“Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia…”.  Así comienza el Preámbulo de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

El pedido de avocamiento formulado a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se funda en la gravedad institucional y el severo compromiso al orden general económico, suscitado primero por la megaestafa perpetrada por Vicentin, y después por la tropelías, errores y horrores producidos, generados y tolerados en la farsa judicial llevada adelante en Reconquista hace ya más de dos años.

Un proceso concursal mal parido y peor desarrollado; con un agente judicial con título de Juez, Fabián Lorenzini, principal operador de Vicentin en estos dos largos años de trámite.

Ante tal cuadro de situación y habiendo Lorenzini adelantado que iba a aprobar la “propuesta” de la concursada; ante una propuesta amañada -como el mismo Juez en lo penal Foppiani la llamó hace dos semanas- la Corte comenzó el procedimiento de superintendencia jurisdiccional y se apresta a avocarse definitivamente al caso.

Esta aplicación de una de las facultades “implícitas” que tiene la Corte es la mejor salida, porque es la única salida ante el intento y la inminencia de perpetuar la estafa a través de la aprobación de una propuesta que contiene la inducción de conductas ilegales y que consagra la licuación del ya diezmado patrimonio de la concursada.

El derrotero procesal que ha comenzado a transitar la Corte implica la única posibilidad seria y cierta de “hacer Justicia”, de buscar con alguna chance de encontrar la forma de “dar a cada uno lo suyo” y no de que Vicentin se quede con todo lo que era de todos y de cada uno.

Se registran en 60 años de vigencia de la Constitución Provincial dos antecedentes de pedidos de avocamiento de la Corte; léase de per saltum. El primero fue durante los noventa: el Banco Integrado Departamental de la ciudad de Venado Tuerto había quebrado y el Banco Central ordenado su liquidación. Se planteó una cuestión de competencia por cuanto su directiva pretendió llevar el proceso falencial: la Corte acogió el pedido de avocamiento de un grupo de acreedores y zanjó la cuestión rápidamente en favor de la competencia santafesina. El segundo caso de pedido de avocamiento fue hace muy poco cuando se buscó que la Corte entendiera en la remoción de un funcionario de tercer orden: esta intentona más reciente no prosperó.

El remedio excepcionalísimo es reflejo y consecuencia de la situación excepcionalmente grave desde lo institucional y desde lo social. El más importante desfalco de la historia de la provincia y uno de los más importantes en la historia nacional. La mayor lesión a la entretela productiva y socioeconómica que se conoce; y la deshonrosa labor de quien dio por tierra con la augusta tarea de administrar justicia.

La chance de un “salvataje” de la empresa (esto es lo que se conoce como cramdown en la ley de concursos) hoy resulta impensable sin la participación del Estado Nacional y de los principales acreedores privados; de los productores, los acopiadores y los bancos. Es decir de todos aquellos que le entregaron el grano y el dinero a Vicentin, pero no de aquellos que buscan seguir beneficiándose con la expoliación de la concursada. No sirve si no están los privados y no alcanza si no está el Estado nacional.

La República Argentina puede tener injerencia principal en pocas actividades estratégicas a nivel mundial, una de ellas -sino la única- es la comercialización internacional de granos, lo que conlleva también el manejo de una cantidad apreciable de divisas y un posicionamiento en el concierto de las naciones. Pero esa injerencia a la vez implicará un control de uno de los mercados internos cruciales en cualquier sociedad, el mercado alimentario. No creo que ninguna de estas dos cuestiones pueda concretarse entregándole lo que queda de Vicentin a Viterra y a los que llevaron a Vicentin, a 1.700 acreedores y a cientos y cientos de asalariados al borde del precipicio.

El máximo tribunal de Justicia del Estado provincial, la cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, la Corte, en este caso deberá ser más justa y suprema que nunca.

*Abogado, representante de Commodities SA, acreedor de Vicentin que solicitó el avocamiento de la Corte.