Luego de más de tres años de trabajo, Comisión de la Verdad presentó este martes el informe final sobre los delitos cometidos durante 62 años de conflicto armado en Colombia. Y entre las recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir, se consideraron: una reforma política y electoral, la creación de un Ministerio de la Paz y Reconciliación, la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar, la modificación del funcionamiento de las fuerzas militares y policiales y terminar con la prohibición de drogas.

“Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad más allá de las posiciones políticas”, dijo el gestor de paz, Francisco de Roux.

Roux advirtió: "Hay todavía un conflicto de varios actores que pueden volver a tomar fuerza en otro periodo de confrontación total si no se dan pasos serios hacia la construcción de la paz grande”.

En el acto estuvo el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez. El actual presidente, Iván Duque -abucheado cuando se lo nombró- estaba invitado, pero no asistió porque participa de la cumbre de la OTAN.

Petro, que recibió una copia del informe, dijo que la verdad “tiene un sentido que no es el de la venganza, sino que es el del diálogo, el acuerdo, la convivencia y la reconciliación”. “Estas recomendaciones se volverán eficaces en la historia de Colombia para la no repetición del conflicto armado”, agregó.

Cuáles son las principales recomendaciones

Entre las sugerencias presentadas este martes por la Comisión para evitar que se repita un conflicto armado como el vivido en Colombia por más de seis décadas, están:

  • Reforma del régimen político y electoral para garantizar la representatividad de la diversidad regional, fortalecer la democracia interna de los partidos, regular su financiación, revisar y fortalecer el régimen de sanción a las colectividades y movimientos políticos, y dar independencia y capacidad a las autoridades electorales. 
  • La creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación.
  • Negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), activo desde 1964, para terminar con el conflicto y respeten los derechos humanos.
  • Una nueva política internacional basada en la superación del conflicto armado. Con especial  énfasis en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela.
  • Terminar con prohibición de las drogas para “avanzar hacia un régimen regulatorio”. El narcotráfico “se ha convertido en un actor político” en Colombia, contribuyendo a la persistencia del conflicto armado y permeando a la sociedad, la política, la economía y la cultura. 
  • Seguridad: se plantean medidas para transformar la doctrina militar en la que se ponga el cuidado de la vida como centro, se garanticen los derechos humanos y se cumpla el Derecho Internacional Humanitario. Se propone darle competencia a la Junta Disciplinaria Militar cuando ocurran hechos de gravedad en el desarrollo de operaciones militares.
  • En cuanto a las fuerzas de seguridad, se recomienda quitar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para avanzar en el “fortalecimiento de su carácter civil”.

Reformas en las fuerzas de seguridad

Por otro lado, la comisión pide que se determinen responsabilidades en las ejecuciones extrajudiciales, en crímenes cometidos por el exDepartamento Administrativo de Seguridad, que realizaba operaciones de inteligencia y contrainteligencia; los paramilitares e interceptaciones ilegales.

Por lo que se considera una reforma de las actividades de inteligencia y contrainteligencia militar para que tengan controles civiles e independientes del gobierno y  las fuerzas armadas.

También se sugiere eliminar de manera gradual la obligatoriedad del servicio milita, vigente desde 1886. Además de reducir el presupuesto militar y policial. Y que aquellos militares o policías con denuncias de violaciones a los derechos humanos, no deberían ser ascendidos.  

Se considera el uso de armas de fuego por parte de la población y se plantea revisar los requisitos para su uso y fortalecer los controles. Como también, cerrar los convenios entre militares y empresas privadas en zonas rurales. Y una discusión sobre el acuerdo de cooperación militar, en especial con Estados Unidos. 

Qué es la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad fue creada como parte del compromiso establecido por el Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010 -2018) y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.

Desde 2018, investiga los delitos de asesinato, secuestro, reclutamiento de niñez, violencia política, entre otros, cometidos en 62 años de conflicto armado en Colombia. La Comisión forma parte del Sistema Integral para la Paz, junto con la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante la investigación, se determinó que los crímenes de lesa humanidad no fueron actos aislados, sino que se trató de una práctica que se inscribe en un mismo patrón criminal.

Aunque la presentación de este martes se centró en el Capítulo Final sobre los hallazgos y las recomendaciones, en total el informe cuenta con 10 capítulos que abarcan los principales hitos del conflicto, el impacto territorial y en las comunidades, el exilio, las violaciones de los derechos humanos, el racismo y los ataques contra indígenas y raizales, la violencia basada en género, hacia niños y la población LGBTIQ+.

Por último, cuenta con un capítulo que recoge las entrevistas y testimonios de quienes pasaron voluntariamente por la JEP. Casi 30 mil personas víctimas del conflicto, exmiembros de la guerrilla, militares y civiles fueron entrevistados por la Comisión, que también recibió 1.195 informes de esclarecimiento elaborados por instituciones públicas, organizaciones sociales y colectivos de víctimas.

Frenar la impunidad

Francisco de Roux dijo que los integrantes de la comisión piden a “todos los estamentos sociales y políticos profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público”. A las “organizaciones armadas que no aceptan la legitimidad del Estado”, les piden que escuchen el “clamor del pueblo que pide parar la guerra ya, de todos lados”.

Además, a los “estamentos de la justicia” se le solicita “frenar la impunidad y garantizar la transparencia” en la investigación. Al Ejército se le pide que “ponga el honor en la paz, donde las medallas no sean por cadáveres, sino por personas vivas, culpables o inocentes para la justicia restaurativa”.

También hubo un mensaje para el Estado y los empresarios para que tomen las recomendaciones de la comisión para asegurar el “bienestar y vida digna de las personas y comunidades que han sido excluidas” por el conflicto.