Un juez tucumano solicitó a la Legislatura provincial el desafuero del parlamentario Ricardo Bussi, denunciado por abuso sexual por parte de una joven colaboradora de su partido, Fuerza Republicana (FR). La solicitud, realizada en el marco del caso que comenzó en junio de 2020, con la denuncia de M.J.A., que actualmente tiene 26 años, podría ser tratada el jueves de la semana próxima, durante la sesión.

Por el caso, la joven realizó una presentación ante la ONU y la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el acompañamiento de Abofem Argentina y Actrices Argentinas, entre otras organizaciones.

El pedido de desafuero de Bussi fue solicitado por el juez Guillermo Matías Puig, a cargo del Juzgado de Instrucción Conclusional I. Según consta en la denuncia, M.J.A trabajó durante 2019 como colaboradora en algunas actividades de FR, que preside Bussi y luego supo que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre, en la que había un monto superior a los 500.000 pesos. Según explicó el abogado de la denunciante, Salvador Iovane, la joven intentó resolver esa situación por cuenta propia "pero no pudo”. Luego, "acudió al partido a informar la situación; trató con distintas personas y luego con Bussi, quien le indica coactivamente que cese con la intención de denunciar esa irregularidad y comete el abuso sexual como un acto de intimidación”.

La denuncia fue radicada en 2020, por lo que el expediente se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal, según el cual el legislador, debido a sus fueros, debe ser sometido a una “investigación jurisdiccional”, que “no podrá exceder de dos meses, bajo pena de caducidad”.

El abogado defensor de Bussi, Juan Colombres Garmendia, había solicitado que las actuaciones fueran archivadas, porque, según entendía, habían vencido los plazos del proceso. Sin embargo, el juez Puig no hizo lugar al archivo de la causa, por lo que la Legislatura tucumana deberá resolver si hace lugar al pedido del juez y le quita los fueros al líder de FR.

Este mes, M.J.A acudió ante la ONU y la CIDH con el acompañamiento de distintas organizaciones. La presentación del caso, detalló un comunicado de Abofem Argentina, se debió a “la falta de respuesta del Estado argentino. Esta denuncia muestra las garantías extra constitucionales que la legislación provincial le concede a Bussi y a otros abusadores del poder político".

La joven había radicado inicialmente la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. En agosto del año pasado, M.J.A viajó a Buenos Aires y se reunió con autoridades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Luego del encuentro, su abogado, Iovanne, explicó que el objetivo era “avanzar con el desafuero de Bussi” y lograr que se declarara “la inconstitucionalidad del proceso de Tucumán”, la única provincia “que requiere una investigación previa para comenzar una investigación”.

La inclusión del pedido de desafuero en el temario de la Legislatura aún no se confirmó.