El Gobierno promulgó este viernes la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. El decreto publicado en el Boletín Oficial lleva el número 782/2021 y las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. El Ejecutivo tiene 90 días para reglamentar la ley y dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación. Las organizaciones que la militaron buscan formar parte de la mesa técnica para poder custodiar la implementación de algunos puntos delicados. Desde Salud informaron que hubo una mesa técnica este mismo viernes, y que las organizaciones serán convocadas.

"No aparecieron vetos ni observaciones desde su sanción, algo que era posible; entonces el panorama es súper auspicioso. La reglamentación fue asignada a la autoridad competente, el Ministerio de Salud, y es buena noticia. Entendemos que abordar el tema desde el aspecto sanitario tiene relación con los objetivos que busca la ley, a diferencia de si tuviera que auditar Industria o Comercio", dice Mara García, de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran).

Esta organización, Consumidores Argentinos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR) presentaron una nota a la ministra Carla Vizzotti el 5 de noviembre con la intención de "ser parte de la mesa técnica". "Queremos apoyar ciertos artículos para desglosarlos en detalle. Por el momento no fuimos aceptados. Entendemos que se está trabajando en el ámbito gubernamental y que es probable que nos convoquen en una segunda instancia, cuando estén algunas cosas resueltas", cuenta García.

"Es un proceso delicado la reglamentación. Por un lado hay que tener en cuenta aquellos artículos que hay que salvar para que se implementen correctamente, y por el otro, presiones internas que puedan surgir", añade Ignacio Porras, director ejecutivo de SANAR. Las organizaciones piden participación en esta etapa porque, de hecho, están integradas desde el inicio de la discusión, y también buscan "garantizar transparencia". Son dos objetivos: acercar herramientas técnicas y cuidar la ley que tanto costó, aprobada el 26 de octubre.

Fuentes de Salud informaron que hubo una reunión de la mesa técnica este mismo viernes. Antes hubo una con Educación. La próxima semana "con organismos como Enacom" y con el Ministerio de Desarrollo Social. "Después vamos convocar a las organizaciones civiles para que se sumen a la mesa técnica", adelantaron.

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García, coordinadora del equipo técnico de etiquetado en Fagran, pone el foco en tres puntos relevantes a la hora de la reglamentación: claridad en las definiciones de procesados y ultraprocesados, "para ver cuál es el alcance de la ley"; identificación de las excepciones "de manera detallada"; establecer "una gradualidad para que las industrias puedan reformular sus productos y evitar tener sellos en sus envases".

"Necesitamos definir qué son los alimentos procesados, ultraprocesados, mínimamente procesados. Hay un amplio espectro de definiciones, tenemos que discutir cuál es la que tomamos. Hay muchas internacionales, como la clasificación Nova, de Brasil, pero necesitamos una más autóctona", explica. La ley no aplicará, por ejemplo, sobre alimentos mínimamente procesados o ingredientes culinarios, entonces "entra en discusión qué se considera proceso de industrialización y elaboración". "Un maní no es lo mismo en su cáscara natural que pelado, frito o salado. La definición debe ser muy fina, y rondar en términos del agregado o no de un nutriente crítico", grafica. 

El plazo para que la industria cumpla la ley está presente en el artículo 19: 180 días desde su entrada en vigencia. "Vemos importante la necesidad de establecer una gradualidad para que las industrias puedan reformular sus productos y evitar tener sellos en sus envases, ofreciendo productos más saludables. O bien, que estos sellos aparezcan de manera paulatina. Si tomamos experiencias de países de la región esta gradualidad podría estar sujeta a poner límites menos exigentes en la etapa inicial", dice García. La exigencia iría creciendo hasta llegar a los puntos de corte planteados por el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), modelo que toma la norma como referencia.

Finalmente, la licenciada en Nutrición considera importante que se establezcan con claridad las excepciones. Es acotada la enumeración del artículo 7: "azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa". "El perfil de nutrientes de OPS tiene una lista a modo de ejemplo. No está el detalle. Surgió un tema con la yerba: en Misiones, días antes de que se aprobara la ley, la industria empezó a decir que se iba a ver afectada. El perfil de OPS habla de infusiones, no de yerba. Necesitamos un listado propio, detallado, que no dé lugar a confusión o supuestos", propone García, quien aclara que desde la Federación aún no han hecho un posicionamiento formal sobre estos temas.

"Se tiene que resolver el aspecto de los sellos en productos menores a 10 centímetros cuadrados; cómo va a impactar el etiquetado en golosinas", agrega Porras, respecto del artículo 5. "Propusimos el sello de 'micro chatarra', el ejemplo mexicano: un octógono negro en la golosina, de un tamaño mínimo específico, que en el centro llevaría el número de cantidad de sellos que debería tener. Por ejemplo, el 2 si el producto contiene grasas y azúcares y el 3 si tiene también calorías", detalla.

Otro interrogante es de qué manera se implementará el sello de calorías (artículo 6), algo que deberá definir la autoridad de aplicación, determinando un tope. "No lo establece el perfil de OPS. El exceso de calorías podría estar sujeto a otro que lo anteceda, como azúcares o grasas, tal como lo implementó México. Así se pueden salvar productos que están en el limbo, como los fideos. Son un alimento procesado de acuerdo a la clasificación Nova, deberían ser alcanzados por el etiquetado y podrían contener sello de calorías. Pero no tienen exceso de nutrientes críticos, que es lo que ayuda a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles", puntualiza Porras. Para él, otro punto a custodiar de la ley es el hecho de que obliga a las empresas a declarar azúcares totales de los productos. Esto es independiente del exceso de acuerdo al perfil de OPS, que apunta a azúcares agregados. En síntesis: el consumidor va a poder saber cuánta azúcar añadida colocó la industria en lo que consume.

Por fuera de la cuestión nutricional, un tema a revisar es qué pasará con la regulación en los entornos escolares, que deberá ser trabajada jurisdicción por jurisdicción. "Con las organizaciones tenemos algunas dudas, por ejemplo si las provincias tendrán que adherir a la ley. El que está en juego es un derecho de fondo, los productos van a estar con su rotulado en todas las góndolas, todos los lugares, pero sí hay una duda respecto a los establecimientos educativos: entendemos que se necesitará una adhesión provincial", aporta el abogado Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos. Por otra parte, se centra en el complejo entramado de sanciones y controles. Sobre este punto, las organizaciones esperan que las autoridades locales tengan un rol en el control, mientras que la Secretaría de Comercio debería estar a cargo de las sanciones.

Cómo continúa la reglamentación

"En la letra chiquita se pueden cambiar un montón de cosas que pueden ir en detrimento de los alcances y la calidad de la ley. En el Ejecutivo hay participación de personas que pueden tener conflictos de interés: (el jefe de Gabinete, Juan) Manzur, (el vicejefe de Gabinete, Jorge) Neme, y (la secretaria de Acceso a la Salud) Sandra Tirado", plantea Porras. "Nos preocupa el panorama electoral. Vimos un Congreso en el que, salvo excepciones como etiquetado, costó mucho que se trabajara. Nos preocupa que pase todo el verano sin avances en materia de reglamentación. Esperemos que el Ejecutivo esté a la altura de las circunstancias y tengamos una ley reglamentada acorde al espíritu que tiene, no tergiversada en favor de los lobbies", manifiesta Mijael Kaufman, de Consciente Colectivo.

Las organizaciones no recibieron todavía respuesta de las autoridades a su pedido de aportar a las definiciones. "Por lo que salió de pasillo entendemos que hay una mesa técnica estrictamente gubernamental de la que participan Salud y el Instituto Nacional de Alimentos", detalla García. El 1º de noviembre el Gobierno informó que funcionarios de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo se habían reunido con representantes de OPS/OMS y Unicef, en la primera "reunión periódica" para iniciar el camino de la reglamentación. "Entendemos que esta convocatoria a organismos internacionales fue para armar una mesa política, y que una vez que la mesa técnica tenga un bosquejo, un borrador, se lo acercará para discusión. Probablemente ahí podamos entrar en acción", estima la licenciada en Nutrición. El Gobierno anunció también la incorporación de un representante de la sociedad civil.