El 27 de mayo de 2019, Alberto Fernández recibió en sus oficinas a representantes del Fondo Monetario Internacional. Se trató del director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el representante residente en Argentina, Trevor Alleyn. El candidato se encontraba acompañado por Cecilia Todesca y Santiago Cafiero.

Ante los funcionarios, Fernández, además de señalar su condición de candidato a Presidente, se definió como : “un abogado educado en una familia cuyo padre era un Juez de la Nación, que hace más de treinta años enseña derecho y que ha hecho un culto del respeto a las normas”. Desde ese lugar, les manifestó su profunda preocupación porque el crédito otorgado a la Argentina resultaba ilegal al violar lo dispuesto por artículo VI del acta constitutiva del FMI cuyo primer párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Al respecto indicó que entre junio de 2018 y mayo de 2019, Argentina recibió del FMI U$S 39.000 millones de los cuales hubo una fuga neta de capital de más de U$S 30.000 millones.

El 26 de agosto del mismo 2019, se reiteró la reunión en las oficinas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en la calle Sarmiento de CABA. Alberto Fernández, venía de un triunfo aplastante (por más de 15 puntos) sobre Macri en la Primarias PASO del 11 de agosto. Allí, acompañado por sus asesores, reiteró sus preocupaciones por la ilegalidad del préstamo acordado a Macri, así como de la fuga de capitales tolerada, la que en la ocasión cuantificó en más de U$S 36.000 millones.

Eduardo Barcesat, eminente constitucionalista de nuestro país, afirmó públicamente que el préstamo otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri, es insanablemente nulo (nota Aldo Battisaco CNLTV 18/1/2022). Profundas fundamentaciones avalan dicha afirmación, con las consecuencias que implican. Sólo a modo de muy apretada síntesis, cabe reproducir sus dichos en cuanto a que una “deuda” es un concepto jurídico. Como tal, “debe satisfacer tres requisitos, el primero es que debe emanar de una autoridad competente, el segundo es que debe haber un procedimiento adecuado, y finalmente debe tener un contenido razonable, compatible con el ordenamiento jurídico en su totalidad”. Recordó que Macri tomó la deuda violando el art. 75 inc. 4, 7 y 22 de la Constitución Nacional que determina de manera taxativa e indelegable, la intervención del Congreso de la Nación. La violación de esta normativa suprema, acarrea la insanable nulidad de esos actos.

En esa línea, el nuevo acuerdo en trámite, al refinanciar o renovar el anterior (nulo de nulidad absoluta), como señala Barcesat, viola el principio de supremacía constitucional de indiscutible arraigo en nuestro sistema legal. Asimismo, como recuerda el jurista, quienes participan de un acto nulo no pueden reclamarse entre si (Código Civil de la Nación). Esto es importante ya que el Fondo, fue autor y partícipe del acto nulo.

Ya como presidente, Alberto Fernández, al inaugurar la sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo de 2021, calificó ese préstamo como “la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra" (SIC).

Unos días después, el 12 de marzo de 2021, la Oficina Anticorrupción, a instancias del presidente Fernández, realizó la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 en la causa 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. Allí, Felix Crous denunció a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Andrés Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. Señalaba entre otras cosas respecto del empréstito del 20/6/2018 que los denunciados, "Ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, que en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado".

Pocas semanas después, el Presidente de la nación, el 8 de abril de 2021, instruyó al Procurador General del Tesoro (Decreto 239/2021) para que se constituya como parte querellante en representación del Estado en la causa mencionada.

En estos días, el Congreso de la Nación, a instancias del propio Presidente, tramita un proyecto de ley que reconoce y renueva un préstamo que el propio gobierno denunció como acto criminal. De hecho que los pagos que esta gestión continuó realizando al FMI implican un reconocimiento de legitimidad del fraudulento acuerdo de 2018.

Finalmente, Leopoldo Moreau en el fundamento de su voto negativo en la Cámara de Diputados, señaló que “…Estamos de cara a una decisión que afectará, no sólo el desenvolvimiento de éste y futuros gobiernos, sino las condiciones de desarrollo y de vida, de presentes y futuras generaciones de argentinos”. Ahí está la más clara y contundente explicación del amargo sabor en la boca de algunes legisladores.

Participar en la elaboración de las normas que regulan la vida de una comunidad, implica un espacio social de extraordinaria responsabilidad y trascendencia. Les diputades y senadores que levantan su mano para la sanción de una ley, deben tener siempre en sus bocas el agradable sabor de contribuir a mejorar la vida de sus mandantes, muy especialmente de los más vulnerables.