Un 36 por ciento es la tasa de cesáreas en la provincia de Buenos Aires y 42 % la de episiotomías en personas “primíparas”, cifras elevadas para prácticas que, según la Organización Mundial de la Salud, deberían ser la excepción. Los datos fueron expuestos por la directora de Equidad de Género en Salud bonaerense, Sabrina Balaña, durante el décimo foro regional “Camino al parto respetado”, con referentxs de la Región Sanitaria VII, para trabajar los ejes de la implementación y la territorialización de la Ley Nacional 25.929, de Parto Humanizado, y del proyecto de creación de un Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado, que impulsa la diputada provincial por el Frente de Todxs, Mariana Larroque, a fin de erradicar la violencia obstétrica y repensar las lógicas y las prácticas del sistema de salud en cada territorio.

“Lo que planteamos con esta ley es que se cree una mesa intersectorial en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires -en la que se articule con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual-, con participación de diversos sectores, y que de esa mesa surjan los protocolos para todos los territorios”, señaló Larroque. En el encuentro encabezado por la coordinadora obstétrica de la Región Sanitaria VII, Mónica Crespo, se discutió la necesidad de trabajar la sobreintervención y subestimación de la persona gestante por parte de los equipos de salud, y asentar los foros como espacios de reflexión con los equipos de salud, las organizaciones que trabajan la temática y con funcionarixs locales, sobre los obstáculos para la aplicación de la Ley de Parto Respetado.

Conformada por los partidos de General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón y Tres de Febrero, la Región Sanitaria VII cuenta con seis hospitales provinciales, seis hospitales municipales, un hospital nacional, servicio de maternidad y centros de salud para los cuidados prenatales. “Debemos acompañar desde el deseo y generar las condiciones para que los derechos se cumplan, brindando información y minimizando las intervenciones innecesarias”, concluyó Balaña. “Intervenciones que creemos genuinas para evitar riesgos y complicaciones, pero que necesitamos pensar cuántas prácticas hacemos para evitar riesgos y cuántas para cuidar y acompañar las decisiones de esa persona.”