El Parlamento cubano apróbo este domingo, por unanimidad, un nuevo Código Penal que castiga la participación en "actividades subversivas" y mantiene la pena de muerte "con carácter excepcional".

La nueva normativa "tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo", señaló el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo al plenario.

"Además protege los intereses individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana", agregó Ferro.

El nuevo Código sustituye al de 1997 y complementa a la Constitución de 2019, junto a la Ley de Amparo de derechos constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, iniciada el viernes y que se extenderá hasta el lunes.

Entre sus aspectos novedosos están "su aplicación a infracciones y actos ilícitos que afectan el espectro radioeléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural", destacó la máxima autoridad del Tribunal Supremo.

Respecto a la participación en "actividades subversivas", se establecen penalizaciónes para "las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones"`.

Los días 11 y 12 de julio de 2021 miles de personas protagonizaron en 50 ciudades las mayores protestas contra el gobierno del Partido Comunista en 60 años, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.

En aquel entonces, el presidente Miguel Díaz-Canel aseveró que no iba a permitir a "ningún contrarrevolucionario, ningún mercenario, ningún vendido al gobierno de EE.UU" que se dejara llevar por "estrategias de subversión ideológica" para "desestabilizar" el país.

Responsabilidad penal y pena de muerte

El nuevo Código mantiene además la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad y contempla "múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18".

En el texto se introducen como nuevas sanciones la prisión domiciliaria y el trabajo comunitario y se suprimen las medidas de seguridad predelictiva, rechazadas por muchos sectores de la sociedad.

Finalmente, se sostiene la pena de muerte "con carácter excepcional" en 23 delitos, y la suprime en cuatro respecto al código anterior. La misma se pronunciar básicamente "en delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato", se especificó.