El director de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, Eduardo Jorge Martino, presentó ayer su renuncia tras una serie de hackeos que comprometieron material sensible del Ministerio de Seguridad y de causas en las que se investiga el crimen organizado. En el ministerio de Modernización –del que dependía funcionalmente el ex comisario Martino– aseguraron que no hubo relación con la filtración de documentos y que se trató de “una decisión personal”. No obstante, su renuncia llega luego de que fuera hackeada la cuenta de la ministra Patricia Bullrich, pero sobre todo las cuentas de correo electrónico de su ministerio por las que transita información confidencial de las investigaciones en curso de la Policía Federal. Parte de ese material llegó a estar posteado y abierto al acceso público en Internet. Como policía, Martino ya había sido apartado de la Federal por el kirchnerismo y de la Metropolitana por el macrismo. 

La primera faceta pública del hackeo se conoció en enero de este año cuando la cuenta oficial de Twitter de la ministra fue intervenida y se registraron una serie de tweets claramente burlones en los que la funcionaria anunciaba su renuncia y decía cosas como “Macri gato”. Esto se solucionó luego de un par de horas de bochorno público.

Pero el hackeo tuvo una segunda faceta que quedó oculta y que fue negada por el Gobierno en un principio: a través de la cuenta de correo de la ministra, a cuya contraseña accedieron mediante un correo apócrifo de la embajada de Bolivia, lograron ingresar a otras 30 cuentas del ministerio. Las más críticas serían [email protected] y [email protected]. 

En total, las cuentas habrían sido vulneradas no una, sino dos veces. El primer hackeo no se lo adjudicó nadie, aunque hay una persona supuestamente vinculada a ese hecho y detenida en otra causa por un presunto fraude con tarjetas de crédito. Además, hay otros tres procesados en la causa en la que se investiga la vulneración informática. Mientras esta persona estaba presa, el 2 de mayo se dio un segundo hackeo: se lo atribuyó un usuario de Reddit que se hace llamar “La Gorra Leaks”. Además, habría habido vulneraciones de cuentas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Hace algunas semanas se publicó parte del contenido que fue sustraído de los correos del Ministerio de Seguridad. Como detalló la periodista especializada en tecnología Irina Sternik en La Nación, se trataba de 40 megas de información, con 215 documentos, entre los cuales había audios de llamadas al 911 y documentos confidenciales como escuchas telefónicas, datos sobre movimiento de drogas en el Conurbano bonaerense, acciones ordenadas en causas por trata de personas, entre otros expedientes. Son documentos que provienen del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal. Es, en todos los casos, material confidencial. 

Luego de estos episodios –y mientras no está claro si esas cuentas pudieron resguardarse o siguen siendo objeto de hackeos– presentó su renuncia el director de Ciberseguridad, Eduardo Martino, un ex comisario de la Federal que había sido recontratado en 2009 por la Metropolitana como superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos. Se lo vinculaba a Jorge “Fino” Palacios, quien se encuentra procesado y camino al juicio oral por formar parte de una asociación ilícita para hacer escuchas ilegales –causa en la que también estuvo procesado el presidente Macri– y también es uno de los que está siendo juzgado por el encubrimiento del atentado a la AMIA. 

Cuando el actual secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, era el jefe civil de la Metropolitana, tuvo que apartar a Martino del cargo luego de una serie de cuestionamientos que recibió en la Legislatura por parte de Diego Kravetz, entonces legislador kirchnerista y hoy secretario de Seguridad de Lanús. Sucede que Martino en la Federal fue exonerado en 2004 durante una purga ordenada por el presidente Néstor Kirchner, en la que se separó a todos aquellos que tuvieran sumarios abiertos o causas judiciales. Cuando lo echó, Burzaco dijo en la Legislatura sobre ese y otros hombres de Palacios: “Si yo hubiera tenido que tomarlos, no lo habría hecho”. Como reconstruyó el entonces legislador Rafael Gentili –y publicó PáginaI12– Martino también fue director técnico de la empresa de seguridad Alesa S.A., de la que también era socio. Según la investigación de Gentili, renunció un tiempo antes de llegar a la Metropolitana, pero dejó como socias a María Florencia y Yamila Martino. 

Según comentaron a este diario fuentes cercanas al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, la salida de Martino “no tiene nada que ver con la filtración de documentos”. “Es una decisión personal, por un tema familiar. Se va a dedicar a la actividad privada”, indicaron.

En rigor, Martino había presentado su renuncia el 31 de mayo de este año y fue oficialmente aceptada ayer, en una resolución del Ministerio de Modernización en la que se le “agradece su destacada y valiosa colaboración brindada” desde el 4 de mayo de 2016. No se confirmó quién será su reemplazante. En el ministerio, señalaron que el nombre seguramente estará la semana próxima.