Este domingo se celebra el Día de las Madres en República Dominicana, desde inicios del mes en las instituciones y en la calle se percibe propaganda que invita al consumo para conmemorar lo que a todas luces es un día sagrado para la sociedad dominicana. Editoriales de periódicos desde ya anuncian esta fecha como parte fundamental de nuestra cultura, por ser una de las fiestas más celebradas para rendirle culto a ese símbolo de amor puro y verdadero que es la madre.

El pasado lunes 21 de abril comenzó la aplicación del nuevo protocolo migratorio adoptado por el gobierno dominicano, agentes migratorios irrumpieron en más de 33 centros de salud, incluidas maternidades, jornada que terminó con la deportación de más de 87 madres y mujeres negras de ascendencia haitiana en estado de gestación y en labor de parto, acompañadas de 48 menores de edad en las primeras jornadas. Esto entra en contradicción con el propio Reglamento de Ampliación de la Ley General de Migración que establece en su artículo 134 que “la detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”.

A un mes de la puesta en marcha de las medidas migratorias más racistas de las últimas décadas como respuesta a la Marcha de Friusa, las consecuencias son fatales, ha habido una reducción de hasta el 40% de las personas negras y de ascendencia haitiana que buscaban atención médica en los hospitales públicos por temor a ser deportadas. Tal es el caso de Lourdia Jean Pierre, una mujer negra haitiana de 32 años, quien murió desangrada en El Seibo, después de haber dado a luz sola en su casa. A Lourdia Jean Pierre la mató el racismo de estado.

Los medios de comunicación pagados por las élites políticas y económicas nacionales han contribuido a alimentar el relato hipócrita de que “las restricciones de salud a las madres negras y de ascendencia haitiana mejoraran las condiciones del sistema público de salud”, por esto están normalizando la violencia y el abuso contra esta población. En las redes sociales constantemente emplean términos como el de “invasión de vientres” y “paridoras” términos que además de arrastrar un fuerte componente de racismo y misoginia, acarrean el lenguaje de animalización para deshumanizar y construir una percepción constante de peligro en mujeres negras trabajadoras que buscan atención médica en un sistema que las relega a la sub-humanidad.

El accionar del gobierno dominicano tiene sus orígenes en el racismo antinegro y antihaitiano que han impuesto históricamente las élites nacionales y que hoy promueven la peligrosa idea de un conflicto binacional inexistente. El discurso ¿acaso no soy una mujer? pronunciado por la activista afroestadounidense Sojourner Truth en 1851 cobra un sentido desbordante en este contexto, ¿acaso no son madres?, ¿acaso no merecen nuestra empatía?, ¿acaso no merecen ser atendidas en condiciones dignas?.

Y es que cuando hablamos de mujeres negras, estamos hablando de mujeres ubicadas en el último eslabón de privilegios, atravesadas no solamente por el género, sino además por la raza, la clase, la geografía, la nacionalidad, etc. Feministas negras y del sur global han analizado la condición específica de las mujeres negras, construidas como sujetos sin agencia, subalternizadas, tan fuertes que pueden soportar cualquier dolor y consideradas histéricas o locas cuando hablan. La representación de la mujer negra en el ámbito político y social suele estar en el ámbito de la negatividad, por lo que resulta conveniente construirlas como amenaza, lo peligroso y el enemigo, para disipar las violencias y deficiencias históricas y estructurales que se configuran en el estado dominicano.

Estas medidas lejos de alumbrar una solución “sigue perpetuando el esquema de corrupción e impunidad e incluso trata de personas, que no busca la regularización sino hacer negocios con las deportaciones” como apuntó Roudy Joseph del Colectivo Haitianos RD a la Deutsche Welle. Políticas de crueldad, cacería y blanqueamiento que ahora ponen en riesgo la vida de más de 30 mil personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que nunca han podido acceder a documentos por las dificultades sistémicas impuestas.

Está claro que limitar el acceso a la salud estableciendo requisitos discriminatorios viola los derechos universales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las leyes generales y la propia constitución dominicana, pero cuando se trata de mujeres negras y personas negras debemos preguntarnos, ¿quiénes cuentan como humanas?, ¿quién entra en la categoría sujeto de derecho?. Aunque en las sociedades colonizadas se instauraron estados nacionales, las jerarquías siguen intactas, la etiqueta racial “blanco” o “europeo” se construyó como superior, siempre ligado a la humanidad desde su invención, por lo tanto persona sujeta del Derecho a quienes estuvieran dentro de este grupo. Por el contrario, la etiqueta “negro” o “africano” se construyó como la base de esta jerarquización, y fue concebida como lugar de la no humanidad, lo cual constituye a sus miembros en “cosas” u “objetos del Derecho”, susceptibles de apropiación.

¿Quiénes cuentan como humanas?, cuando personajes como Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía en su momento como senadora del Distrito Nacional se hizo eco de la demanda de los grupos feministas por la inclusión de tres causales de interrupción del aborto en el código penal, como una deuda de la democracia dominicana con “las mujeres” y su “dignidad”. En la acepción de humanidad que Faride, el gobierno y la sociedad predican estas mujeres simplemente no entran. Así como la Iglesia se vio obligada a crear una noción normativa de “humanidad” congruente con sus doctrinas teológicas, que pudiera justificar el exterminio de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se llevaba a cabo durante la colonización, el gobierno dominicano busca instalar en el imaginario nacional una idea de la mujer que puede ser vejada, maltratada y torturada al grado de negarles atención médica y montarlas en una camiona en situación de extremada vulnerabilidad por el hecho de haber nacido negras.

El deterioro del sistema hospitalario en República Dominicana no se debe a las mujeres negras haitianas, se debe al bajo presupuesto asignado por el estado y a la privatización del sector salud. República Dominicana es uno de los países que menos invierte en salud en la región latinoamericana. El gasto público en salud de República Dominicana para el 2023 fue de apenas un 2.7% (el segundo más bajo después de Guatemala), según estudios realizados por Wifor Institute y Sanigest International. Según la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo se debería destinar el 4.5 % del PIB a la Salud, pero en 2024 la inversión no superó el 2%.

Otro mito es la carga que representan para el estado dominicano. Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), la población inmigrante haitiana aporta un 7.4% al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana. Este dato subraya que su contribución económica es 16 veces mayor que el gasto público destinado a servicios para esta población. Muchas trabajadoras de ascendencia haitiana, se dedican a los cuidados y al trabajo doméstico en condiciones de esclavitud y sin posibilidad de acceder a la seguridad social. Criminalizar y perseguir a mujeres negras que aportan cada día con su trabajo a nuestra economía es un acto de crueldad, mientras se protege y resguardan privilegios a las élites blancas que mantienen el saqueo, el empobrecimiento y la exclusión de las mayorías.

“Si las mujeres negras fueran libres, eso significaría que todo el mundo sería libre, ya que nuestra libertad requiere la destrucción de todos los sistemas de opresión”. Manifiesto Río Combahee, 1977.

*Activista afrofeminista y fundadora del colectivo antirracista Aquelarre Bonao.