Agentes del Organismo de Investigaciones (OI) que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizaron ayer un procedimiento en las oficinas que el Ministerio de Seguridad provincial tiene en Rosario y Santa Fe, a raíz de una investigación que realizan los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, Ezequiel Hernández y Mariela Giménez, quienes buscaban evidencias referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información. "No es una situación de allanamiento, es un procedimiento donde vinimos solamente a requerir documental, recabar cierta evidencia", dijo el fiscal Hernández a este diario mientras supervisaba el procedimiento en la oficina del Ministerio de Seguridad ubicada en la sede de Gobernación. Los efectivos secuestraron computadoras y teléfonos celulares, entre ellos el del secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y de al menos otros dos funcionarios de la cartera, todos vinculados a Marcelo Sain. El allanamiento coincidió con las últimas horas de esos funcionarios en sus cargos. Una alta fuente del gobierno provincial confirmó que el jueves todos los funcionarios cercanos al ex ministro de Seguridad presentaron sus renuncias y las mismas habían sido aceptadas por el actual ministro Jorge Lagna y el gobernador Perotti.
El ministro Lagna se presentó ayer cuando se estaban realizando los procedimientos y, según aclararon desde el MPA, brindó la colaboración debida con la medida judicial. Sin embargo quienes estaban a cargo le indicaron que el operativo no lo alcanzaba a él.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación, "las tareas de los fiscales consistieron en solicitar documental de interés para investigaciones que están llevando a cabo referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información".
El fiscal Hernández dijo anoche, ya terminados los procedimientos, que no se trató de allanamientos porque se trata de oficinas públicas y que no se habían dispuestos detenciones. "Hubo secuestro de algunos dispositivos de almacenamiento a diversos funcionarios. Vamos a evaluar toda la documental secuestrada y solicitar el acceso a los dispositivos y a partir de ahí evaluar los pasos a seguir", dijo.
Sobre el espionaje ilegal, Hernández señaló que "es un delito que esta penado por la ley que se refiere a acumular información de personas fuera de las previsiones legales.
La Fiscalía Regional Santa Fe tenía bajo investigación desde 2020 la adquisición de armas y tecnología, en una compra multimillonaria que fue impugnada por uno de los oferentes. El planteo se hizo en la Justicia, que en ese momento suspendió la licitación bajo la sospecha de que los pliegos de bases y condiciones excluían a posibles competidores por los requerimientos técnicos que exigía. Horas antes, y con un dictamen de la Fiscalía de Estado, el propio gobernador Perotti frenó el proceso licitatorio.
En cuanto a lo que el MPA describe como "maniobras ilegales en la recopilación de información", en la práctica significa que los fiscales investigan si en áreas del Ministerio de Seguridad al mando de alguno de los funcionarios renunciados se realizaban tareas de espionaje bajo órdenes del ex ministro, en violación de la ley nacional de inteligencia.
Desde el año pasado legisladores de la oposición y senadores del peronismo enfrentados con el gobernador deslizaron en varias oportunidades, incluso en las sesiones, la sospecha de que en la provincia se estaban realizando tareas de espionaje sobre políticos, periodistas y funcionarios judiciales.
El Ministerio de Seguridad atravesaba hace varias semanas una fuerte interna entre el ministro Jorge Lagna y los funcionarios que llegaron hace dos años de la mano de Sain, todos bonaerenses y porteños.
Cuando renunció al cargo, Sain apostó a mantener el control de la cartera a través de las áreas clave en las segundas y terceras. A medida que pasaron los meses la convivencia con Lagna se complicó. En los últimos días crecían los versiones dentro del gobierno que indicaban que si no se iban los colaboradores de Sain, Lagna no estaba dispuesto a continuar. Y por el otro lado, esperaban que después del 10 de diciembre el secretario de Seguridad Germán Montenegro fuese designado ministro. En esa fecha cumplía el requisito constitucional básico de dos años de residencia en la provincia para ejercer el cargo.
Uno de los teléfonos secuestrados ayer por la fiscalía es el de Montenegro. Junto con él dejan el Ministerio el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas; el subsecretario de Prevención y Control Urbano Alberto Emilio Mongia; el subsecretario de Seguridad Preventiva Diego Lluma; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal Héctor Coqui Gallardo, entre una decena de funcionarios que ayer tuvieron su último día de trabajo en Santa Fe.
