El Consejo de la Magistratura volvió a postergar, en un plenario picante, la votación de la terna para los dos cargos en la Cámara Federal de Comodoro Py que todavía ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados allí a dedo por un mecanismo de traslado del gobierno de Mauricio Macri. La oposición bloquea la votación porque quiere poner sus propios jueces/zas pese a que el concurso está terminado desde diciembre, hay dos dictámenes listos, y un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2020 que dice que esos cargos no pueden ser permanentes. "Estoy orgulloso de ese fallo", sorprendió en la sesión el supremo Horacio Rosatti, titular del Consejo. Mientras una florida discusión copaba la escena en la enorme mesa del organismo, en el edificio de los tribunales de Retiro, el dúo Bruglia-Bertuzzi firmaba el sobreseimiento del expresidente Macri en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan junto con Mariano Llorens. Una pintura perfecta de cómo funciona la ingeniería del sistema judicial donde mandan la derecha, el antipopulismo y los poderes reales. 

La coincidencia de hechos es significativa y es un retroceso. La Cámara Federal ya viene sembrando la tendencia de validar el uso de tareas de espionaje desde el poder político: primero lo disfrazó de "cuentapropismo" de agentes menores, este viernes dijo que en el caso de los familiares del ARA San Juan se trataba de proteger al expresidente, y en una decisión adicional sostuvo que faltaban pruebas para involucrar a las exautoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por las actividades de inteligencia ilegal de las bases AMBA en la provincia de Buenos Aires, que vigilaban a organizaciones sociales, dirigentes y fuerzas políticas. La relación por demás estrecha entre juzgados y espías es uno de los pocos asuntos en los que pudo avanzar una reforma sobre los tribunales en estos años. He aquí, ahora, las señales de resistencia. El espionaje no es sólo un tema de interés de la política. En el Consejo, pese a la intención transformadora de ciertos consejeros/as, el viejo modelo aún se impone.

Quizá no sea tan casual que justo esta misma semana el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, con los votos de tres jueces ligados a Macri y a Horacio Rodríguez Larreta, le sacó al juez Andrés Gallardo la causa donde se investiga el uso de datos biométricos justo cuando recibió un peritaje que confirmaba el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial, otra vía para espiar. 

El debate

Rosatti conduce las sesiones del Consejo de la Magistratura con un mix de diplomacia e ironía. Al comienzo del plenario se aprobaron tres ternas de candidatos nada conflictivas: para el juzgado de Puerto Iguazú, para la Cámara Federal de Tucumán y para un tribunal en Santiago del Estero. De inmediato, el senador Martín Doñate (FdT) sacó el tema más caliente. Le recordó al supremo que él firmó el fallo sobre los traslados de Bruglia y Bertuzzi que, dijo la Corte, no pueden ser eternos y el Consejo debía acelerar los concursos. Ambos jueces pertenecían a tribunales orales pero en el gobierno de Macri, sin concurso ni acuerdo del Senado, se los llevó a la estratégica Cámara Federal, donde llegarían las causas en su contra y necesitaría salvataje, lo que acaba de quedar corroborado sin disimulo. 

"No hay justificación para la demora", advirtió Doñate. "Este concurso se hizo de manera impecable (...) No hay motivo para que se sigan postergando estos concursos que traen aparejada una grave polémica a partir del fallo que usted mismo firmó. Le solicito que instrumente todos los mecanismos desde su presidencia para que se arribe a un acuerdo. Que ese fallo que expresa diagnósticos sobre la situación del Poder Judicial no sea cartón pintado. Sabemos que hay dos jueces que han burlado los procedimientos constitucionales para estar allí", remarcó Doñate. Recordó --sin nombrarlo--  que Bertuzzi concursó para esta ocasión pero "ni siquiera ha estado entre los primeros 20".  

Rosatti devolvió enseguida: "Yo escribí de puño y letra ese fallo; si no hubiera salido hubiéramos tenido designaciones masivas sin realizar el procedimiento que la Constitución establece. Estoy muy orgulloso, lo sostengo y desde el primer minuto que vine acá estoy conforme y estas palabras pensaba decirlas al final: estoy conforme con que estemos encontrando un mecanismo de confianza para destrabar concursos". 

-- Acá todos hacemos política --reaccionó el senador Mariano Recalde (FdT), para señalar que es un mito que los jueces/zas o abogados/as actúan como técnicos. 

En esa línea, Recalde reflotó el fallo de la Corte que en diciembre declaró la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, que funcionó los últimos 15 años. Los supremos, dijo el senador, "debieron haberse excusado", actuaron como "juez y parte". "Nosotros no discutimos el fallo, lo acatamos, y nos pusimos a trabajar intensamente para integrar el Consejo". Luego planteó que "hay muchas vacantes sin cubrir y situaciones irregulares sin resolver. Como la de Bruglia y Bertuzzi, que fueron trasladados ilegalmente a la Cámara Federal y siguen ocupando esos lugares. La misma Corte dijo que no son los jueces naturales de esos tribunales. Otra vez la doble vara: el Consejo tenía que cambiar su conformación en 120 días a riesgo de paralizarse, pero esa Cámara sigue funcionando con dos jueces que no deberían estar ahí y ni siquiera se estableció un plazo para resolverlo". Entonces exhortó "a los más duros, los que parece que no quieren que se cubra esa vacante, a que lleguemos a acuerdos". 

Ternas en disputa

Cuando vio que el oficialismo ganaba protagonismo, se metió el diputado macrista Pablo Tonelli y provocó: "Quiero recordar que los jueces trasladados no son solamente Bruglia y Bertuzzi, sino muchos". Dijo que pidió varias veces que se llame al resto de los concursos de cargos cuestionados que, es cierto, son una decena.

Tonelli es uno de los que se niega, así, resolver el concurso para la Cámara. Lo curioso es que él mismo emitió un dictamen para que se vote, donde hizo escalar a Bertuzzi del puesto 21 al tercero. Por encima de Bertuzzi están el juez en lo penal económico Diego Amarante y el juez de un tribunal oral de San Martín Julio César Di Giorgio. Su otra terna está integrada por la coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Agustina Rodríguez, el juez de Tucumán Fernando Poviña y el juez en lo penal Económico Pablo Yadarola. El otro dictamen en la mesa es de Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo. Propone en la primera terna a Poviña, a la fiscala de Lomas de Zamora Cecilia Incardona (quien investigó el espionaje macrista que ahora Comodoro Py diluye) y el juez en lo penal económico Javier López Biscayart. Su segunda terna es: Rodríguez, el juez porteño Gonzalo Viña, y Di Giorgio. Ustarroz alertó: "Tenemos que cumplir el fallo y estamos en condiciones de hacerlo".  

En las antípodas, la abogada archimacrista Jimena de la Torre, exAFIP, aprovechó para llevar todo a un extremo y proponer hacer "caer el acto completo y que vuelva a la comisión". "Coincido con lo que plantea Tonelli. No tuve oportunidad de tratar ese concurso, pero me llamó la atención la irregularidad con la que se trató", disparó y desató perplejidad. Le retrucó la senadora oficialista Inés Pilatti de Vergara. "No hay ninguna presentación por irregularidades respecto al concurso" lo que no quita, aclaró, que haya otros traslados sin resolver, "pero ahora estamos hablando de los que recurrieron a la Corte". "Sigue habiendo un problema de voluntad de consenso político", regañó y le pidió a Rosatti sus "buenos oficios". 

La peronista Graciela Camaño vaticinó un brete en puerta: "Es cierto que encontramos diez traslados que no cumplían con el reglamento y la ley; también verificamos que algunos de los lugares desde donde habían sido trasladados los magistrados ya fueron concursados, estamos en un problema. Avanzamos con lo que se puede". "Tengo la suerte de no obedecer a ningún bando en el Consejo", se definió ante sus propios pares. 

Chispazos finales

Rosatti insistió en mirar en el vaso medio lleno: "Estamos avanzando en este tema".  

-- Gracias a la Corte rompimos la inercia de que no salga nada, hemos votado concursos, aunque algunos no sean del agrado de todos (...) Celebro que esta Corte esté en esta mesa porque logró lo que no pudimos hacer nosotros --elogió al supremo el abogado Diego Marías, cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Se le sumó Silvia Giacoppo (UCR). 

-- Uno tiene que cumplir lo que promete. En lo que a mí respecta era concluir con el carnaval de traslados. No puedo celebrar como dice Marías que ojalá tenga la suerte que yo no tuve, porque si aprobamos 3 por plenario llegaremos a cubrir los cargos en 25 años --refutó el camarista Alberto Lugones y destacó la necesidad de jueces/zas para juicios de lesa humanidad, trata, lavado de dinero y narcotráfico. Sobre este último punto, resaltó que la Justicia no solo tiene problemas en Rosario, donde estuvo la Corte.

De despedida la diputada radical Roxana Reyes chicaneó: "Si nos preocupamos por las vacantes preocupémonos por los 156 pliegos que (el Gobierno en 2020) retiró del Senado. Es una falta de respeto". Ustarroz replicó que "es habitual que eso suceda cuando cambia un gobierno" y que, aun así, varios fueron revisados, volvieron y se aprobaron. Como siempre, Rosatti se reservó el cierre, celebró el contrapunto con Recalde y habló de "generar confianza" y "voluntad política". Al ratito se conocían los fallos de Bruglia y Bertuzzi que, junto con Llorens, volvieron a avalar el espionaje,  instrumento ilegal que la derecha política y sectores judiciales no quieren resignar.