“Vivimos un ambiente de riesgo para algunas conquistas en el área”, explica el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, para referirse a la apertura de una nueva unidad temática especializada en Memoria, Verdad y Justicia dentro del organismo internacional. Si bien fuentes cercanas aseguran que fue mera casualidad y que su puesta en funcionamiento era inminente, la constitución de esta nueva unidad fue anunciada justamente en Argentina, en el marco del período de sesiones extraordinarias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolló en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada. La flamante unidad estará a cargo del comisionado Paulo Vannuchi y fue creada junto a otras dos, especializadas en derechos de personas mayores y de personas con discapacidad. En diálogo con PáginaI12, Abrão no dudó en mencionar el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación del 2x1 a un represor condenado como una de las “reacciones al avance de la agenda” relacionada con las políticas vinculadas a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar local. En ese marco, advirtió que “un retroceso en Argentina podría realmente representar una baja en los niveles de los estándares internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad”. “El efecto simbólico sería drástico para la comunidad internacional de derechos humanos”, concluyó.
–¿Por qué crear una unidad especializada ahora?
–La comisión siempre tuvo los temas de memoria, verdad y justicia en su agenda. Son parte de su marco histórico y sus principales fortalezas en términos de contribución a las democracias y a la protección de los derechos humanos en la región. En los últimos años, estaba agregando la temática de manera transversal en cada una de sus evaluaciones de la situación de los países así como en sus informes temáticos. Pero la idea de crear una unidad temática autónoma surge a partir de que vivimos un ambiente de riesgos para algunas conquistas en el área, las que hay que preservar. No podemos permitir retrocesos en las políticas de memoria, verdad y justicia. Por eso decidimos designar a uno de sus comisionados para esta agenda, para realizar una evaluación regional sobre lo que queda pendiente en cuanto a tareas en marco de las democratizaciones de los Estados, en el marco de la solución de conflictos internos y sabiendo que, para determinados países, hay un nuevo vigor de estos temas, como por ejemplo para Colombia.
–Durante las audiencias en Buenos Aires se oyeron denuncias de organizaciones uruguayas sobre amenazas a defensores de los derechos humanos allí y reclamos por el establecimiento del derecho a la verdad en Perú. Días antes, la CIDH había advertido el riesgo que implicaba el fallo de la Corte Suprema argentina sobre la aplicación del 2x1 a un represor. ¿En qué otros países vieron riesgos para las conquistas en términos de memoria, verdad y justicia?
–Hay reacciones en relación al avance de la agenda de memoria, verdad y justicia en la región. Y creemos en la CIDH que estas reacciones deben ser vistas como oportunidades de profundizar la disputas de valores en la sociedad sobre la importancia que la memoria tiene en el ejercicio de la prevención de las violaciones de los derechos humanos. Los temas que menciona de Uruguay y Perú. El fallo de la Corte Suprema argentina del 2x1 pero también el llamado “Fontevecchia” (NdR: en el que la Corte relativiza el valor de los fallos de la justicia internacional) marcaron una alerta sobre la importancia de no permitir retrocesos en las conquistas que fueron referencias para todo el mundo en la materia. En Chile, la Comisión ha recibido denuncias por parte de magistrados y fiscales que no se sentían con suficiente independencia para promover juicios más amplios. En El Salvador pasaron 25 años de la ley de amnistía y, a pesar de que recién se está empezando a advertir que es contraria a leyes internas del país, movimiento que despertó una fuerte resistencia, sigue el ambiente de impunidad. En Bolivia la sociedad clama por una Comisión de la Verdad; en Venezuela parte de la sociedad cuestiona el resultado del informe de la Comisión de la Verdad recientemente publicado. En Brasil tenemos la dificultad histórica para superar el ambiente de impunidad para los violadores de derechos humanos durante la dictadura. Y en Colombia se abre toda una nueva agenda a partir del acuerdo de paz. A partir de ese diagnóstico, la CIDH entendió que era fundamental crear una unidad temática exclusiva para el área.
–¿Cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que el riesgo de retroceso en materia de memoria, verdad y justicia que vislumbran se concrete?
–No puede suceder. No se puede relativizar la idea de la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos, ni la necesidad de lucha contra la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Y tampoco se puede dejar de tener en cuenta las particularidades que estos crímenes, que representan la barbarie en su extremo, tienen en su dimensión jurídica. No se pueden utilizar las mismas categorías jurídicas para los crímenes comunes que para los de lesa humanidad.
–Es lo que hizo el fallo de la Corte Suprema argentina en el caso de Luis Muiña…
–Claro. Bueno, de alguna manera, las dos decisiones de la Corte Suprema argentina que antes mencioné empiezan a apuntar hacia esa posibilidad, lo que podría realmente representar una baja en los niveles de los estándares internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad. Porque si lo hace Argentina, que fue el país en el que todo el mundo se inspiró para llevar a toda la humanidad un mensaje de que no se puede olvidar, de que no se puede permitir que graves violaciones queden impunes, de que es posible realizar juicios, establecer las responsabilidades manteniendo la democracia, la estabilidad institucional en el marco de la justicia común del país, con todos los derechos respetados, ¿qué le queda al resto? El proceso de memoria, verdad y justicia argentino es un legado que a nosotros como latinoamericanos nos enorgullece porque estas conquistas argentinas fortalecieron y fortalecen las luchas de la sociedad civil en la región para obtener un nivel de reconocimiento respecto a los derechos a la verdad y a la memoria que otros países en el mundo recién están empezando a entender. El efecto simbólico de un retroceso en Argentina en materia de memoria, verdad y justicia sería drástico para la comunidad internacional de derechos humanos.
–En Argentina, uno de los argumentos que se usa para instalar la interrupción del proceso de memoria, verdad y justicia es la referencia a que son “derechos humanos del pasado”. ¿Es incompatible la revisión del pasado con la evaluación de la protección de los derechos en la actualidad?
–Esa es una premisa equivocada. Esta agenda, la de memoria, verdad y justicia, es la agenda del futuro. En el futuro debemos desestimular nuevas violaciones a los derechos humanos, y el mejor desestímulo es el ejemplo de la lucha contra la impunidad, de la debida responsabilización en lo que ocurrió en el pasado. A lo que esta agenda apunta es a la regla de oro de la democracia: la advertencia a los posibles violadores del futuro, a los posibles dictadores del futuro, que no violen derechos humanos porque en algún momento la historia va a encontrarse con ellos. Este mensaje es un mensaje civilizatorio, con contenido ético muy relevante. Estamos todo el tiempo hablando del futuro.
