En cinco años, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 “fusilamientos por gatillo fácil”, le dijo a Página/12 María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi). Por su parte, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó el hecho de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya corroborado “sin chequear la información” difundida por la policía sobre el falso “enfrentamiento”. El CELS se presentó ante la Justicia para que se investigue a fondo el crimen de Lucas Gonzàlez, porque se trató de “una ejecución”.
A su vez, el Comitè Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó al gobierno porteño no sólo la sanción de los responsables del homicidio de Lucas sino que se tomen medidas de prevención “para evitar hechos” que se vienen repitiendo “desde la creación de la Policía de la Ciudad.
En un comunicado, el CELS señaló “el peligro de que los policías armen su relato”. Consideró que lo ocurrido con Lucas fue “una ejecución que intentó ser tapada como un enfrentamiento”. El informe inicial se conoció a través de la policía “sin ningún chequeo o intervención de la autoridad política”. El primer parte se conoció a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Esa versión fue difundida por varios medios de comunicación. Luego de un minucioso relato de la tergiversación de los hechos, el CELS recalcó que es necesario que las autoridades del Gobierno de la Ciudad “expliquen qué tareas estaban realizando este grupo de policías”. Recalcó, además, que la información que difunden las comisarías “no puede ser replicada sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales”. El CELS subrayó que hay una “una historia muy extendida” de “procedimientos ilegales” en operativos policiales fraguados que quedaron al desnudo en la investigación judicial realizada por Daniel Rafecas.
María del Carmen Verdú, de Correpi, consideró que “lo más importante de este caso es que (Daniel) Chiqui Tapia (titular de la AFA y del Club Barracas Centraal, en el que jugaba Lucas), levantó el tubo y llamó a todos los periodistas deportivos para contarles la verdad de lo que había sucedido y por eso, en horas se cayó la versión policial, sino hoy estarían hablando de la necesidad de reforzar la seguridad en Barracas y tener más policías”. Verdú sostuvo que “la historia de lo que pasó con Lucas, en Correpi la vemos dos o tres veces por semana, la diferencia es que la misma mañana, cuando teníamos el cable de Télam para chequearlo porque era un caso raro, al poco rato escuchamos por la radio que la versión policial era falsa”. Por esa razón, el crimen de Lucas será incorporado al informe 2021 de violencia policial que Correpi dará a conocer en diciembre.
La abogada de Correpi recordó que Rdolfo Walsh ya habló sobre las tareas ilegales de las “brigadas” policiales para “recaudar fondos” y cuestionó la justificación que se hizo al principio, en algunos medios, porque al auto en el que iban los chicos supuestamente era robado. “¿Y si fuera robado, se justifica que disparen como lo hicierono?”.
Luego Verdú se refirió a cómo se actualizan en forma permanente los informes de violencia policial que difunden todos los años. “Teníamos 411 casos de 2020, pero con los que nos enteramos u ocurrieron después de presentar el Archivo el año pasado, llegan a 537 los casos totales de fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución”.
Dijo, en relación al Informe 2021, que todavía no terminaron “la carga hasta la fecha de corte que es noviembre, pero hay chequeados hasta ayer (por el viernes) más de 400 casos totales, siempre de todas las modalidades y en todo el país.”. Le anticipó a Página/12 que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tienen registrados “121 fusilamientos de gatillo fácil de policía de la Ciudad, en un lapso de cinco años”, hasta el viernes 19 de noviembre del corriente año.
Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó “una pronta investigación (…) con estricto apego al Protocolo de Minesotta sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas de Naciones Unidas”. También pidió “la correspondiente sanción a los responsables, así como la inmediata adopción de medidas por parte de las autoridades políticas del Gobierno de la Ciudad” de Buenos Aires “para evitar la reiteración de esta clase de graves violaciones a los derechos humanos”. El Comité, en referencia a los policías que actuaron sin ninghún tipo de identificación, señaló que se trata de una “flagrante violación de la propia normativa policial de la Ciudad (ley 5688)”.
Agregó que es aún “de mayor gravedad” el uso de armas de fuego porque eso es “reflejó un notorio incumplimiento de los principios que rigen en la materia, en especial su carácter excepcional, como medida de última instancia”.
El Comité declaró que “este gravísimo hecho se suma a una serie de episodios de violencia institucional desplegados por la Policía de la Ciudad desde su creación”. Dijo que no basta con sancionar a los responsables y que es preciso “prevenir la repetición de esta clase de episodios y otros hechos de violencia institucional”.
