La Legislatura porteña aprobó por unanimidad el traspaso a la Provincia de Buenos Aires de las 58 hectáreas en las que se encuentran las villas Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de de Marzo del Partido de La Matanza para avanzar con los procesos de urbanización de esos barrios. Las tierras pertenecían a la Ciudad desde hace más de 50 años, cuando la dictadura de Juan Carlos Onganía, en el marco del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), otorgó a habitantes porteños viviendas precarias y transitorias en esos lotes con la promesa de que luego accederían a soluciones definitivas. Las viviendas nunca llegaron y allí crecieron los asentamientos con familias que ahora tendrán la posibilidad de comenzar a escriturar sus terrenos. 

Los 52 legisladores y legisladoras presentes en la sesión de este jueves votaron favorablemente la ratificación del convenio firmado entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el Municipio de La Matanza y la Provincia, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Así, los terrenos pasaron de forma gratuita a ese organismo, lo que facilitará los trámites de escrituración de las familias en lotes que desde 1969 eran propiedad de la Ciudad y en los que hoy viven alrededor de 12 mil personas. Tanto Puerta de Hierro como San Petersburgo son oficialmente Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT), creados en 1967 bajo la dictadura de Onganía a través de la la Ley 17.605, que reglamentó el PEVE.

"En 1967 se crea la Comisión Municipal de la Vivienda como ente autárquico y se define lo que dieron en llamar como NHT, donde la dictadura prometía a la gente que luego irían a una vivienda definitiva", explicó durante la sesión la legisladora de Vamos Juntos, María Cecilia Ferrero, miembro informante del proyecto. Los terrenos en cuestión fueron transferidos de forma gratuita por el Estado nacional a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y "en 1969 se deja constancia que la comisión municipal se encuentra en posesión de las viviendas", según precisó Ferrero, que agregó que "Onganía promovió este engaño de llevar población de las villas de la ciudad a estos NHT". 

Desde entonces, y ante la promesa incumplida de la solución definitiva, esa población  como la que se fue sumando con los años continuó en viviendas precarias y sin poder escriturar los lotes, posibilidad que se abre con la cesión por parte del IVC, continuador jurídico de la ya inexistente Comisión de Vivienda. El convenio establece que la Provincia, a través del OPISU, iniciará el trámite de escrituración con dos años de plazo y de cara a la urbanización de los barrios con obras que ya están en marcha. "El convenio viene a saldar una situación de larga data heredada de la dictadura. Los 12 mil habitantes tendrán la posibilidad de contar con una integración socio urbana como corresponde y por fin tener una solución habitacional", dijo en este sentido el diputado Javier Andrade, que tomó la palabra por parte del Frente de Todos (FdT). 

El legislador aseguró que el PEVE tuvo el objetivo de "eliminar las villas de la ciudad, limpiar y arrasarlas con la palabra erradicación que suena tan fuerte porque, de forma autoritaria, no tiene en cuenta la situación de precariedad de la gente". "Vamos a acompañar con firmeza la aprobación del convenio, no sin tener en cuenta todas las situaciones que hoy se viven en barrios populares tanto de la ciudad como de la provincia y que hay mucho por hacer", agregó Andrade. 

A su turno Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, adelantó que también votarían a favor del proyecto "porque establece de manera taxativa que permitirá que los actuales ocupantes accedan a los títulos de propiedad". Sin embargo, consideró que "la situación terriblemente precaria de esos barrios no tiene que ver con que no se traspasaran las tierras, sino con que los gobiernos no hicieron lo que tendrían que haber hecho". El diputado advirtió que tras el "proceso de expulsión directa" de la dictadura, "las villas de la ciudad disminuyeron la cantidad de habitantes no por una política habitacional sino por la política de expulsión. Hoy se volvieron a recrear las grandes villas miseria, con aproximadamente unas 350 mil personas". 

Antes del cierre de la sesión, el FdT intentó tratar sobre tablas un proyecto de repudio a un ataque sufrido por trabajadores de "Soldati Conectada" en el marco del Programa Conectividad en Barrios Populares del Enacom. La semana pasada, denunciaron que integrantes del IVC los agredieron y les rompieron material mientras trabajaban desplegando fibra óptica en ese barrio. En el proyecto también se incluía un repudio a los ataques policiales a organizaciones sociales tanto en Jujuy como en la Ciudad, donde la Corriente Clasista y Combativa (CCC) sufrió allanamientos en su sede del barrio de Saavedra. Sin el acompañamiento del oficialismo, el proyecto no alcanzó los dos tercios necesarios para ser tratado.