Mientras las calles de las grandes ciudades de Myanmar quedaron vacías este martes en protesta por el primer aniversario del golpe de Estado, un ataque con granadas contra un acto a favor de los militares dejó dos muertos y 38 heridos. Hasta el momento ningún grupo se atribuyó el ataque a una multitud en la ciudad de Tachileik, en el este del país. El hecho coincidió con la huelga silenciosa promovida por los opositores al régimen, que fue acatada en todo el país.

"Nadie ha perdido el espíritu de lucha, sigue muy fuerte", explicó desde Rangún un veinteañero que, como millones birmanos decidió no salir a la calle a pesar de reconocer la enorme presión de las autoridades en los últimos días. La capital económica estaba desierta y muchos comercios permanecieron cerrados. 

En las redes sociales se podían ver imágenes de ciudadanos en sus casas haciendo un saludo con tres dedos, un gesto de resistencia. Las autoridades advirtieron que estas acciones podrían ser calificadas de "alta traición", un delito que puede acarrear muchos años de detención. 

En paralelo, partidarios del régimen enarbolaron la bandera nacional y denunciaron a las "Fuerzas de Defensa del Pueblo", milicias ciudadanas que efectúan operaciones de guerrilla contra las fuerzas de seguridad.

El primero de febrero de 2021 el Ejército de Myanmar derrocó al gobierno civil encabezado por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática. El golpe de Estado estuvo seguido por protestas y una campaña de desobediencia civil, aplacadas por una sangrienta represión militar que dejó más de 1.500 civiles muertos y nueve mil todavía detenidos, de acuerdo a ONG locales.

"La junta funciona como una empresa criminal, cometiendo asesinatos, torturas, secuestros, desplazamientos forzosos y todo ello, robando los ingresos y confiscando los bienes que pertenecen legítimamente al pueblo", señaló el relator de la ONU para la exBirmania, Thomas Andrews, quien consideró además que la población de Myanmar "merece un apoyo más fuerte de la comunidad internacional".

Desde el alzamiento militar Aung San Suu Kyi, de 76 años, cumple prisión domiciliaria en un lugar secreto. La lideresa civil fue condenada a seis años de cárcel por importación ilegal de radiocomunicadores (walkie-talkies), incitación contra los militares y vulneración de las restricciones anticovid.

En una declaración común, los ministros de Exteriores de Australia, Estados Unidos y la Unión Europea exhortaron a la comunidad internacional a terminar con "el flujo de armas" hacia Myanmar. Naciones Unidas estima que de los 54 millones de habitantes del país, 25 millones viven en la pobreza y 14,4 millones necesitan ayuda humanitaria.