Tras el femicidio de Marina del Carmen Espíndola en la localidad de Murphy, a manos de su expareja policía, el Ministerio de Seguridad dispuso el pase a disponibilidad del comisario Cristian Ataide, que se desempeñaba en la comisaría de Murphy; el subdirector Cristian Rotela, jefe de la Unidad Judiciales; y la psicóloga Rosalía Kobila, de medicina legal. Según se indicó desde la provincia, se detectó la falta de aplicación del protocolo de actuación ante denuncias por violencia de género, que data de agosto de 2021. Marina había denunciado al agente, el año pasado, una vez terminada la relación. En tanto, ante los tres femicidios y el travesticidio que registra la provincia desde que empezó el año, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) hará una movilización en Santa Fe para reclamar justicia por las víctimas de la violencia machista y exigir "respuestas concretas, efectivas, articuladas y con anclaje territorial". La convocatoria es a las 10, frente a la sede del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, (Corrientes a 2800).

A partir del femicidio de Marina, la subsecretaria de Bienestar Policial y Género, Natacha Guala; la directora de Género, Noelia Figueroa; y la subsecretaria de Políticas de Seguridad Pública, Jassi Capitanelli, "establecieron una mesa de trabajo en conjunto con el equipo local de la comuna de Murphy, y programaron una capacitación con perspectiva de género para la toma de denuncias para el personal de la comisaría". 

El cambio de autoridades puso a la oficial María Laura Martinotti a cargo de la seccional de Murphy, junto a la oficial Paola Gorostiaga, como subjefa. Los incumplimientos que derivaron en el femicidio de Marina son investigados por el Ministerio de Seguridad, que corrió de sus funciones al personal policial.  Desde el Ministerio, explicaron que "las medidas de pase a disponibilidad de los funcionarios policiales se dan de forma preventiva, en función de detectar la falta de aplicación de la 'Guía de Actuaciones del Departamento Judicial ( D 5) y Sección Sumarios Administrativos de la Policía de Santa Fe para la recepción y registro de denuncias por violencia de género contra personal policial', vigente desde el 12 de agosto de 2021 por Resolución Ministerial 754/21". 

¿Qué establece la Guía? "En todo caso en que hubiere una denuncia a personal policial por situaciones que impliquen algún tipo y modalidad de violencia de género, la División Judicial debe realizar la quita preventiva del arma reglamentaria al denunciado. Asimismo, es su función elevar informe a Medicina Legal, haciendo constar de forma explícita la situación denunciada y el contexto en que se produce. Para ello, deben completar el Formulario Anexo a la resolución de manera de dejar registrado el hecho y de establecer la existencia de alguno de los indicadores de riesgo que están enumerados en dicha Resolución. Mediante el llenado de dicho Formulario (digital), se pone en conocimiento a la Subsecretaría de Bienestar y Género en la Policía, quien al tomar intervención articula con el primer nivel de atención para activar el sistema de protección integral a víctimas de este tipo de situaciones. Según la Resolución, dicha actuación no puede depender de intervención fiscal ni judicial, sino que corresponde a la esfera administrativa". Nada de eso se hizo, ya que al policía le fue restituida el arma reglamentaria y Marina no contó con el acompañamiento de la comuna, que es el primer nivel de intervención, debido a esta falencia en la acción estatal. 

Gabriel Robles, de 49 años, era funcionario policial con servicios en la comisaría de Melincué. El lunes por la noche fue hasta la casa de su ex pareja, en Murphy, y le disparó con su arma reglamentaria. La misma que le había sido retirada en noviembre -tras la denuncia de la víctima, porque él no aceptaba que su relación había terminado-, pero que le devolvieron hace poco tiempo. Tras balear a Marina, que estaba en la casa con su hijo de 11 años, el agente se quitó la vida. 

El hecho generó conmoción en toda la provincia y hubo movilizaciones inmediatas en esa localidad, con reclamos y cuestionamientos en torno a "¿por qué le devolvieron el arma reglamentaria a Robles?". Es que también señalaron que el acusado tenía un evidente desequilibrio psiquiátrico. Marina tenía 42 años y era madre de otras dos hijas de 18 y 23 años.

"Emergencia Ni Una Menos", reclamaron desde Mumalá, cuyas integrantes recordaron que los dos últimos femicidios cometidos en la provincia, ocurrieron en apenas 48 horas: el de Murphy y otro en la localidad de Carcarañá, donde la víctima Celia Acosta, de 29 años, fue asesinada después de haber realizado denuncias por violencia machista contra su pareja, lo que derivó en una restricción de acercamiento que no se cumplió. Además, la semana pasada, Melani, de 21 años, fue encontrada sin vida en la habitación que alquilaba en una pensión de barrio Martin. A principio de año también se registró el travesticidio de Alddana Lorens, en Santa Fe, quien agonizó diez días con un golpe en la cabeza.

En la convocatoria a la movilización se mencionaron las cifras locales que registró el Observatorio Mumalá, sobre los casos del año pasado. "Fueron 33 las muertes violentas en Santa Fe: 9 femicidios, 17 muertes en contextos de violencias vinculadas a economías delictivas (narcotráfico, entre otras), 1 suicidio femicida, 7 hechos en investigación y 15 intentos de femicidio". En ese sentido, plantearon: "Las mujeres y disidencias somos, evidentemente, también víctimas del gran problema de inseguridad que atraviesa nuestra provincia".

En el caso de Murphy, el femicida fue un agente de las fuerzas de seguridad, como en el 12 por ciento de los 221 femicidios cometidos en el país el año pasado, según datos de la misma organización. 

La manifestación apuntará a exigir "políticas de prevención, asistencia, monitoreo y acompañamiento real, efectivo en el territorio. El Estado tiene la responsabilidad de la articulación de sus tres poderes, también con nación, municipios y comunas; la identificación y revisión de prácticas revictimizantes; la generación de instrumentos que agilicen las gestiones y fortalezcan las estrategias para una vida libre de violencias", enumeraron.

En ese contexto, sumaron que la convocatoria será también para exigir "urgentes mecanismos de monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela y sus efectos y la continuidad del registro estadístico sobre violencias machistas". También, "por el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y disidencias, que a diario ponemos el cuerpo junto a las víctimas"; y por "iniciativas hacia la autonomía económica concreta de mujeres en situación de violencia y/o vulnerabilidad, en un contexto de crisis económica que acrecienta las desigualdades".