El 29 de agosto comenzará en Córdoba el megajuicio a cincuenta y ocho policías que serán juzgados por jurados populares por el acuartelamiento ocurrido en diciembre de 2013, en la capital provincial. Los uniformados, la mayoría aún en funciones, están acusados de desobediencia a la autoridad, instigación al delito, aplicación indebida de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según fuentes judiciales, dada la cantidad de imputados, aún falta confirmar el lugar donde se llevarán a cabo las audiencias.

El debate oral será dirigido por la Cámara 12 del Crimen cordobés, integrada por los jueces Gustavo Reinaldi, María Gabriela Bella y Mario Capdevila, y en principio se realizaría en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales. En tanto, la Unidad de Gestión de Audiencias (UGA) que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), será la encargada de encontrar para esa fecha un espacio suficientemente amplio como para albergar además de a los 58 policías: a los respectivos defensores, los representantes del Ministerio Público Fiscal y a los ocho integrantes de los jurados populares; también deberá contar con un lugar especial para los medios de prensa, según lo solicitado por los miembros de la Cámara 12.

De los 58 policías que llegan a juicio, 42 aun están en funciones, mientras que los otros 16 fueron expulsados de la institución. 

Miguel Ortiz Pellegrini, el defensor de 45 de los policías, explicó a PáginaI12 que “no hay pruebas” de las acusaciones. Fue un reclamo salarial que terminó con un aumento del 100 por ciento y, según el Código Penal, el producto del delito debe ser confiscado por la Justicia. Pero eso no ocurre, el producto fue el aumento de los sueldos del que se beneficiaron todos, incluso quienes los sancionan”, sostuvo el letrado.

En cambio, un tiempo atrás, el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, había considerado ante este diario que los policías “son responsables plenamente de los hechos que se les imputan. Las pruebas que me permitieron acusarlos son pruebas documentales. A través del seguimiento satelital de los móviles que estaban al comando de ellos se pudo establecer de forma indudable que habían dejado sus lugares de trabajo. Sólo acusé a quienes pude acusar con pruebas contundentes, categóricas, aunque está claro que hubo más policías involucrados”. 

En el debate oral se discutirán los hechos de la madrugada del 3 de diciembre de 2013 cuando un centenar de policías se acuarteló en el comando de acción preventiva (CAP) en Barrio Cerveceros, al sudeste de la ciudad,  por un reclamo salarial, en el que exigían un salario básico de 13.000 pesos, y que generó, durante un día y medio, una virtual zona liberada en la que se produjeron saqueos y destrozos en comercios de ropa, de electrodomésticos y supermercados de distintos barrios, además de un centenar de heridos.

Al levantamiento se sumaron esposas y familiares de los uniformados que impidieron la salida de los patrulleros que no se habían plegado a la medida. Algunos de ellos, también llegarán al juicio imputados por obstrucción de funciones a la policía. 

En el transcurso de ese día, también se fueron sumando a la protesta efectivos de Villa Carlos Paz, La Falda, Río Primero, Río Cuarto, Cosquín y Villa María. El levantamiento terminó congregando a unos tres mil uniformados de los 20 mil con que cuenta la provincia. 

El 4 de diciembre al mediodía, tras 35 horas de saqueos, el entonces gobernador De la Sota, que debió regresar de urgencia de Panamá donde se encontraba realizando una gira regional, anunció un acuerdo con los policías acuartelados. “Vamos por la ciudad, que es nuestra”, gritaron los oficiales del Comando de Acción Preventiva 5 de la capital al celebrar el aumento del salario.