Dicen que los cambios son positivos, aunque no lo parezcan, porque permiten renovarse, mudar de rumbo, dejar atrás problemas. Tal vez los cambios políticos sirvan para eso, pero todo indica que los cambios municipales no: el actual gobierno porteño sigue con las mañas del de Mauricio Macri, y llega al extremo de permitir cosas que ni siquiera el macrismo se había animado a dejar pasar. Es, como quien dice, una etapa superior del macrismo.
El caso en cuestión es la berretona galería comercial de la foto, en la calle San Nicolás 378/380, pleno centro de ese ataque urbano a un barrio que es la nueva zona de comercio de Floresta. La galería nació como una obra trucha y abrió en 2013, pero luego cerró. Resulta que en Floresta se hacía y deshacían cosas a voluntad, con eso de quién se fija en un barrio que no queda, digamos, al lado de Recoleta. Pero los vecinos resultaron unos tigres en esto de proteger su patrimonio, su calidad de vida y la ley. A fuerza de fotos, denuncias y molestias diversas, lograron bajar el nivel de impunidad y complicarle la vida a los que piensan que las leyes y reglamentos no van en serio.
La culminación de este proceso fue la creación del Area de Protección Histórica 53 para el barrio, un brillante logro de los vecinos que fue votado en la Legislatura el 22 de julio de 2010. Claro que lograr una ley así, que restringe claramente los usos de los edificios comprendidos y lo hace con bastante claridad, es ganarse un instrumento, no una solución: esto es Buenos Aires y sigue gobernando el PRO. Con lo que la historia de la galería comercial es ejemplar.
Para empezar, cuando se hizo la obra, los vecinos hicieron un pedido de informes al gobierno porteño para averiguar qué se había autorizado y por quién. La Dirección General de Interpretación Urbanística y Registro se tomó su tiempo pero al final contestó en octubre de 2013 que el único expediente que tenían era el 790.592 de 2012, que investigaba arreglos irregulares en una parrilla. De la galería ni una palabra, en los papeles no existía ni en el sistema SADE ni en la WEBGIS, ni siquiera en los mismos archivos de la DGIUR. La denuncia era de los mismos vecinos, que así descubrieron que pasado un tiempito la habían archivado sin novedad alguna. De nada sirvió que los vecinos mostraran las fotos de la parrilla y de una galería comercial terminada en el mismo lugar.
La siguiente movida fue el año pasado, cuando la galería súbitamente asume su existencia pidiendo permiso para construir... una galería. El APH de Floresta ya llevaba cinco años de existencia y ya había dado pie a unas cuantas batallas en un barrio donde un viernes había una casa con garage y el lunes una casa con local, sin habilitación pero después vemos. El 22 de octubre de 2015 la DGIUR emite una resolución sobre la “consulta” para hacer una galería de 201 metros cuadrados en la calle San Nicolás, texto que nunca menciona que la galería ya existe. La resolución arranca avisando que “el inmueble en cuestión” está plenamente en la zona protegida, recuerda qué es un APH, y marca que como un área histórica tiene una zonificación R1bII y una galería comercial es un uso tipo C, claramente no corresponde que se permita construirla. Para más detalles, el texto recuerda que “el profesional interesado informa que no posee plano de obra” pero que igual realizó “reformas constructivas sin permiso” y que presenta plano “de uso” de los locales que, ahora sí, existen.
El resultado de estas irregularidades es sorprendente y hace que hasta Antonio Ledesma, un hombre que firmaba cualquier cosa, firme en este caso una denegatoria. La resolución ordena que “deniéguese desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso galería comercial” en ese lote “por ser un uso No Permitido en el distrito de implantación y en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente”.
Final feliz diría uno, pero resulta que la ciudad macrista tiene otras lógicas. Para empezar, así como una parrilla pasa a galería comercial sin que ningún inspector lo vea y sin que nadie le preste atención a las fotos y denuncias de los vecinos, una vez hecha la trampa no hay castigo. Los que hicieron la galería sin planos ni permisos no fueron punidos, no tuvieron que demolerla, no fueron denunciados o procesados. De hecho, ni siquiera hubo una sanción administrativa del tipo revocamiento de licencias profesionales y por supuesto el CPAU no movió un dedo para avergonzarlos. Nada, silencio. La galería siguió ahí, buscando una manera de habilitarse.
Pues este año, con el cambio de gobierno, lo lograron. Ledesma ya no es el director general pero resultó que su reemplazante, el arquitecto Guillermo Bugarín, firmó el 27 de octubre la resolución 1499 que blanquea toda la operación. El texto de esta nueva orden demuestra que nadie, a propósito o por descuido, leyó la resolución de Ledesma, y eso que las contradicciones son fuertes. Lo primero que salta a la vista y en el primer párrafo, es que esta vez sí hay un plano de obra. No sólo es mágico que aparezca ese documento, sino que el plano está fechado el 15 de julio de 2015, una semana antes de que la Legislatura transformara el barrio en un APH y lo protegiera. Con ese papel en la mano, la resolución dice bovinamente que “cabe destacar que para esa fecha el Distrito en cuestión era un R2aII” donde las galerías están autorizadas.
La antigüedad del trámite no impresiona al redactor de la resolución, que dedica un largo párrafo a demostrar que los trámites duran a lo sumo un año pero luego concluye que “dado que el recurrente ha presentado el plano registrado el mismo no ha perdido validez”. Con la misma amistad y buena onda, el texto deja de hablar de galería comercial y llama al lugar “un local en la planta baja de un edificio existente”, lo cual, foto en mano, resulta surrealista. Luego, cayendo en contradicción, detalla que hay catorce locales, depósito, oficina, ducha y dos núcleos sanitarios que “conforman la galería comercial”.
Lo que es clarísimo es el final, que dice que “por tener planos de obra con destino consignado fechados antes del cambio del Distrito” la dirección general “entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización de los rubros Comercio Minorista: Galería Comercial”. Bugarín coincide con un “autorízase”. Como se ve en la tercera foto, la persiana del “local” ya luce los carteles de alquiler de una inmobiliaria.
Es raro ver dos textos de la misma entidad municipal que se contradigan de tal manera, así como es raro ver que en 2015 el profesional a cargo confesaba formalmente que no tenía planos de obra y en 2016 producía planos predatados a 2010. Es tan raro, que los vecinos de Floresta le llevaron el caso a la fiscalía de la Ciudad y pidieron que se accione contra los responsable de la DGIUR pero también contra esa entidad misteriosa que es su “área técnica”. La lógica de la denuncia es muy simple: ambas resoluciones no pueden ser ciertas y semejante cambio excede el error, la amistad, la buena voluntad. Va a ser interesante ver qué encuentra la justicia.
