María Eugenia Olivera, Cinthia Aranda y Vanessa Delgado vivían en departamentos del interior de Catamarca cuando fueron asesinadas. Las tres eran madres y dejaron a sus hijos e hijas solos. Los tres femicidios dejaron al descubierto que los dispositivos creados en la provincia siguen fallando. Es por eso que el lema de la marcha de este #8M será “La deuda es con nuestras vidas y nuestros territorios”.

En extensos documentos que difundieron ayer las organizaciones feministas detallaron las fallas que el Estado sigue mostrando en la contención de víctimas y sobrevivientes de violencias.

Las mujeres aseguraron que existe "inacción, falta de planificación y de políticas públicas transversales, según las condiciones y características de cada contexto/territorio". El femicidio Eugenia, quien fue asesinada por su ex pareja pese a haber radicado al menos 5 denuncias y de formar parte del programa Acompañar. Y el homicidio de Cinthia a manos de su ex marido policía, fueron citados como ejemplos. “La inacción del Estado es el denominador común en las denuncia de mujeres por violencia en el interior y en los barrios populares”, sostienen.

También se despacharon contra el Poder Judicial a quien catalogaron como “misógino, clasista y racista que niega el acceso a la Justicia a las mujeres y disidencias de toda la provincia profundizando esta situación en localidades del interior, que posee personal que no es idóneo, ni está capacitado (este accionar coloca a los violentos en posición ventajosa y a la justicia como aliado para profundizar y extender la violencia contra la mujer, muy lejos de combatirla) y en claro pacto con los violentos, retardan las causas, libera violentos y abusadores y revictimiza a las mujeres”.

En este contexto,  denunciaron a la Policía de Catamarca como eslabón necesario en la línea de violencia que sufren las mujeres, “por negarse a tomar las denuncias por violencia de género en el interior, violentando a las mujeres e infancias. Denunciamos que integrantes de la fuerza asesinan, violan y agreden con total impunidad por el pacto cómplice de las leyes procesales, los jefes y demás autoridades que permiten y avalan la violencia en las fuerzas de seguridad”, detallaron.

En cuanto a lo necesario para crear políticas públicas eficientes, evidenciaron que la provincia aún no maneja estadísticas de violencias

“El Estado es absolutamente incapaz de evitar que nos asesinen, nos violen, nos golpeen. Y, cuando todo esto pasa, pareciera que la única alternativa que nos queda es un punitivismo a ultranza, con juicios revictimizantes, dilatorios, con condenas de prisión que no se hacen efectivas”, señalaron.

En este contexto, ilustraron con la condena del sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, condenado el año pasado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una niña y quien a la fecha sigue en libertad. Mencionaron las dilaciones en las otras dos causas de curas imputados por abuso sexual a niños que aún no fueron resueltos. “La defensa de los curas abusadores Gutiérrez, Renato Rasguido y Moises Pachado por parte del Poder Judicial, el poder político muestra la relación carnal de la institución católica con el Estado, que entorpece las causas, que financia la defensa de los curas y que utiliza todo el poder político para garantizar la impunidad. Esta impunidad que no es otra cosa que una garantía, para que los aberrantes hechos sigan sucediendo en el silencio de los templos. Planteamos la separación de la Iglesia del Estado como base necesaria para conseguir justicia”, manifestaron.

También se refirieron al sostenimiento de los partidos políticos de funcionarios denunciados por abusos sexual como el concejal capitalino Daniel Zelaya y Franco Carletta, concejal de la localidad de Icaño.

Estructuras

Por otra parte, explicaron lo que viene sucediendo en cuanto a la implementación de áreas de la mujer. “Las políticas que se implementan desde el Ejecutivo no inciden en las situaciones de violencia. Se crean a nivel Nacional, en la provincia y municipios áreas de género que son estructuras vacías, sin planificación, ni diseños de políticas públicas acordes con la situación de emergencia que vivimos las mujeres y disidencias. No impactan en la violencia estructural, ya que no se destina presupuesto, las políticas no son sostenidas en el tiempo y en la mayoría de los casos solo son anuncios mediáticos, no hay capacitaciones para los operadores, ni perspectiva de derechos”.

En este contexto, piden “reales y serias políticas públicas para erradicar la violencia de género; planificadas y acordes a cada territorio, basadas en estadísticas, diálogo y articulación con las organizaciones de mujeres y feministas de base con presupuestos asignados. Una necesaria asignación presupuestaria para los dispositivos institucionales, la dotación de recursos materiales y el capital humano, profesionales calificados que garanticen una correcta atención de las víctimas. Como también la asistencia material a la víctima y sus familias, con vivienda, alimentos y lo que sea necesarios hasta que salga de su condición de vulnerabilidad”.

En cuanto a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aseguran que el Ministerio de Salud “no garantiza el acceso al derecho a todas las personas gestantes. De los 151 Centros de salud de toda la provincia, en sólo dos realizan la IVE. Sumado a ello, no hay campañas de comunicación y las personas no pueden acceder por desconocimiento o por las grandes distancias que nos alejan del derecho”.

Destacaron también que “Lo mismo sucede con la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, cuyo programa no se aplica en la provincia, por lo que las conductas misóginas, discriminatorias y violentas se siguen reproduciendo de manera natural en las conductas individuales y sociales”.

Denunciaron a su vez que tampoco se cumplió con la Ley de Cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. “Desde el Movimiento de Mujeres Músicas “Margaritas” se ha trabajado en la difusión de la ley pero aun así, los funcionarios han desconocido este derecho ganado”.

Perspectiva de género

Por su parte, desde el colectivo de periodistas catamarqueñas, Eulalias, emitieron otro documento en donde exigieron equidad, paridad sustantiva y capacitación en perspectiva de género en todos los medios de comunicación de la provincia.

“En Catamarca los medios de comunicación siguen invisibilizando a las mujeres y a las niñeces o las representan desde estereotipos de género, contribuyendo a la reafirmación de la desigualdad mediante la reproducción de un sistema de creencias y símbolos que nos ha desfavorecido históricamente”, dijeron.

Así expusieron que “el 90% de las voces en los medios pertenecen a varones. Si bien en algunos el porcentaje de planta de mujeres y disidencias supera al de los varones, esta paridad no es sustantiva. Los cargos jerárquicos, las columnas de opinión y las voces de los principales programas periodísticos están a cargo de ellos”.

“Elegimos este día para exigir a los medios de comunicación generar contenidos cuidados y responsables no sólo en las noticias sino también en la selección de música y humor. También exigimos eliminar el morbo de los delitos de violencia de género, abuso sexual y femicidios. Denunciamos que es un atentando contra los derechos humanos de todas la búsqueda de “clic” o “ventas” a través del amarillismo en la noticias en donde hay mujeres y niñeces como protagonistas”.

Marcha

La columna de mujeres partirá a las 18 desde Plaza 25 de Mayo. Pasará por los edificios judiciales, para luego ir hasta la Jefatura de Policía, el Obispado de Catamarca y concluir enel punto de partida. 

Esta previsto un escenario y espectáculo donde además se leer los documentos elaborados por cada organización.