Las inmobiliarias buscan derogar la Ley de Alquileres y avanzar sobre los derechos de los inquilinos. La Federación Inmobiliaria, la Cámara Inmobiliaria Argentina, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios y el Colegio de Corredores Porteños pretenden acortar el período de contrato de alquiler, aumentar sus comisiones y desregular los aumentos en monto y plazos.
Por otra parte, se oponen a regular los aumentos de renovación de contratos y al establecimiento de un impuesto a las viviendas vacías y terrenos baldíos. Según los representantes de las inmobiliarias, esas regulaciones sólo sirven para reducir la inversión en el sector de la construcción y mermar la oferta de viviendas en alquiler.
Si bien las regulaciones del contrato de locación podrían llevar a los propietarios a retirar la oferta de viviendas en alquiler, no queda claro porque lo haría un impuesto a la vivienda ociosa. Es más, ese tipo de imposición se ha establecido en diversos países del mundo justamente para evitar que los propietarios retiren las viviendas de la oferta de alquiler. La situación es crítica en nuestro país, ya que en las principales ciudades las viviendas ociosas superan en número a las familias con problemas habitacionales. Es decir, el problema de la vivienda no está asociado a la falta de construcción de casas o departamentos, sino a que una gran parte del stock de viviendas se encuentra deshabitado y no se ofrece en alquiler.
La causa de ese paradójico comportamiento es que la vivienda se convirtió en un activo de ahorro para sectores de elevado poder adquisitivo, que especulan con su valoración a fuerza del crecimiento demográfico. Para gran parte de esos propietarios, el alquiler no tiene un interés relevante frente a los costos administrativos y de gestión que implica. De ahí que se conformen con una renta menor pero sin esfuerzo de gestión, manteniendo las viviendas vacías a la espera de su valoración. Frente a una situación similar, muchos países europeos hace tributar las viviendas vacías y baldíos a quienes no invierten permitiendo el deterioro de las propiedades, llegando en algunos casos a expropiaciones o a un alquiler obligatorio gestionado por el Estado, tal como señalara el informe sobre “La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires” del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz ya en el año 2015.
La imposición sobre la vivienda ociosa y los baldíos no reduce los incentivos a invertir en la construcción. Por el contrario, fuerzan a los propietarios ociosos a desprenderse de ellas y dejarlas en manos de desarrolladores inmobiliarios que buscan la mayor rentabilidad posible. El negocio de la construcción no desaparece sino que se transforma, desde la inversión de departamentos de lujos deshabitados, hacia la construcción de viviendas familiares para el alquiler. La mayor oferta de alquileres facilita el acceso a la vivienda y desvaloriza las propiedades, facilitando la compra de quienes las habitan y el desarrollo de la construcción de la vivienda propia.
@AndresAsiain
