La Justicia dio por terminada la etapa de instrucción para los 14 policías porteños presos y procesados por el crimen de Lucas González. Con los procesamientos firmes y sin medidas de prueba por producir, el juez Martín del Viso hizo lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella en lo que es el paso previo al pedido de elevación a juicio. A tres meses y medio del asesinato, comisarios, subcomisarios y oficiales se encaminan a enfrentar el juicio por el homicidio del chico de 17 años y el posterior encubrimiento. La Fiscalía evalúa continuar con la instrucción en lo que atañe a otros posibles partícipes en el encubrimiento, lo que incluye a más policías y a las dos abogadas que Del Viso decidió dejar en libertad pese al pedido del fiscal.

Por la tarde del viernes, el juez hizo lugar al pedido de Gómez Barbella, quien había solicitado que declarará clausurada la instrucción en lo que respecta a los 14 detenidos, ya que "los procesamientos con prisión preventiva se encuentran firmes a la fecha por haber sido confirmados por la Cámara Nacional de Apelaciones" y porque "no restarían medidas de prueba por producir a su respecto". Tras hacer lugar al pedido, Del Viso corrió vista a la querella y deberá hacer lo mismo con las defensas. Al cerrarse ese proceso, el fiscal quedará en condiciones de presentar el requerimiento de elevación a juicio.

Los principales imputados por el crimen son el inspector Gabriel Isassi, el oficial José Nieva y el oficial mayor Fabián López, los tres integrantes de la brigada de civil que cerca de las 9.30 del 17 de noviembre interceptó y baleó al Suran en el que viajaban Lucas y sus amigos. Los tres están procesados, en calidad de coautores, por homicidio doblemente agravado "por haber mediado alevosía y por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", en concurso ideal con la tentativa de homicidio de los tres amigos de Lucas.

Los restantes once agentes están procesados por el delito de "encubrimiento agravado" y la detención ilegal de los chicos. El de mayor rango es el comisario inspector Daniel Santana, que tenía a cargo todas las dependencias de la Comuna N°4 y estuvo luego de la balacera en Alvarado y Perdriel, el sitio en que se concretó el encubrimiento, con arma de juguete plantada. Los otros tres comisarios procesados son Fabián Du Santos, de la vecinal 4D de la que partió la brigada, Juan Romero, a cargo de la División de Brigadas, y Rodolfo Ozan, de la vecinal 4A, el primer comisario en llegar al lugar pese a no tener jurisdicción.

Precisamente la voz de Ozan es una de las que se escucha en una de las pruebas claves de la investigación: la llamada que mantuvo con Du Santos minutos después del homicidio, en la que pedía llamar a Romero para "emprolijar" y "justificar" la "cagada" de la brigada. En esa misma conversación, Ozan incriminó a Santana al mencionar que se encargaría de llamarlo. Está probado que los cuatro comisarios estuvieron en el lugar del encubrimiento. Los restantes procesados son los subcomisarios Roberto Inca y Ramón Chocobar, el inspector Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Ángel Arévalos, Daniel Espinosa y Jonathan Martínez.

El cierre de la investigación sobre estos 14 agentes no implica la clausura de la instrucción sobre otros posibles partícipes. La Fiscalía evalúa continuar recolectando prueba sobre otros implicados en el encubrimiento, ya mencionados en la causa con pedidos de detención incluidos. Los más resonantes fueron los casos de las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña, cuyos rastros odoríferos fueron hallados por canes de la Policía Federal en el arma plantada. Aunque las dos estuvieron detenidas en primera instancia, luego fueron liberadas por "falta de mérito" y el juez rechazó los nuevos pedidos de detención, incluso después de la prueba de olor. Por esta razón la familia de Lucas denunció a Del Viso por prevaricato y mal desempeño de sus funciones.

Como contó este diario, desde principios de febrero se produjo un viraje en la actitud del juez hacia los pedidos del fiscal. Las puertas se empezaron a cerrar cuando Del Viso denegó, entre otros pedidos, la solicitud de Gómez Barbella para detener al comisario mayor Fabián Lencina, responsable del Área II --comunas 4, 8 y 9--, así como a las abogadas Verónica Andraca y su jefa Silvia Ozón, del Departamento de Asuntos Legales de la Policía, dependiente del Ministerio de Seguridad

A Lencina lo mencionaron en sus indagatorias tanto Ozan como Santana. Este último lo ubicó, en la mañana del 17 de noviembre, en la celebración del quinto aniversario de la Policía porteña, en el que se hallaba toda la cúpula de la fuerza. Santana dijo que fue Lencina quien lo mandó a Alvarado y Perdriel, y que desde allí le reportó toda la tarde --aunque en carácter "meramente administrativo"--, incluso después de que empezara a intervenir la Policía Federal. Los peritajes telefónicos dieron cuenta de esas conversaciones.

Las abogadas, en tanto, están señaladas por Gómez Barbella por su rol en la elaboración de la trama de encubrimiento, a través de su trabajo de "asesoría". Está probado que Andraca estuvo en el lugar y el fiscal considera que la envió Ozón. A Gómez Barbella también le rechazaron el pedido de detención de los oficiales Pablo Granara y Lucas Varas, acusados de estar enterados de la maniobra y no denunciarla.