“Es la primera vez que pasa desde el regreso de la democracia”. Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional, asegura a Página/12 que no hay antecedentes de los hechos que sucedieron a fines de mayo en la provincia de Río Negro, donde fueron detenidos dos dirigentes sindicales tras una marcha contra la propuesta del Ejecutivo provincial, que el 24 de mayo pasado consiguió que la Legislatura autorizara al gobernador Alberto Weretilneck a emitir deuda por 600 millones de dólares.  

El paro y la movilización convocado por ATE aquella jornada culminó con una brutal represión, que dejó un saldo de más de 20 heridos, entre manifestantes y policías. 

Dos días después, la policía provincial detuvo en su domicilio a Capretti. Testigos del hecho aseguraron que la detención fue realizada por personal de civil, sin identificación. Los agentes tocaron el timbre, preguntaron si la camioneta blanca estacionada en la calle era del dirigente sindical, ya que la habían chocado, y una vez en la calle, Capretti fue apresado, “tirado al piso y golpeado”. 

La orden de captura había sido dictada por el fiscal Juan Pedro Puntel y promovida por el juez Juan Carlos Mussi. La misma directiva alcanzaba a Aguiar y a otros dos dirigentes, Miguel Ángel Báez y Ariel Edgardo Leguizamón. 

El 29 de mayo, acompañado por Godoy, Aguiar dio una conferencia de prensa antes de entregarse a la Justicia. Allí, el dirigente rionegrino dijo que temía por su vida y la seguridad de mi familia. "Hay una escalada de violencia en la Provincia”, denunció. También advirtió que no era la primera vez que había presos políticos en la provincia. “La Justicia está actuando influenciada y presionada por el Poder Ejecutivo. Por estas horas, en Río Negro, la división de poderes no existe y el debilitamiento de las instituciones es extremo”, apuntó.

Aguiar, que también había sido detenido en Viedma en febrero durante una visita del presidente Mauricio Macri,calificó de “escandalosa” la causa por la que está imputado. “No existe ningún tipo de prueba material y objetiva que pueda acreditar las imputaciones que se nos pretenden realizar, salvo algún falso testimonio de alguna autoridad pública. No hay una sola fotografía o filmación que pueda demostrar que cometimos algún delito. Por eso, en nuestro caso, irán mucho más allá, forzarán las normas vigentes y nos intentarán imputar algún tipo de responsabilidad de naturaleza no material”, concluyó. 

Tanto Aguiar como Capretti habían sido acusados originalmente de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daño agravado. Luego, el juez Mussi amplió la acusación a “coacción agravada” -que no es excarcelable-, hecho que Godoy consideró como “insólito”. “No hubo un solo legislador que denunciara que no pudo votar, o que haya dicho que se sintió coaccionado, y la ley salió igual aunque a nosotros no nos guste”, indicó.

Frente a esta situación, el sindicato de los estatales definió un plan de lucha que comenzará el miércoles 7 de junio, con varias movilizaciones en distintos puntos del país. Las más importantes serán en la Casa de Río Negro, en la Ciudad de Buenos Aires, y en Viedma, frente a la gobernación. “La situación es extremadamente grave”, advirtió Godoy.  

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Capurro, consideró como “ilegal” las detenciones y comparó la situación con el encarcelamiento de la dirigente jujeña, Milagro Sala. “Aguiar y Capretti tienen que ser sobreseídos y puestos en libertad de inmediato”, reclamó Capurro.

Sin embargo, Weretilneck parece convencido de profundizar el conflicto y volvió a cargar contra los dirigentes detenidos: “Estoy convencido de que quisieron matar a dos policías”.