A partir de la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la provincia de Buenos Aires comenzó a formar equipos para su cumplimiento en los municipios. Sin embargo, en muchas localidades la recepción de las solicitudes es irregular debido a la poca difusión sobre el acceso a este derecho, a la falta de profesionales de la salud que garanticen la práctica en algunos territorios y a las disposiciones dentro del sistema de salud sobre cuándo los abortos pueden ser ambulatorios y cuándo con internación hospitalaria. Esta situación habilita a realizar una cantidad de derivaciones a hospitales regionales que generan irregularidades que se contraponen al cumplimiento de la ley, como lo que le ocurrió a Rocío, entre los meses de junio y julio de 2021.
Rocío (su nombre real es otro) es una adolescente de 16 años que vive en una localidad a 250 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca y que se comunicó con la colectiva socorrista Bahía Rosa porque quería abortar. Como el de Rocío, esta grupa recibe llamados de personas de más de veinte localidades aledañas que solicitan información para interrumpir embarazos. La adolescente se comunicó a la línea pública de esta colectiva y contó que estaba atravesando un embarazo de 15 semanas que había confirmado mediante una ecografía. También les dijo que había obtenido el contacto de ellas través de una colectiva feminista de su localidad, que le facilitaron el número de teléfono.
Rocío, alumna de una escuela secundaria, le comentó a la colectiva que ni su padre ni su madre estaban al tanto de su embarazo y que tampoco quería que supieran de su decisión de abortar. También sabía que el profesional a quien tenía que solicitarle la IVE, era su ginecólogo particular, que se declaraba objetor de la práctica. Por eso, decidió buscar otras alternativas y junto a la colectiva feminista de su localidad, logró que el director del hospital de una ciudad cercana le realizara una ecografía, previa entrevista con una psicóloga.
Rocío finalmente concretó la solicitud de IVE y pasados unos días, una ginecóloga de esa institución se comunicó con ella. Le dijo que debido a la cantidad de semanas de gestación no iban a poder realizarle la interrupción ahí. Y le dieron una fecha de internación en el hospital regional de Bahía Blanca para que acceda a la ILE. Le dieron esa fecha pero omitieron todo tipo de información acerca del procedimiento: tiempos de internación, método de aborto, elementos necesarios de cuidados personales, etc. Además, Rocío tenía que resolver por sí misma el traslado desde su casa hasta una localidad a 50 kilómetros, donde la esperaría un auto que completaría el traslado hasta Bahía Blanca. Emprender un traslado a 250 kilómetros complejizó las cosas.
Rocío fue sola hasta el centro de salud donde la esperaba un remis que completaría el traslado hasta Bahía Blanca. En su casa, había avisado que no volvería a dormir porque se quedaría en lo de una amiga. Ante esta situación de soledad y vulnerabilidad en la que se encontraba Rocío, el acompañamiento de la colectiva Bahía Rosa estuvo centrado en estar cerca durante el proceso de la interrupción en el sistema de salud, con contención e información.
El 5 de julio de 2021 era el día de la internación. A las 8:30, Rocío ingresó al hospital regional de Bahía Blanca y se quedó en una habitación. A las 10:40, le dieron la primera dosis de Misoprostol (400 mg) por vía sublingual. Al mediodía, Rocío le pidió a la activista socorrista que fuera al hospital para acompañarla y que le lleve papel higiénico, toallitas higiénicas y algo para tomar y comer. A las 13:30, le colocaron la segunda dosis de Misoprostol (400 mg) por vía vaginal. A las 16, llegó la activista socorrista al hospital y se quedó hasta las 21. A las 16:30 le colocaron la tercera dosis de Misoprostol (400 mg) por vía vaginal. A las 18, la madre y el padre de Rocío se comunicaron con ella y le dijeron que no podía quedarse a dormir en lo de su amiga como había organizado y que volviera a su casa.
A raíz de este llamado, Rocío, asustada, pidió interrumpir el procedimiento para volver a su casa. El médico le contestó que hacer eso podía ser riesgoso para su salud y que él iba a comunicarse con sus padres. Rocío aceptó el ofrecimiento pero ese llamado no se produjo. Rocío reiteró el pedido pero ante la ausencia del médico -que se encontraba atendiendo una cesárea- fue la activista socorrista quien se comunicó telefónicamente con la madre y el padre y les contó la situación. Ambos decidieron viajar a Bahía Blanca. Llegaron a la noche, tarde, y volvieron a la casa con Rocío, interrumpiendo el proceso de aborto de su hija. Su familia tampoco la escuchó ni la acompañó en su decisión de abortar. Varios días después, Rocío se comunicó nuevamente con la socorrista y le dijo que iba a continuar con el embarazo.
¿Cuántas chicas como Rocío habrán tenido que atravesar situaciones parecidas desde la existencia de la ley? Mayra, la socorrista de Bahía Blanca que acompañó a Rocío durante las horas en que estuvo internada dice: “Según las cifras del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), en Argentina cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años atraviesa un parto, las edades no son muy alejadas así que supongo que deben ser varias las adolescentes que se acercan a instituciones de salud pidiendo un aborto, o simplemente embarazadas en búsqueda de información sobre cómo seguir. La ley es un piso de posibilidades sobre el que hay que seguir trabajando. Que haya ley no significa que se garanticen abortos en el sistema de salud, ni hablar de un aborto libre y feminista. Pueden ser muchos los obstáculos, las dilaciones y burocracias para acceder a un aborto dentro de las instituciones de salud. En cualquier situación, a eso hay que sumarle el hecho de ser una niña o adolecente, porque en vez de pensar estas edades como momentos de cuidado y escucha, pareciera que se resaltan la ‘incapacidad para’ y frente a esa incapacidad lxs profesionales son los que toman las decisiones”.
¿Qué pasa cuando no se les escucha?
--Cuando no se escucha lo que la otra persona puede/tiene para decir y solamente se le impone, es ahí que hablamos de maternidades obligatorias, y lo que se omite acá son los riesgos que conlleva las maternidades a temprana edad, tanto en factores psicosociales como la educación, el entornos sociales, laborales, con sus pares y familia, como así también la salud mental e integral. Los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en las niñas y adolescentes comparadas con mujeres de mayor edad, hablamos de muerte materna, de infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, anemia, hemorragias posparto, endometritis puerperal, parto prematuro y mortalidad neonatal. Es por esto que creemos necesario seguir difundiendo la ley y exigiendo a las instituciones que la cumplan según las leyes y protocolos.
¿Qué te sucedió a vos con esta situación?
-Tuve varios sentimientos, al principio enojo por la falta de información que le brindaron a Rocío tanto en los cuidados y tiempos de internación, como los riesgos de continuar con su embarazo, no así de los riesgos de la interrupción. Cuando llegué, ella se sintió más aliviada y hablamos de todo lo que había hecho por una convicción, por su deseo de no ser madre, por su deseo de seguir siendo y viviendo su adolescencia plena. Y de ahí a la frustración por lo que vino después, de cómo por no escuchar lo que Rocío les proponía tuvo que terminar gestando y pariendo. Hoy me quedo con el convencimiento de la importancia de esta red socorrista que día a día trama, arma redes y pone el cuerpo para que estas situaciones ya no vuelvan a suceder y que podamos llegar a un aborto cuidado, libre y feminista.
Asuntos que les conciernen
En la situación que tuvo que atravesar Rocío, hubo una serie de circunstancias institucionales que terminaron en un cambio de decisión que la obligó a interrumpir un proceso de aborto ya comenzado. Rocío padeció una derivación a 250 kilómetros de distancia que se realizó varios días después de cumplido el plazo que corresponde esperar luego del pedido de la solicitud.
Fueron estas dilaciones en los tiempos para el acceso, más la desinformación respecto del procedimiento a realizar y la ausencia de políticas de cuidados hacia Rocío, las que impidieron una resolución adecuada y la empujaron a tener que continuar un embarazo no querido. Ni el equipo de salud que recibió la solicitud en una primera instancia, ni quienes efectivamente intervinieron en el hospital regional de Bahía Blanca contemplaron la situación particular en la que se encontraba Rocío.
Por otra parte, existe también un imaginario social que despliega una maquinaria constante y sostenida desde distintos dispositivos, que hace de la maternidad obligatoria una promesa de destino. Adrienne Rich, feminista y activista lesbiana estadounidense en su libro Nacida de mujer (1986), propone mirar a la maternidad en su doble dimensión: como experiencia singular y como institución política, quizás la dimensión menos visibilizada y debatida. Rich dice que la institución de la maternidad se da en situaciones históricas específicas, en el marco de estructuras entrelazadas de raza, clase, edad, género, sexualidad. Y la nombra institución en tanto se la percibe como un estado natural y se proyecta como un logro ideal o moral, tiene una inserción profunda en el lenguaje y en la organización social de la vida, regulada por expectativas, prácticas, mandatos, intereses, políticas de natalidad, deseos y obligaciones. Se la presenta como un asunto privado, aunque es un tema público.
El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (2021), señala que las adolescencias tienen derecho “a participar significativamente en todos los asuntos que les conciernen. Ello implica que deben ser siempre escuchadas e informadas cualquiera sea su edad, de acuerdo a su especial necesidad de atención y que sus opiniones deben ser tomadas en consideración. En ningún caso, puede sustituirse la voluntad de las niñas y adolescentes, y todas las decisiones deben tomarse considerando su interés superior y su autonomía progresiva”.
En la historia de Rocío, a las fallas en el acceso a una ILE se le sumó la falta de un acompañamiento integral que necesitan las adolescencias, porque los embarazos adolescentes tiene consecuencias inmediatas -sobre la salud, educación y situación dentro de su comunidad-, y duraderas, ya que se alterarán para siempre sus relaciones sociales, posibilidades de desarrollo, su proyecto de vida y su posible generación autónoma de ingresos. Por eso es urgente el sostenimiento y la profundización de las políticas de prevención y que se garanticen las IVE/ILE como un modo de impedir la violencia sobre las vidas de niñas y adolescentes, sobre todo de aquellas más vulneradas.
El acompañamiento no se interrumpe
Socorristas en Red acompañó entre enero y octubre de 2021, 9900 abortos. De ese total, 2377 abortos se realizaron en el sistema de salud y 7523 fueron abortos autogestionados. En ese mismo período, los acompañamientos a adolescentes de hasta 17 años inclusive fueron 380. Ruth Zurbriggen y Belén Grosso brindan su diagnóstico a un año de la sanción de la ley. La historia de Rocío forma parte de un proyecto de SenRed para un monitoreo social sobre cómo se garantiza la vigencia de la Ley 27.610 en las instituciones y en los territorios.
¿Cómo es el trabajo de SenRed desde la sanción de la ley? ¿Qué cambió?
Ruth Zurbriggen: Cambiaron muchas cosas. La principal es que al tener la ley se abre el abanico posibilidades que tenemos para ofrecer en el acceso al aborto seguro: podés abortar en casa de manera autogestiva, o podés solicitar el aborto en el sistema de salud, en cualquier caso, te vamos a acompañar. Si bien en Argentina ya teníamos causales, la causal de salud integral aún tiene sus problemas, porque deja la definición de si encuadra o no, en les profesionales de la salud. Claro que ofrecer la posibilidad del sistema de salud tampoco es un lecho de rosas. Porque muchas personas vivenciaron la expulsión en el sistema de salud, experimentaron la burocratización, los laberintos, las estigmatizaciones. Entonces, en las conversaciones sobreviene mucho esto de: “No, no quiero en el sistema de salud porque me van a dar turno para dentro de un mes, mi tía trabaja en el hospital y seguro se entera”. Ahí un poco nos toca desandar eso. Desandar implica dar cuenta que podemos darle información de espacios amigables, garantistas del derecho, que no las dejamos a la deriva con eso, lo cual es problemático porque pese a contar con una ley seguimos con el caminito artesanal de dónde sí y dónde no ir.
¿Por qué las siguen contactando?
Belén Grosso: Yo siento que estamos valorizando más el momento del acompañamiento. Cada vez notamos más cómo el sistema de salud garantiza la práctica, pero cómo ahí no hay necesariamente acompañamiento, acompañar requiere un plus. La ley no implica buenas prácticas, aunque su texto y su protocolo apunten a eso. Entonces, tenemos la ley, pero eso no trae consigo el trato humanizado o la convicción de que le protagonista del aborto es quien aborta. Y pienso que ahí aparecemos fuertemente Socorristas en Red, para dar calma y seguridades, para abrir la escucha y la circulación de la palabra, para que sientan que el aborto puede ser vivido en compañía, para ofrecer tips de cuidados mientras abortan. Eso es una clave de la política de cuidados socorrista y uno de los motivos por los que nos siguen conectando.
¿Cuáles son las razones por las que se elige ir o no al sistema de salud?
Belén Grosso: Los primeros meses con todo el contexto de COVID, pocas querían ir al sistema de salud, por temores a los contagios, hubo momentos muy difíciles. Y hay mujeres y adolescentes que llegan a nuestra grupa y nos dicen: “Fui al hospital, no había ningún cartel que me diga dónde ir y no sabía con quién hablar”. Paradojas ¿no? porque la ley trae efectos subjetivos que permiten hablar de aborto con menos culpa y vergüenza, eso lo percibimos en los talleres que hacemos, y sin embargo llegás a un hospital y sentís que volvés diez años atrás, porque las paredes no hablan de IVE, sólo hablan de controles de embarazo, lactancia y vacunas. Por eso a veces llegan a nosotres para que le digamos: “Bueno, andá al centro de salud tal, preguntá por tal”. Y también pienso que es porque saben que como acompañantes proponemos un espacio feminista, un espacio cuidado y confidencial, que intenta ser desprejuiciado, saben que nadie las va a tratar mal ni a mirar mal. Además, convengamos que existe la ley y todavía hay personas que no lo saben, esa es otra barrera muy importante.
Ruth Z.: Porque si vos entrás a un hospital, centro salud, clínica y tenés cartelería que diga: “Tenés la ley, el derecho a abortar es ley” o “Acá podés solicitar una Interrupción Voluntaria del Embarazo”, le estás dando alojo a esa decisión. Ahí hay una deuda enorme con la ley 27.610. ¿Cómo se destraba? En parte dando a conocer el derecho porque si vos querés que el derecho suceda dentro del sistema de salud, porque para eso impulsaste la ley, hay que generar todas las políticas que vayan en línea con su difusión, y no alcanza la difusión en redes sociales. Muchas de las personas que llegan al sistema de salud es por esa práctica tan comunitaria del de boca en boca, que en este tema se extiende también porque las movilizaciones y acciones por aborto fueron provocando otro piso social para hablar del tema. La vigencia de la ley en las instituciones no puede basarse en el boca en boca. Hay que desarmar el silencio que ronda al aborto en el sistema de salud todo.
Belén Grosso: Y también hay que prestar atención a cómo el sistema de salud acoge a adolescentes que están embarazadas y quieren abortar, creo que en eso es bastante expulsivo. Vemos pocos espacios directamente vinculados a adolescentes. Cuidar a niñas y adolescentes de la maternidad forzosa implica desplegar con fuerza la formación profesional que se haga cargo y lo admita como parte de la atención integral que en esas edades el riesgo es el embarazo y la maternidad, no el aborto.
Desde Córdoba, Laura Zurbriggen de SenRed dice: “Creo que la situación económica es un factor importante, ir a un centro de salud resuelve el tema de la medicación, pero después depende de la voluntad del profesional o de ese equipo que está en ese centro de salud. Con quienes más problemas tenemos es con los profesionales de la salud que trabajan en el sistema público. A veces hay muchas vueltas, las pibas no quieren esperar y se juntan con nosotras, hablamos de la ley un montón y queremos que ellas elijan. Pero el sistema público de salud no termina de pelear por agilizar las cosas. A veces dan un turno y después resulta que están de vacaciones y no hay otro profesional que garantice. Es difícil porque no hay equipos, por eso no se está garantizando como se debe garantizar. Hay estigmatización, no hay secreto profesional o directamente no se implementa la ley. Hay médicos que pasan el dato de las socorristas porque no pueden resolver. Hay que difundir la ley mucho más. Quienes logran que sí las atiendan en el sistema de salud, tienen otras prácticas, no es el acompañamiento que hubieran querido. A veces los tratamientos con medicación no funcionan y no les dan ninguna solución. La AMEU no es una opción como debería serlo. Hay que exigir la aplicación efectiva y las capacitaciones necesarias para los equipos de salud. En cambio con los consultorios integrales, donde sí se respeta la ley y se cumple, articulamos muy bien. Nosotras siempre estamos ahí para intentar encontrar soluciones.”