La Fundación Micaela García, “La Negra”, como la conocían a la joven de 21 años, será sede en Entre Ríos del Proyecto de Formación de Promotores y Promotoras Territoriales en Género, que acaba de lanzar la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y que ya está desarrollándose en las villas 21.24 y 31, de la ciudad de Buenos Aires. La idea es “federalizar” la iniciativa para formar unan red nacional de prevención primaria. Los contenidos específicos están a cargo de la Dirección General de Políticas de Género del organismo, que trabaja en conjunto con los ATAJOs del Ministerio Público para poder llegar a los barrios directamente. Se busca que cada promotor y promotora replique en su territorio la propuesta. La formación está dividida en módulos que trabajan sobre la construcción de los roles y estereotipos de género, las diferentes formas en las que se manifiesta la violencia, las características que presenta la violencia doméstica, en particular su modalidad cíclica. “El 9 de junio lo vamos a presentar en Gualeguay. Ya tenemos más de cien personas inscriptas, de distintas ciudades de la provincia y vamos a seleccionar a quienes van a participar en la primera capacitación, para que se conviertan en replicadores en cada lugar”, contó a PáginaI12 Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela. La joven, asesinada en abril, era militante del Movimiento Evita, y levantaba las banderas de Ni Una Menos. 

Forman parte de la Fundación, su mamá, Andrea Lescano, su abuela materna, Graciela Alves, y su hermano mayor, Ayrton, de 18 años. “La Fundación tiene por objeto tratar de lograr el sueño de Micaela que era trabajar por la igualdad en el sentido amplio, económica, de género, de la diversidad y la inclusión”, contó el papá, que es decano de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay en la UTN, y en su juventud militó en el Partido Intransigente. Ya empezaron con la recolección de ropa y comida para donar a los barrios Villa Mandarina y ex FAPU,  los últimos donde estuvo trabajando “La Negra”. La sede funciona en un local que abrieron en la calle Urquiza 219, de Concepción del Uruguay. 

–¿Por qué cree que Micaela se involucró en la militancia social?

–Nosotros en la familia hicimos algunas cosas, desde la elección para que fueran a una escuela pública cuando podríamos haber pagado una privada. Fue una elección para que nuestros hijos se rocen con una realidad que no se encuentra en otros espacios. 

Micaela empezó a militar en el Centro de Estudiantes de la escuela secundaria, el Nacional Justo José de Urquiza, el mismo donde estudiaron Roca, Frondizi y Rogelio Frigerio. Fue candidata a presidenta por una de las listas, pero perdió. “Muchos de los que participaron de esa elección de una lista y de la otra después se incorporaron al Movimiento Evita”, contó el papá. A poco de que fuera hallado el cuerpo sin vida de su hija, García conmovió con el mensaje que dio a la sociedad, cuando los medios lo rodearon con sus micrófonos, en medio de tanto dolor: “Más allá de lo que uno sienta, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por mano propia. Vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad más justa, como pretendía Micaela”. 

Hoy cree que “hay fallas en los tres poderes”, a la hora de enfrentar el problema de la violencia machista y los femicidios. “Hay leyes aprobadas que no han sido reglamentadas o sin presupuesto asignado. El problema no es que falten leyes. En la provincia hay una ley que crea un Patronato de Liberados que no tiene presupuesto. A la Procuración General de la Nación se lo están recortando igual que al Programa Nacional de Educación Sexual”, apuntó. Cuando se buscaba a su hija, se dio cuenta de que había “muchas cosas para cambiar”. “Si bien estamos muy agradecidos y muy conformes con el trabajo del fiscal que actuó y de la policía en la investigación, el sistema apuntaba a buscar pruebas y a los autores del hecho más que a Micaela. Toda la investigación recaía sobre el fiscal, que casi no durmió esa semana. Cuando hay una persona desaparecida, deberían trabajar en forma coordinada dos o tres fiscales, por ejemplo”, observó García. 

Para el padre de Micaela es fundamental, además, trabajar en la prevención, en generar conciencia en la gente, sobre el problema. Y otro déficit, a su entender, es la falta de un programa de patrocinio jurídico gratuito para los familiares de las víctimas. “La víctima si puede pagar, contrata a un abogado querellante, pero si no, está a la buena de Dios. Hay una Justicia para ricos y otra para pobres”, señaló García. Eso le pasó a la familia de Gisela López, una adolescente de 19 años, víctima de femicidio en la localidad entrerriana de Santa Elena, cuyo cadáver fue encontrado después de casi veinte días de haber desaparecido, justo un año atrás. “Es un caso muy parecido al de Micaela. Se hizo ahora el juicio y los tres imputados fueron absueltos. Es el tercer caso de femicidio en Santa Elena en diez años, todos casos similares. En ninguno se encontraron a los culpables. Ahí hay un sistema que no funciona. Hay impunidad para los femicidas”, denunció. La familia de Gisela, contó, tuvo un abogado querellante y después no lo pudo pagar más.