“Resulta evidente que, dada la altura del año y visto el nivel de ejecución de las obras proyectadas informadas, existe un grave riesgo de repetición. Esto es: no está garantizado el acceso a agua segura para las comunidades de referencia, escenario en el que, consecuentemente, resulta previsible que se registren nuevas muertes de niñas, niños y adolescentes de estas comunidades, por causas evitables”.

El párrafo surge de un amparo colectivo que el 10 de noviembre pasado presentó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación ante el Juzgado de Minas de la provincia a cargo de Victoria Mosmann. La magistrada declaró su incompetencia para entender en el amparo, pero tras una apelación decidió sobre las acciones urgentes que solicitó la Defensoría para garantizar el abastecimiento de agua potable en las comunidades, la asistencia médica a la población pediátrica originaria y el acondicionamiento de los caminos para evitar que las comunidades queden aisladas. 

La jueza entendió que el pedido de la Defensoría era indeterminado, lo que se podía hacer era poner en afiches en idioma originario los datos de funcionarios y referentes indígenas con quienes comunicarse ante una emergencia. Esto será “mientras dure este proceso respecto de las niñas, niños y adolescentes de las comunidades de pueblos indígenas de los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, referidas a su salud, y en particular salud alimentaria, acceso al agua y a una atención sanitaria oportuna y adecuada”. Mientras, en la zona son más de 7.500 los niños y niñas en riesgo nutricional.

En su resolución, del 19 de noviembre, Mosmann entendió que la Defensoría no determinó específicamente a quienes se debe abastecer de agua y salud y cuáles caminos se deben arreglar. Ante ello, dispuso que en cinco días el gobierno provincial designe a una persona que centralice la gestión de urgencias en las comunidades y pase sus datos al Tribunal. 

La magistrada también ofició al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), al que le solicitó los datos de quienes encabezan las comunidades (niyat o mburuvicha -caciques). E indicó que una vez obtenida esta información, se deberá informar a las comunidades a través de afiches con traducción a los idiomas de cada Pueblo los datos de estos representantes con el fin de evacuar las urgencias que puedan surgir. Y es que para la jueza es “procedente ordenar un procedimiento que permita que los derechos reclamados puedan hacerse efectivos evitando circunstancias de falta de coordinación o desgaste de tiempo en cumplir pasos burocráticos que puedan ser inconducentes acarreando afectaciones de derechos”.

Más de 7500 niños con riesgo nutricional

Según los datos que surgen del amparo, y que a su vez fueron elaborados con informes oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, más de 170 niños y niñas de hasta 5 años fallecieron en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín entre enero de 2020 y junio de 2021.

“De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de Salta, en el primer cuatrimestre de 2020 se reportaron un total de 113 casos de mortalidad infantil, en la región sanitaria norte. El 59 por ciento de estas muertes corresponden a los Departamentos que nos ocupan, a saber: 30 casos del Departamento de San Martín, 20 en Orán y 17 en Rivadavia. Para el tercer cuatrimestre de 2020 el Ministerio de Salud informa 41 niños fallecidos en los departamentos de la zona de referencia. Treinta y seis niños fallecidos han sido reportados en la Zona Sanitaria Norte, en el primer cuatrimestre 2021. Para el mes de junio 2021, según idéntica la misma fuente y en la misma región, se registraron 21 niños menores de 1 año fallecidos y siete 7 niños entre 1 y 5 años fallecidos”, detalla el amparo.

El dato que más preocupa por la incidencia que pueda tener es que “para el segundo trimestre 2021, 1746 niños menores de 6 años presentan alguna alteración antropométrica y/o nutricional. Entre ellos el 37 por ciento corresponden a pueblos originarios, residiendo el 80 por ciento en los departamentos declarados en emergencia socio sanitaria (Orán, San Martín y Rivadavia)”. En ese lapso “encontramos que entre los niños y niñas de 0 a 5 años que habitan en la Zona Sanitaria Norte -a la cual pertenecen los tres departamentos que nos ocupan- 7543 tiene riesgo nutricional, 470 bajo peso y 44 muy bajo peso”.

También tomando el informe de Salud, la Defensoría de NNyA sostiene en el amparo que “en relación con las causas de muerte infantil temprana, en 2017 el Ministerio de Salud identifica, entre las diez primeras, patologías relacionadas con el bajo peso de las/os niñas/os o de sus madres”. En enero y febrero de 2020 se identificaron 855 niños y niñas de hasta 5 años con bajo peso, de los cuales 108 presentaban muy bajo peso. Particularmente, en los departamentos de San Martín y Rivadavia, según las estadísticas provinciales, 170 niños, niñas o adolescentes se encontraban malnutridos por bajo peso en 2020.

La Defensoría destacó que Salta presenta una tasa de mortalidad infantil de 10,6 por mil nacidos vivos de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas en 2018, superando a la media nacional, que es de 8,8 de acuerdo al INDEC. En Rivadavia la tasa de mortalidad infantil asciende al doble ubicándose en 18,9 por mil nacidos vivos. En 2018 el Ministerio de Salud provincial registró a 1640 niños y niñas de 0 a 5 años con desnutrición, de los cuales más de la mitad (768) se encuentran en la zona norte de la provincia.

La niñez en “la cima del riesgo ambiental”

“La presión sobre el territorio, producto del desmonte y avance de la frontera agrícola, combinada con la inseguridad jurídica sobre la propiedad comunitaria de los territorios que habitan, han ido alterando y reduciendo progresivamente las alternativas de acceso a una alimentación saludable. Ello, en combinación con la falta de acceso al agua, impactan seriamente en la salud de las familias que habitan la zona”, sostiene en otra parte el amparo presentado. “Los 3 departamentos referidos, están en la cima de riesgo ambiental en materia de niñas, niños y adolescentes en nuestro país”, sentenció.

En los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, donde “se concentra la tasa más alta de deforestación, cuentan con una población de aproximadamente 117.000 niños y niñas de 0 a 14 años expuestas a las consecuencias que esto trae”. Y están entre los departamentos de más riesgo identificados, a partir de la superposición de 10 mapas de riesgo.

De este análisis surge que los departamentos San Martín y Rivadavia muestran el mayor nivel de riesgo por superposición de amenazas. Las variables con mayor peso fueron las asociadas al riesgo de chagas, dengue, deforestación, sequía, saneamiento básico insuficiente y actividad petrolera.

Instancia agotada

La Defensoría indicó que el 20 de noviembre de 2020 mantuvo reuniones con funcionarios provinciales y desde antes también, dado que la situación de las infancias originarias en general y la wichí en particular fue uno de los temas prioritarios a monitorear desde ese organismo, y afirmó que los intercambios “dejaron ver un repertorio de iniciativas fragmentarias y superpuestas de acciones, una multiplicidad de espacios solapados e inconexos de intervención, sin coordinación estratégica y diagnóstico que oriente las mismas”. 

Ya en febrero de 2021 se realizó una visita al territorio. “Recorrimos diversos lugares donde pudimos constatar que, si bien se estaban llevando a cabo grandes esfuerzos por parte de algunas funcionarias y áreas, la respuesta provincial seguía siendo insuficiente para abordar la problemática del agua y la salud de manera integral dado que las intervenciones resultan desarticuladas y fragmentadas sin la presencia de otras áreas de Gobierno”. También se indicó que entonces se mantuvo “una reunión con el Gobernador (Gustavo Sáenz), a quien le manifestamos nuestra profunda preocupación acerca de la situación relevada, los desafíos pendientes y la necesidad de que otras áreas de gobierno intervengan para revolver cuestiones estructurales. Asimismo, se le informo la creación y funcionamiento de las mesas de articulación que se han venido promoviendo”.

“Considerando el tiempo transcurrido y dada la persistencia de la situación y la inminente época estival, en el mes de agosto del 2021, desde la Defensoría se volvieron a efectuar pedidos de informes a los cinco Ministerios involucrados (…). Pese a la gravedad de las circunstancias por las que fueran requeridos, y la obligación, de toda entidad y organismo público o privado, de colaborar con los requerimientos de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a la fecha sólo respondieron el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social”, indicó.

Ante todo lo expuesto la Defensoría de NNyA sostuvo: "Nos vemos en la obligación de requerir la tutela jurisdiccional pertinente para que se garanticen con la urgencia la vida de las niñas y los niños. Se ha agotado la instancia de solicitud de información”.