El juez de Garantías de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola, confirmó este lunes la prisión preventiva de los nueve efectivos de la Policía bonaerense acusados por el homicidio de Alejandro Martínez. Los agentes José Pereyra, Christian Rohr y Maximiliano Munche están acusados de golpear y asfixiar en la Comisaría N°3 de San Clemente del Tuyú al hombre de 35 años que había sido detenido en un hotel de esa localidad balnearia, tras ser denunciado por provocar daños en el lugar. En tanto, sobre los restantes seis policías pesa la imputación de "partícipes secundarios" del homicidio.  

El magistrado dispuso esta medida tras el pedido presentado días atrás por el fiscal Martín Prieto, que había considerado que los nueve "planificaron dar muerte" al detenido, "asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado". El juez, por su parte, consideró "justificada la existencia del delito", aunque discrepó con respecto a la responsabilidad de cada imputado. Olivera Zapiola distinguió entre quienes "podrían haber intervenido en el hecho de forma material", y aquellos que lo hiceron "mediante acciones u omisiones". 

En este sentido, Pereyra, Rohr y Munche quedaron acusados como coautores del homicidio agravado por "alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones". Los imputados como partícipes secundarios son Laura Chiarullo, Evelyn Garófalo, Jaqueline Mansilla, Carla Cantarella, Sandro Mujica y Miguel Boulos. "De manera objetiva resulta pertinente suponer que sin la intervención" de los seis, "el delito no podría haberse consumado", aseguró el juez en su resolución. 

"El ingreso a la zona de calabozos por parte de diversos efectivos, así como la existencia de lesiones físicas evidentes en conjunción con el posible estado de alteración psíquica de Martínez, resulta un indicador evidente de las conductas irregulares", afirmó el juez. Aunque los nueve ya estaban detenidos, con la prisión preventiva ocho de ellos serán trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. En el caso de Cantarella, podrá cumplir prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, por tener que cuidar a su hija.