Una nueva autopsia realizada al cuerpo de Alejandro Martínez, quien murió en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú, por cuyo caso hay nueve policías detenidos, determinó que la víctima recibió golpes compatibles con patadas efectuadas con borceguíes y tonfas policiales.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia estatal Télam que este segundo estudio médico forense confirmó los resultados del primero e, inclusive, estableció que el cuerpo tenía la nariz quebrada, algo que no había sido indicado en aquel análisis inicial.

La primera autopsia había determinado que Martínez, de 35 años, había muerto como consecuencia de una "asfixia mecánica" y que había sufrido numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

Virginia Creimer, médica legista, forense y perito de la familia Martínez, dijo que la nueva autopsia "confirmó la abrumadora existencia de lesiones" que no solo fue constatada por ella y su equipo, sino también por los peritos de la Policía bonaerense.

"Dijeron literalmente 'está recagado a palos', en varias oportunidades", aseguró la especialista.

Creimer señaló, además, que las lesiones encontradas en el cuerpo de Martínez son "características propias del modus operandi de la Policía bonaerense", ya que en el dorso y en los brazos había marcas "del borde de la suela de un borceguí".

"Se encontraron nuevas lesiones vitales y recientes en el cuero cabelludo, en la parte dorsal y frontal", denunció la especialista, quien solicitó que la autopsia se realice bajo el Protocolo de Minnesota.

Ese protocolo dejó al descubierto que en toda la región lumbar existían lesiones vitales traumáticas compatibles con golpes directos sobre la superficie corporal con elementos similares a las tonfas que utilizan los policías bonaerenses.

Martínez "claramente fue sometido a numerosos traumatismos, a una violencia extrema, a distintos golpes, que entre ellos, le producen la fractura intercostal derecha, lo que provocó una asfixia que lo llevó a la muerte", agregó Creimer.

"En definitiva, el nuevo acto médico solo arrojó mayor luz sobre la responsabilidad de la fuerza de seguridad en la muerte de Martínez", concluyó.

El segundo examen fue solicitado por el fiscal Pablo Mascioli, a pedido de las defensas de los nueve policías imputados y detenidos: Paola Mansilla, Christian Rohr, Carla Abigail Cantarella, Evelyn Aldana Garófalo, Maximiliano Munche, José Carlos Pereyra, Miguel Boulos, Sandro Wilfredo Sandro y Laura Chiarullo.

Todos ellos están imputados de "homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido por miembros integrantes de una fuerza de seguridad, abusando de sus funciones o cargos".

Miguel Molina, abogado de la familia de Martínez, dijo que se propone "determinar los autores penalmente responsables del hecho, tanto por acción como por omisión y quiénes pueden haber sido encubridores".

El crimen

Martínez murió la madrugada del 18 de noviembre, luego de que fuera detenido por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente y fuera trasladado a la comisaría 3ra, donde fue hallado sin vida poco después.

Tras la primera autopsia, el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar del Ajó, solicitó la detención de los nueve policías, a quienes indagó en los días posteriores.

Ocho de ellos se negaron a declarar, y la única que aceptó hacerlo aseguró que intervino en la detención tras recibir la información de que el hombre "había hecho destrozos en la habitación del hotel" y "en todo momento decía incoherencias".

La mujer dijo que trasladaron a Martínez "alterado" a la seccional, que agredió "a patadas" cuando lo bajaron del móvil y que fue cargado entre tres efectivos "porque forcejeaba todo el tiempo".

Aseguró además que luego del ingreso del hombre a la comisaría, ella se retiró del lugar: "Continuamos la recorrida, salimos los dos móviles a cubrir nuestra cuadrícula. Nosotros nos enteramos del deceso porque un rato más tarde nos piden que bajemos a la comisaría y nada más".

Tras las indagatorias, la causa fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del partido de La Costa, su fiscalía natural, a cargo del fiscal Prieto, quien pidió licencia, por lo cual la investigación quedó a cargo de Mascioli.