La Cámara de Diputados está discutiendo un proyecto de Ley que beneficiaría a los 7 millones de inquilinos en todo el país, pero el oficialismo tiene otros planes para seguir favoreciendo la especulación inmobiliaria. A pesar de que la senadora rionegrina (PJ-FPV) Silvina García Larraburu presentó la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en el Senado; Cambiemos ingresó la semana pasada un proyecto paralelo “para complementarlo”. García Larraburu y las organizaciones de inquilinos denuncian que es "una maniobra" del Gobierno para dilatar su tratamiento y lograr su objetivo: no sancionar ninguna ley sobre el tema.

Justo cuando la Cámara baja empezaba a debatir la medida, que establece la intervención estatal para regular los precios y lograr cierta estabilidad en el sector inmobiliario, el diputado de Unión Pro Daniel Lipovetzky presentó un nuevo proyecto, que se suma a los otros ocho que puso en discusión el gobierno. “Lo presentan porque les sirve discursivamente para la campaña, pero en realidad lo hacen para no aprobar ninguno”, denunció enfático a Página/12 Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, quien confirmó que ninguno de los tres redactores, ni Lipovetsky, Waldo Wolff, o Karina Banfi se comunicaron con la agrupación para discutir la nueva iniciativa.

"La media sanción obtenida en la Cámara alta fue aplaudida, votada y celebrada por todas las fuerzas políticas. Lamento que exista un sector preocupado por mantener la ilegalidad, que pretende continuar proyectando la inercia inflacionaria perjudicando a locadores y locatarios", expresó a Página/12 la senadora que presentó la iniciativa, quien advirtió también que los cambios propuestos por el ejecutivo "mantienen el status quo, perjudicando a los inquilinos" y también "contribuyen definitivamente a la especulación". 

El proyecto con media sanción fija los contratos de alquiler en tres años, en línea con los pedidos por las asociaciones de inquilinos, y contempla un mecanismo de actualización anual a través de un índice que elaboraría el INDEC sobre la base del promedio entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS).

"En el contexto recesivo en que vivimos, esta norma surge como una respuesta a la inflación, ya que los precios de las locaciones están directamente afectados por actualizaciones escalonadas, que además de ilegales, se traducen en un excesivo incremento de los alquileres a valores que en muchos casos superan el 100%", explicó García Larraburu.

El de Lipovetsky, sin embargo, deja en dos años la duración del contrato y establece que sólo se utilice el CVS para actualizar los alquileres, y exclusivamente para aquellos que no excedan las 840 unidades UVA que se usan para los créditos hipotecarios (actualmente equivale a 15.657 pesos). Con lo cual, el valor del alquiler para aquellos contratos que estén por encima de ese tope podrán seguir siendo acordados libremente por las partes. “Los propietarios van a intentar zafar de la regulación y eso generaría un alza de precios en todo el mercado”, advirtió Muñoz. García Larraburu, en el mismo sentido, resaltó que "sólo lograrían que se pidan alquileres más caros en detrimento de los inquilinos"

Pero además hay algo que genera más ruido todavía: la creación de un régimen de fomento para la construcción de viviendas para alquiler, según el cual los desarrolladores inmobiliarios podrán descontar de Impuesto a las Ganancias hasta un 60% de la inversión que hagan y de los montos cobrados por alquiler. Desde su cuenta de Facebook, el diputado del PRO celebró el nuevo proyecto y enfatizó: "Ya lo sabés: cuando se construye más, hay más empleo para todos”. 

"No se entiende cómo van a ayudar a los inquilinos. Es una maniobra para dilatarlo porque para el gobierno nacional no es el Estado el que regula los precios de los alquileres, sino el mercado. Como no pueden decir lo que piensan, escriben un proyecto donde intentan parecer estatistas y preocupados con párrafos que copiaron textuales de nuestro proyecto”, expresó Muñoz.

Larraburu, por su parte, destacó que "no se trata de una problemática entre inquilino y arrendatario, sino de un problema de quién maneja este mercado", y resolvió: "El Estado debe regularlo porque en torno a éste existen problemas económicos referidos a conflicto de intereses".