días. Un elevado porcentaje de esos productos son parte integrante de la alimentación de las infancias y adolescencias en la Argentina.

El congelamiento es una medida que protege los derechos de la población más vulnerable y especialmente a los chicos y chicas de las familias de trabajadoras y trabajadores registrados, no registrados o desocupados, cuyos hijos e hijas son quienes más padecen el incremento exorbitante de los precios de alimentos.

Desde diferentes áreas y niveles de gobierno asumimos un rol activo para lograr que la medida sea efectiva. También se comprometieron fuertemente con esa decisión múltiples entidades y organizaciones sociales. Y esa confluencia entre el Estado y la organización popular en defensa del bien común, es valorada enormemente. Ya sabemos que “nadie se salva solo” y mucho menos los chicos y las chicas.

* Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social.