El gobernador Ricardo Quintela hizo público este martes, la solicitud del abogado Emilio Pagotto, de indultar a Juan José Cano, condenado a 8 años de prisión por asesinar a Diego Torres. 

“Recibí al equipo de abogados del señor Juan Cano, quienes me pusieron al tanto de su situación y me presentaron el pedido de indulto. Los escuché y estudiaremos, junto al equipo de asesores legales, este petitorio”, expresa la publicación del mandatario sobre una solicitud basada en sus facultades constitucionales. 

El artículo 12 de la Constitución Provincial de La Rioja en su inciso 8, establece que entre las atribuciones del Gobernador está la de conceder indultos y conmutar penas, previo informe del Tribunal Superior de Justicia, con excepción de las que recaigan con motivo de los delitos referidos a alzamiento para cambiar la Constitución o para deponer los órganos de Gobierno, y de los cometidos por funcionarios sometidos al procedimiento de Juicio Político.

En febrero de este año, Cano fue condenado por el delito de homicidio simple y violación de domicilio. Vivían en la mismo barrio con Diego Torres y lo mató luego de una discusión. Pagotto, abogado defensor de Cano, intentó probar durante el juicio que el hombre actuó en “legítima defensa” ante el hostigamiento permanente de Torres a su familia. 

El caso tuvo gran repercusión en los medios y en la opinión pública. Durante todo el proceso, desde la defensa se destacó el contexto que rodeó al hecho. Entre los puntos salientes, la defensa sostuvo que los hijos de Cano eran constantemente hostigados y amenazados por Torres y remarcó que en varias oportunidades denunció estos hechos ante la Policía, pero que sus denuncias fueron desoídas por la fuerza.

El letrado sostuvo en declaraciones periodísticas que “recurrió al pedido de indulto porque entienden que el juicio a Cano es un asunto que el Poder Judicial no pudo resolver, ya sea por un déficit en el modo de proponer la acusación por parte de los fiscales, o al momento de recolectar las pruebas. Distintas razones llevaron a una resolución que la defensa siempre ha considerado injusta”.

Sobre el fallo, interpuso un recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia revise técnicamente, si el fallo, que dictaron los jueces de cámara que dispuso la condena mínima de prisión con la pena mínima de 8 años de prisión, es correcto.