La situación de incertidumbre y enredo que dejó el fallo del a Corte Suprema que declaró inconstitucional la composición actual de 13 miembros del Consejo de la Magistratura sirvió como excusa dentro de ese organismo para terminar el 2021 sin resolver, a pedido de la oposición, algunos de los concursos de jueces y juezas políticamente más sensibles. En la Cámara Federal de Comodoro Py, por empezar, siguen en sus cargos designados a dedo por el gobierno de Cambiemos los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: el macrismo no quiso votar las ternas de candidatos para reemplazarlos. Lo mismo pasó con dos juzgados federales también de los tribunales de Retiro, y con las seis vacantes en cuatro tribunales orales de ese edificio. Son tres instancias claves que intervienen el juzgamiento de funcionarios, de exponentes del poder económico, casos de narcotráfico, trata y violaciones a los derechos humanos. En la última reunión de la Comisión de Selección había otros cinco concursos de varias jurisdicciones en la recta final que quedaron en el freezer. Sólo se aprobaron los que ponen menos intereses en juego. Todavía es incierto cuándo se retomará este debate. 

Por estos días, aún durante la feria judicial, el Consejo estuvo dedicado a tratar de organizar la elección de 7 consejeros/as para cumplir con el fallo supremo que dispuso que si para el 16 de abril el Congreso no sanciona una reforma que le otorgue al organismo una composición equilibrada (los cortesanos entienden que la política está sobre representada), deberá pasar a su viejo esquema de 20 miembros, pese a que se trata de una ley derogada. En este diseño el presidente de la Corte preside también el Consejo. Desde mediados de diciembre el cuerpo se dedicó a reglamentar las elecciones de jueces/zas y abogados/as, que aún no tienen fecha, y faltan también la de legisladores/as y académicos/as.

Con todo este intríngulis, la cuestión de las vacantes y los concursos pendientes –que paradójicamente es una preocupación mencionada por la Corte en tono de reproche hacia el Consejo— quedó desdibujada. Es una situación funcional a lo que buscaba el macrismo: sostener a Bruglia y Bertuzzi el mayor tiempo posible en la Cámara Federal y negociar candidatos propios en esos y otros cargos. El gobierno de Mauricio Macri generó estrategias y normas para designar a sus jueces y juezas favoritos con mecanismos de traslado que apenas requerían una mayoría simple en el Consejo (mientras en paralelo promovía acusaciones contra magistrados y magistradas que no eran de su agrado). No hacía falta concurso ni acuerdo del Senado. Pero ese mecanismo quedó al desnudo y ahora hay que concursar como dice la Constitución. 

Piquete opositor

La última reunión de la Comisión de Selección, que preside Graciela Camaño (Interbloque federal) fue el 9 de diciembre, una semana antes del fallo de la Corte sobre el Consejo. Pero ya se conocía el resultado, e incluso había versiones de que podía salir ese mismo día. Para el encuentro en cuestión había diez concursos en condiciones de ser aprobados (21 cargos) y otros ocho en la recta final. El total de vacantes en trámite en el organismo son 145. 

En un gesto de sinceramiento, el macrista Pablo Tonelli dijo sin vueltas que su “bloque” expresaba su “deseo de no aprobar ternas” ese día y que ya lo habían hablado con el representantes del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. Camaño contestó con ironía: “Ah, hacen componendas por fuera de la Comisión”. El abogado Diego Marías salió en apoyo de Tonelli. Y el camarista Alberto Lugones se enfureció: “Esto va a andar bien hasta que alguien nos haga una denuncia por incumplimiento de nuestras funciones de aprobar las ternas que corresponde”. “Esta presidencia no quiere tener responsabilidad”, contestó Camaño. Ustarroz propuso aprobar las ternas de los concursos de menor “complejidad”, léase, los que generan menos roces políticos. Destacó que el Consejo viene logrando “consensos”.

El recorrido de un concurso tiene varios pasos y la recta final, después de los exámenes y evaluación de antecedentes, es una entrevista con el/la postulante. En la comisión de Selección se designan subcomisiones de dos consejeros/as que elaboran un orden de mérito que se vota para que pase al plenario. Este último tramo es el de máxima negociación ya que todo el mundo tiene sus favoritos/as. 

Cámara Federal

Durante el gobierno de Macri, los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron designados sin concurso, por “traslado”, en la estratégica Cámara Federal porteña donde, entre otras cosas, alimentaron la doctrina Irurzun y respaldaron causas montadas con obvios objetivos políticos. Cuando la judicialización de esos nombramientos llegó a la Corte, en un fallo más veloz de lo habitual, por per saltum, el tribunal falló que los traslados no pueden ser definitivos y por lo tanto, en este caso, había que activar el concurso y una vez que haya nombramientos con acuerdo del Senado el dúo debería irse o usar la opción de rendir examen. Sólo se presentó Bertuzzi. Aquel fallo fue firmado hace más de un año, a comienzos de noviembre de 2020. El Consejo proyectaba terminar el concurso en seis meses. Eso no ocurrió, aunque está en condiciones de terminar.

Al encuentro del 9 de diciembre llegaron dos propuestas para la Cámara Federal. Una fue de la diputada Vanesa Siley, que debía acordar con el camarista Ricardo Recondo, quien finalmente no quiso opinar. Para la primera terna Siley propuso al juez de Tucumán Fernando Poviña, a la fiscala de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y al juez penal económico Javier López Biscayart. Para la segunda terna postuló a la coordinadora de la Unidad fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Agustina Rodríguez, al fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña y al juez Julio César Di Giorgio. Quien salió a cantar "retruco" con otro dictamen fue, no casualmente, Tonelli. Repitió algunos nombres e incluyó otros, uno significativo: en la segunda terna incluyó a Bertuzzi, haciéndolo escalar 14 lugares respecto de las calificaciones obtenidas.

En algunos despachos sostiene que hubo una orden de Macri de que sus consejeros no votaran terna alguna y, de hecho, no quisieron votar nada aquel día.

Juzgados y tribunales orales

En Comodoro Py hay tres juzgados vacantes (los que ocuparon Rodolfo Canicoba Corral, Claudio Bonadio y Sergio Torres) y, para dos de ellos, también había propuestas de orden de mérito para votar. Como es obvio, cada sector quiere su juez federal. El dúo Lugones-Tonelli propuso para la primera terna al juez de la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Rúa, al secretario de un tribunal oral de San Martín César Cina y a la secretaria del juzgado federal 12 Mabel Castelnuovo; para la segunda terna postuló a Albertina Caron, secretaria del juzgado de Daniel Rafecas, Matías Latino, secretario de la Cámara de San Martín, y Raúl Roust, secretario del juzgado federal de Campana. El concurso para el tercer juzgado federal está avanzado, pero falta que la subcomisión arme un orden de mérito. Lo que sucede es que quedó trunca la negociación. 

Otro gran capítulo es el de las vacantes en los tribunales orales federales. El gobierno de Macri intentó llenarlos de jueces a dedo, pero no logró avanzar, porque la Corte le puso un límite. Interesaban por ser, nada menos que la instancia donde se definen las sentencias. También pueden ser la instancia donde quede a la vista que se construyó una farsa durante la etapa de instrucción de un caso: como ocurrió con Dólar Futuro, Memorándum, y Plan Qunita: por eso hay un interés extremo en los seis lugares vacantes que hay en los tribunales 2, 4, 5 y 6 de Retiro. Entre los mejor posicionados aparecían nombres repetidos de otros concursos, como Agustina Rodríguez, y otros como el juez de garantías de San Martín Nicolás Schiavo, el fiscal porteño Luis Arnaudo, la secretaria de cámara Ivana Quintero, el secretario de tribunal oral Ignacio Labadens, y el juez de Ejecución Marcelo Peluzzi, entre otros. El ascenso de Roust en al lista es uno de los motivos de discrepancias. 

De estos concursos "calientes", nada se aprobó. Tampoco el de la Cámara Federal de Mar del Plata, ni avanzaron los de un tribunal de General Roca y las vacantes de tribunales orales de San Martín y el tribunal oral de Tucumán. Se mandaron ternas para Formosa, Mendoza, Puerto Iguazú, Corrientes, Santiago del Estero, más juzgados civiles y de familia. Algunos eran concursos muy viejos.

Camaño le dijo a Página/12 que su intención es convocar a la comisión en febrero para avanzar pero aclaró que es asunto "de los consejeros conseguir consensos". Recordó el papel de Tonelli en el pedido de postergación. Para Marías el problema fue simplemente la falta de acuerdo y que están dentro de un plazo razonable. Lugones, al revés, cree que el Consejo está en infracción. La relevancia de los cargos en disputa en un fuero que ha manejado la vida política, lo explica todo.