Luis Horacio Castillo intentó negarlo, pero parece no haber cosechado demasiada confianza: la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) informó esta mañana que desde allí se han tomado "las medidas legales y administrativas necesarias para impedir” que Castillo continúe desempeñando tareas en el Colegio San Diego, de Wilde, partido de Avellaneda, que fundó en 1979. El área a cargo de la educación bonaerense supo por un artículo publicado en este diario que Castillo cumple prisión preventiva acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield y El Infierno.

“Manifestamos nuestro más profundo repudio y preocupación por los hechos que han tomado estado público relativos a nuevas imputaciones por delitos de lesa humanidad” que involucran a Castillo, aseguraron desde la órbita que dirige Alberto Sileoni desde diciembre pasado a través de un comunicado emitido esta mañana. En rigor, las imputaciones ordenadas por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak que involucraron a Castillo, por primera vez, en violaciones a los derechos humanos en centros clandestinos del sur del conurbano –que funcionaron en las Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense en Banfield, Quilmes y Lanús– se conocieron a mediados de abril.

El colegio del represor Castillo

Castillo fundó junto a su esposa María Marta Sosa en el sótano de su casa, en Wilde, el colegio San Diego, en 1979. La institución creció a lo largo de más de 40 años hasta alcanzar los niveles inicial, primario y secundario y ostenta fama de “impartir rigor y disciplina”. De carrera policial, Castillo se retiró de la fuerza bonaerense en 1986 con el rango de comisario y mantuvo su pasado bastante oculto. Ex alumnes y trabajadores aseguraron que su presencia en la institución siempre fue “muy dura” y, aunque hubo ciertos rumores respecto de su vínculo con el terrorismo de Estado, nunca nadie se animó a denunciarlo públicamente.

Cuando la noticia de su procesamiento con prisión preventiva comenzó a circular en la comunidad escolar, Castillo emitió una carta pública “a las familias del Colegio San Diego” en la que negó su participación en secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niñes, entre otros delitos, cometidos en el Pozo de Banfield y en El infierno, que funcionó en Avellaneda, donde la brigada de Investigaciones de la bonaerense de Lanús tenía su sede. 

No obstante, Castillo fue reconocido por dos sobrevivientes como quien estuvo a cargo de detenides clandestines en El infierno. De su legajo se desprende que entre enero y marzo de 1977 prestó servicio en la División Delitos contra la propiedad de la Bonaerense, donde funcionó el Pozo de Banfield, y luego fue trasladado a Lanús.

En esa misiva, el comisario retirado también contó a la comunidad que desde diciembre pasado ya no “dirige” la institución –no aclara qué cargo ostentó hasta entonces–, cuyo control cedió a sus hijos. La Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense tampoco aclaró en el comunicado qué tipo de medidas tomó para impedir que el policía acusado de participar del genocidio de la última dictadura “continúe desempeñando tareas” ni qué tareas hallaron que desarrollaba. 

“Nuestra ley de Educación Nacional en su artículo 92 prescribe que la educación tiene la tarea de construir la ‘memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado’. En ese sentido, es nuestro compromiso y obligación continuar trabajando para construir una educación fundada en los valores del respeto a la diversidad y la pluralidad, por la defensa de la democracia y por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, apuntaron.

Repudio y pedidos de quita de subsidios

Además de celebrar las medidas dispuestas por el área a cargo de Sileoni, desde la secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda reclamaron “la posibilidad de que el gobierno bonaerense lleve adelante acciones para dejar de subsidiar a la institución que fundó y manejó un genocida durante casi 45 años”, apuntó Claudio Yacoy, a cargo del área desde 1999 y querellante en la causa en representación de un grupo de sobrevivientes y víctimas de El Infierno tanto en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad que sufrieron como en el juicio en curso.

“Vemos con suma precupación que la Justicia siga concediendo prisiones domiciliarias a represores. El lugar para un genocida es la cárcel”, consideró Yacoy, quien adelantó que se está evaluando presentar un proyecto ante el Concejo deliberante de Avellaneda para declarar a Castillo persona no grata. “Esta persona está procesada por ahora, pero para nosotros es suficiente los testimonios de las víctimas que lo sufrieron”, completó.

Además, Yacoy confirmó que los rumores sobre el pasado represor de Castillo llegaron a la Secretaría de Derechos Humanos que dirige “tiempo antes de que fuera procesado” por Kreplak. “Recién pudimos chequear la información cuando dimos con su legajo”, señaló.  La noticia sobre las medidas determinadas por el magistrado de La Plata que le determinó arresto domiciliario reforzó los corrillos que llegaron a este diario a través de una denuncia vía redes sociales de una ex alumna. Para entonces, la comunidad educativa estaba alborotada. Desde ayer, la página de Facebook del colegio San Diego no permite que nadie comente sus publicaciones.