En el gobierno provincial reconocen que las últimas dos semanas -especialmente la finalizada ayer- han sido las más difíciles desde la llegada a la Casa Gris. Ni siquiera en los momentos más angustiantes de la pandemia se había vivido una tensión similar. Algunos ensayan una explicación entorno a que no hubo "crisis sanitaria" -más allá del número de casos y víctimas fatales- ya que el sistema de salud estuvo a la altura de las necesidades. En este caso, hay una indisimulable crisis respecto a la seguridad pública y la respuesta del gobierno no ha estado a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Se presentan múltiples teorías pretendidamente justificatorias, con factores concurrentes, la mayoría atendibles, pero en cualquier caso, transcurrida la mitad del mandato de Omar Perotti aquel slogan de campaña "ahora la paz y el orden" fue arrasado por los hechos. Al enrarecido clima provocado por las balaceras y la narcocriminalidad, se agrega ahora el manto de sospecha sobre la cartera que debía ocuparse del tema. Frente a esta situación, el Gobernador Omar Perotti intentará recuperar la iniciativa política ratificando a su actual Ministro Jorge Lagna y propiciando algunos cambios en diferentes carteras para completar su mandato.
Desde el gobierno sostienen que "no se le concedieron a la gestión las herramientas necesarias para poder transformar la realidad", lo cual es cierto si eso refiere al rechazo de las leyes que se estancaron en la Legislatura -especialmente en el Senado donde el peronismo tiene una holgada mayoría de representantes que ingresaron a la Cámara en la boleta del Frente de Todos- . A partir de eso, la batalla "sin cuartel" entre diferentes facciones internas que provocó -entre otras cosas- la salida del ministro de Seguridad Marcelo Sain del gabinete, y posteriormente su destitución de la oficina de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación en un trámite objetado por la justicia. Ahora Sain será requerido por la justicia provincial ya que se lo investiga por dos cuestiones paralelas: La fallida compra de armamento para la policía al Estado de Israel, y el “espionaje" a políticos, periodistas, sindicalistas y otras figuras de la vida pública, según fuentes de fiscalía que aseguran además tener "evidencia suficiente para avanzar en la imputación" tanto del ex ministro como sus principales colaboradores. En los máximos niveles del Poder Judicial se da por descontado que en cuestión de horas será sorteado el juez que intervendrá en ambas causas y se avanzará en las imputaciones y otras diligencias. Los operativos del viernes, encabezados por el Fiscal de delitos Complejos, que viajó desde Santa Fe a Rosario, no constituyeron "allanamientos" ya que técnicamente no es el procedimiento en las dependencias públicas, pero sí motivó el secuestro de abundante documentación y teléfonos celulares y computadoras de los principales funcionarios que ya habían presentado su renuncia horas antes y que según los pesquisas "estaban destruyendo documentación".
Las versiones de más de un millar de carpetas con informes sobre diferentes personas públicas, cifra que en algunos casos es aumentada, es una versión que va cobrando cuerpo a poco de surgir algunos nombres propios y conocerse lo que será seguramente una andanada de presentaciones judiciales. Del mismo modo, no tiene precedentes que se secuestre el el celular y la computadora de un vice Ministro, tal el caso de Germán Montenegro y otros cinco funcionario del staff que desembarcó con Sain y que tenía planes de trasladarse a la gestión nacional para acompañar al recientemente designado "asesor" de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El escándalo que sacudió la sieste rosarina del viernes sorprendió a las autoridades provinciales, al punto de que el Ministro Jorge Lagna llegó en pleno accionar del fiscal y sus colaboradores y se puso a disposición, inclusive ofreció entregar su teléfono. Lagna no tenía una buena relación con Sain, y en las últimas horas fue ratificado por el Gobernador que tiene previsto para mañana una nueva reunión con diferentes actores para discutir la nuevas medidas que se tomará especialmente en Rosario. En ese sentido, además de la Mesa Provincial, con Intendentes de la región y jefes de las distintas fuerzas, está previsto un encuentro con los diferentes bloques con representación parlamentaria de la Cámara de Diputados, y también en el inicio con las autoridades del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el presidente pro tempore Rubén Pirola y el Presidente de la comisión de Seguridad, Rodrigo Borla.
En el cercanías del Gobernador están convencidos de que la convocatoria debe ser "amplia y constructiva" y en un contexto diferente para los próximos dos años. Ese contexto no es el ideal ni el esperado, Perotti ya sabe que no va a tener las leyes que impulsó en su momento con Sain, y se esperanza que al menos ahora le voten la de "Emergencia en seguridad" que ya tuvo un desaire en el Senado. Esto puede ser leído como una capitulación especialmente frente a los sectores internos que están "cruzados" con el Gobernador más algunos sectores de la oposición, sin embargo desde la Casa Gris se lo presenta como "un esfuerzo necesario que permitirá ver quien está comprometido en solucionar los problemas reales y quiénes siguen pensando en sus propios intereses" resumió una alta fuente del gobierno.
Perotti prefirió no formular declaraciones sobre el tema de los procedimientos pero instruyó a sus colaboradores para que dejen en claro que sus esfuerzos están puestos en poder revertir esta situación que un Ministro definió diciendo que "le pueda pasar cualquier cosa a cualquiera en cualquier lugar". El diagnóstico se ajusta a lo que viene ocurriendo en Rosario hace años y que se acentuó ahora por motivos que los propios fiscales que investigan las balaceras no terminan de identificar. La teoría más firme es que hay una intención manifiesta de desestabilizar al gobierno y para ello "se contratan servicios criminales", según dijo uno de los fiscales actuantes al periodista de Rosario/12 José Maggi. En los despachos oficiales había en las últimas horas un moderado grado de optimismo a partir de algunos procedimientos realizados en las últimas horas y pistas más firmes para esclarecer los sucesos de la semana que pasó. Sin Embargo el procedimiento del viernes en la sede rosarina del Ministerio de Seguridad enturbian el panorama. "Cómo nos iba a ir bien en el combate contra la delincuencia, si desde el ministerio se dedicaban a ver qué hacían sindicalistas, periodistas, jueces, mientras las bandas copaban la ciudad" dijo a éste cronista un dirigente opositor en una simplificación de difícil refutación. El veterano funcionario descuenta que "Perotti no está en esto", pero carga impiadosamente contra Sain, a quien responsabiliza de lo que por el momento son versiones crecientes y apunta que "además de ésto que se está investigando ahora, Rosario tuvo 7 jefes diferentes de policía en 20 meses, y terminó interviniendo la URII la jefa de la provincia".
Como contracara, cerca del despacho del Gobernador no descartan que se haya montado "una operación para desbancar a Sain en posible desembarco pero desde la fuerzas federales". La hipótesis en el contexto de la reyerta inacabable con el sector del peronismo que se referencia con Armando Traferri -que tiene sólidos vínculos con funcionarios alto rango del Poder Judicial- y sus "socios" de la UCR en la Cámara alta. Esa especulación no sólo transformaría un procedimiento judicial y sus protagonistas en un instrumento de la interna del partido del gobierno, sino que debería demostrar que las carpetas de las que se hablan con datos de espionaje no existen. A esta hora ni el más optimista dentro del gobierno cree eso, y se preparan para pilotear un escándalo de derivaciones todavía desconocidas. Al punto que la causa original de la lupa puesta en la gestión Sain -compra de armamento- que fue abortada por un trámite administrativo luego de un dictamen adverso del Tribunal de Cuentas, pasó a un segundo plano.
Mañana van a surgir novedades de todo tipo. Especialmente si se designa a un juez para la investigación, cosa impostergable para "abrir" los teléfonos y computadoras secuestradas, y eventuales imputaciones. En paralelo habrá reunión de la Mesa de Seguridad, y se avanzará en el árido terreno legislativo en el que el gobierno siempre operó en minoría. Un panorama complejo, que podría definirse como "la tormenta perfecta".
