Los policías que tomaron conocimiento de lo que pasó la madrugada del 8 de noviembre, cuando Lautaro Rosé y sus amigos fueron perseguidos por policías correntinos que les disparaban balas de goma, prestaron declaración testimonial ante la Justicia. "Todos coinciden en la existencia del hecho, pero seguramente por algún pacto de silencio dicen que no recuerdan a las personas que estaban en el lugar. Nosotros estamos convencidos de que sí saben", explicó a Página12 Hermindo González, abogado de la familia. Del grupo inicial de 11 policías imputados, dos quedaron descartados porque no estaban en el lugar. Con la revisión de los GPS de los patrulleros ahora los investigadores están precisando esa lista. 

Mientras el barrio Trujillo se llena de murales y de altares con su rostro, que van construyendo una memoria que resiste, en Tribunales la causa avanza lentamente. Fueron citados como testigos su madre Juana Luz Sotelo, y su hermano Matías Rosé, que fue quien encontró las zapatillas de Lautaro un día antes que apareciera su cuerpo sin vida en la ribera del Paraná, a la altura del barrio Vírgen de los Dolores, el 10 de noviembre. La madrugada del lunes 8 Lautaro estaba con un amigo, menor de edad, a quien la policía golpeó y pateó mientras él pedía ayuda. Ese joven se convirtió en un importante testigo y las autoridades judiciales y de la fiscalía, en conjunto con el abogado querellante, están en comunicación con uno de los programas nacionales de asistencia. Pero no prestará declaración testimonial hasta que no reciba apoyo psicológico. También declaró otro de los hermanos y uno de sus tíos.

Los oficiales acusados pertenecen al G.I.R (Grupo de Intervención Rápida), al GRIM (Grupo de Respuesta Inmediata Motorizado) y a la Comisaría 12, y declaran ante el juzgado de instrucción 3 de la ciudad de Corrientes, a cargo de Josefina Cabañas González. A pesar de los pedidos de la querella familiar para que se les dicte la prisión preventiva, todos siguen en libertad acusados por el fiscal Gustavo Robineau de amenazas --al menor de edad le dijeron que se mantuviera callado sobre lo que había visto--, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. "Estamos muy próximos a determinar las responsabilidades de cada uno, y con ello aspiramos a que lleguen las detenciones", explicó el abogado.

Lautaro Alexander Rosé tenía 18 años, iba a cuarto año de la secundaria, era de Boca, jugaba al fútbol e iba a ser el primero de su familia en continuar sus estudios, probablemente en la Marina Mercante. Además, colaboraba en el merendero de su barrio Abuela Rosario, del Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, donde era puntual a la hora de hacer el fuego o preparar tortas fritas para los pibes y pibas que concurrían. La noche del domingo 7 había ido a pasar el rato a la Costanera sur, un sector donde los correntinos buscan el fresco de la orilla del Paraná. Esas playas antes públicas, están privatizadas de facto desde que se instalaron boliches en la arena, y son frecuentes las corridas porque tanto la policía como custodios privados "sacan a los pobres para que entren los ricos", como afirman los vecinos del cercano barrio Trujillo (Galván II). Esa trampa mortal se cobró la vida de Lautaro, tal como sucedió en 2014 con Mariano Barrientos, que desapareció tras una razzia y apareció sin vida diez días más tarde en el mismo lugar que Lautaro.

Las marchas para exigir justicia por el joven siguen recorriendo las calles del centro de Corrientes capital, sin menguar su concurrencia, que para los parámetros de esa provincia, es muy alta. Es que el caso de Lautaro Rosé conjugó muchos otros de violencia institucional que acumulan bronca en familias y vecinos por su estado de impunidad. "Ellos están para cuidarnos, no para matarnos; nosotras las mamás no traemos hijos al mundo para que ellos nos los quiten", dijo con bronca ante los micrófonos de la prensa la mamá de Lautaro, en referencia a los policías correntinos.