¿En serio alguien puede pensar que un niño, niña o niñe preferiría trabajar a estar contenido dentro de una escuela? ¿Todavía hay quien cree que el aprendizaje entre pares es una prerrogativa de algunas clases sociales y no de otras? Sí, todavía hay quien piensa estas cosas: la ministra de educación porteña Soledad Acuña.

Sus declaraciones no son inocentes ni improvisadas y por eso constituyen un peligro para el presente y futuro de nuestro país. Y si bien están dichas en medio de una pandemia -lo cual agrava su sentido- también son coherentes con su pasado: Acuña es funcionaria de un gobierno que año tras año reduce el presupuesto destinado a la educación, y que solo entre 2011 y 2020 lo disminuyó en un 14% en términos reales.

Cuando creíamos que pocas cosas superarían el elitismo de los dichos sobre “caer en la educación pública”, de Mauricio Macri, o que los pobres no acceden a la universidad, de María Eugenia Vidal, el macrismo sigue dando de qué hablar.

El problema es que son y fueron funcionarios del Estado y, constituidos en discurso mediático, los dichos de la ministra alimentan prejuicios preexistentes en nuestra sociedad, que desde el INADI trabajamos día a día por desterrar. La asociación directa que hace Acuña entre educación pública, pobreza y criminalidad es discriminatoria por donde se la mire. Y porque los discursos construyen realidades, sus políticas también son clasistas y discriminatorias.

Como titular del Instituto contra Discriminación, la Xenofobia y el Racismo hago un llamado de atención sobre esta cuestión que pone en peligro los principios básicos de la democracia. Además, el INADI cuenta con el programa Escuelas sin Discriminación que busca, precisamente, disminuir los discursos estigmatizantes en el ámbito educativo en todos los niveles. El mismo está disponible para todas las instituciones y distritos que deseen implementarlo incluyendo, por supuesto, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quienes creemos que es deber del Estado trabajar para mejorar la vida de la ciudadanía entendemos que nuestro rol es el de salir a buscar, integrar y reintegrar, para hacer de la igualdad de oportunidades y del ejercicio del derecho humano a la educación una cuestión de hecho. Las consecuencias que las privaciones en la educación y las políticas elitistas tienen en términos intergeneracionales comprometen el futuro de la Argentina. Culpabilizar a los sectores vulnerabilizados de su situación estructural nunca es la salida.

Y mientras parte de la oposición hace de la educación una cuestión de marketing, el gobierno nacional muestra cómo salir activamente a paliar los efectos de la pandemia en la educación y no se queda esperando, relanzando una de las políticas educativas que representa la visión de presente y futuro que nos caracteriza: Conectar Igualdad, programa que la alianza política de la ministra Acuña se encargó de desmantelar en su gestión nacional.

A su vez, se amplió el programa Progresar para incluir a quienes tienen entre 16 y 17 años y acompañarlos en la finalización de los estudios. La inscripción está aún abierta y hasta el 10 de enero ya eran 260 mil estudiantes anotados. Diez mil retoman sus estudios y vuelven a apostar a la educación.

Ya está dicho que la educación de hoy es la base de nuestro futuro. Pero parece que algunos no quieren verlo o, quizás, no quieren que todes tengamos las mismas oportunidades de futuro. Acaso sea otra oportunidad de demostrar quiénes queremos seguir apostando a procesos de aprendizaje inclusivos y de calidad; libres de discriminación y estigmatizaciones.

Somos muchos, muchas y muches los que creemos que nunca es tarde. Con la esperanza intacta y con políticas educativas que contengan, promovemos que regresen.

* Victoria Donda es titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.